Eloísa Quintero (Misión ONU): Metodología de torturas en Venezuela se ha hecho «más atroz»
La integrante de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, María Eloisa Quintero, afirma que, pese a los cambios tras el 3 de enero, las prácticas represivas mantienen su continuidad
María Eloísa Quintero, integrante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, sostiene que los cambios posteriores al 3 de enero no han roto el aparato represivo. «Desde el punto de vista sustantivo hay una continuidad de las prácticas», dijo en entrevista con Noche D, de TalCual, tras la presentación del nuevo informe de la Misión.
El documento, que abarca de septiembre de 2025 a finales de agosto de 2026, registra 53 casos de tortura, 37 de ellos ocurridos en ese periodo. Según Quintero, la cifra creció porque más personas se animan a hablar o han sido excarceladas, pero el patrón empeoró: «La metodología incluso es más atroz». En cambio, la represión visible, como el ataque a manifestaciones o el patrullaje de colectivos, ha mermado. Lo atribuye a la «quietud» que genera la incertidumbre del momento, no a una transformación de fondo.
La Misión identificó once instituciones señaladas de forma recurrente en las violaciones, entre ellas la Guardia Nacional, la DGCIM, el Sebin y la Policía Nacional Bolivariana. Para desmantelar el aparato, explicó, no basta con cambiar las cúpulas: también hay que llegar a los mandos medios y hacer funcionar la justicia.
El informe incluye además una lista de funcionarios sobre los que hay elementos para considerarlos «presumiblemente perpetradores», varios de ellos aún en cargos públicos, como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Gustavo González López y Tarek William Saab. Quintero precisó que la Misión investiga, pero no juzga: «Eso lo tienen que hacer las autoridades».
Sobre los colectivos afirmó que no se trata de casos aislados o grupos que actúan por su cuenta. La investigación documentó que el Estado les suministra financiamiento, vehículos, entrenamiento y armas de uso exclusivo oficial, tolera su participación en economías ilícitas y les garantiza impunidad. También les ha delegado funciones en servicios públicos y programas sociales.
Tampoco ve cambios de fondo en los centros de reclusión. Las denuncias que antes se concentraban en El Helicoide ahora se repiten en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, con las mismas modalidades de tortura. «Ahí se cae la tesis de que son casos aislados», afirmó.
Quintero reconoció avances puntuales, como la apertura de la Fiscalía y la Defensoría a recibir denuncias, pero los calificó de mínimos y «volátiles». Reclamó transparencia en las excarcelaciones por la ley de amnistía, con listados públicos y criterios de selección. Y recordó que la Misión sigue sin respuesta a sus solicitudes para entrar al país: «El ingreso tiene un significado y la negativa del ingreso tiene otro».
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