Luis Florido defiende unanimidad en Ley de Amnistía: artículo 15 la permitió
El diputado Luis Florido (grupo parlamentario Libertad) aseguró que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue reescrita casi por completo durante el trabajo en comisión y defendió que la unanimidad se logró por un mecanismo de seguimiento incluido en el artículo 15
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática comenzó a aplicarse con liberaciones y nuevos trámites ante tribunales, mientras familiares y organizaciones verifican excarcelaciones. El diputado Luis Florido (grupo parlamentario Libertad) aseguró que el texto final «dista años luz» del borrador original y defendió la unanimidad como resultado de una negociación con «válvulas de escape» para revisar casos no previstos.
En la edición de este lunes 23 de febrero del programa Noche D de TalCual, el periodista Víctor Amaya conversó con Florido sobre el proceso de elaboración de la norma, las tensiones dentro de la comisión especial y los puntos que consideró más difíciles de acordar con el bloque del PSUV, mayoría en la Asamblea Nacional.
Florido relató que la exposición de motivos se votó al inicio para «dar lugar a la discusión» ante la presión de familiares y víctimas, aunque admitió que el proyecto no circuló previamente entre todos los diputados y que la exposición no se leyó en plenaria. «La desesperación de la familia era tal que nosotros requeríamos un instrumento», dijo, y planteó que, si no estaban de acuerdo con aspectos del articulado, podrían «no votarlos» más adelante.
El parlamentario sostuvo que el texto original «fue modificado» en casi todo el articulado, con cambios que buscaban evitar adjetivos o fórmulas que, a su juicio, reflejaban «una costumbre en el relato oficialista de adjetivar todo». Como ejemplo, señaló que el primer artículo pasó de referirse a personas «procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos» a una redacción sin esa calificación.
El punto más tenso, según Florido, fue el que terminó siendo el artículo 7 (en el borrador aparecía con otra numeración), por la exigencia de que la persona estuviera «a derecho» o se «pusiera a derecho» para pedir el beneficio. Dijo que eso podía forzar a exiliados o perseguidos a regresar para exponerse a detenciones. Afirmó que el debate sobre ese apartado tomó «dos horas y media» dentro de la comisión y que el oficialismo se resistió a incorporar garantías.
Como salida, explicó que el texto final permite gestionar solicitudes a través de representantes. Florido detalló que quien esté fuera de Venezuela podría otorgar un «poder simple» (una autorización escrita con huellas y copia de cédula) para que un abogado solicite la amnistía ante el tribunal correspondiente, e insistió en que el solicitante debe tener «garantía de libertad» al iniciar el trámite.
Hechos «adjetivados» y la «válvula de escape» del artículo 15
Florido dijo que el artículo sobre los «hechos» amnistiables (artículo 8) fue «el más complejo» y que la bancada buscó que el texto no calificara los hechos, pero esa propuesta no prosperó. Aun así, aseguró que se ampliaron los supuestos respecto al primer borrador, al pasar de 10 a 13, aunque reconoció que varias propuestas adicionales no se incluyeron.
Ante la insistencia del conductor sobre por qué no hubo votos salvados pese a las críticas, Florido atribuyó la unanimidad a un mecanismo que, a su juicio, compensa lo no acordado: la ampliación de atribuciones de una comisión especial en el artículo 15. Lo describió como una «válvula de escape» que permitiría recomendar «medidas adicionales» y dar seguimiento al cumplimiento de la ley, en coordinación con órganos del sistema de justicia y con apoyo de expertos.
«El ocho está conectado con el 15», dijo, al insistir en que ese artículo abre la puerta para revisar casos o situaciones no previstas expresamente en el listado del artículo 8.
Denuncias por trabas en tribunales y el caso de periodistas
Durante el programa se mencionó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa acompañó a periodistas a consignar recaudos y denunció que no se estaban recibiendo documentos. Florido afirmó que ese caso sería planteado ante la comisión, y sostuvo que si tribunales «desconocen la ley» deben ser observados por la instancia parlamentaria y aplicarse «las sanciones» previstas en la norma.
También refirió que la ley es de «orden público», por lo que, señaló, los tribunales podrían actuar «de oficio», algo que vinculó con liberaciones registradas en los últimos días.
En la transmisión se mencionó un correo divulgado por el diputado Jorge Arreaza para canalizar solicitudes y dudas: [email protected]. Florido añadió otro contacto del grupo parlamentario Libertad: [email protected].
Borrado de antecedentes y preocupación por denuncias de tortura
Amaya planteó una preocupación de activistas: al ordenar borrar antecedentes y registros, se podrían perder rastros útiles para futuras investigaciones sobre malos tratos o torturas. Florido respondió citando que la ley excluye «violaciones graves a los derechos humanos» y señaló que eventuales denuncias contra funcionarios seguirían un «procedimiento distinto», aunque admitió que, en su experiencia, esas agresiones «por lo general» no quedan registradas en expedientes.
Florido coincidió con comentarios del público sobre la falta de autonomía judicial y apuntó a una reforma del sistema de justicia. Dijo que en la Comisión de Política Interior se prevé un nuevo Código Orgánico Procesal Penal y que deben abordarse cambios en «las cabezas de los poderes públicos». También defendió que los acuerdos alcanzados reflejan «un parlamento vivo» y sostuvo que la agenda parlamentaria la llevan los sectores que hoy tienen la mayoría.
Sobre un eventual cronograma electoral, dijo que debe ser «en el menor tiempo posible» pero con «paciencia estratégica» para reformar instituciones. Añadió que, a su juicio, en unas elecciones deben participar «todos» los actores políticos.
En el cierre, Florido insistió en que la «convivencia democrática es un trabajo de todos» y pidió que las críticas se mantengan, pero orientadas a construir.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
