El error fatal de Trump en la ONU, por Jipson Briceño Domínguez
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La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas no fue un debate diplomático convencional. Aquella sala, diseñada por tres grandes arquitectos del Movimiento Moderno –Le Corbusier, Oscar Niemeyer y Wallace Harrison–, donde se sientan mandatarios de todas las nacionalidades, fue el escenario de una confesión geopolítica: la de un presidente que, desde la tribuna multilateral, describió un acuerdo energético no como cooperación entre Estados, sino como el reparto del botín tras una guerra sin resistencia.
Donald Trump lo dijo, en esencia, con la contundencia de quien no teme las consecuencias: al vencedor le corresponden los despojos. Y con esa frase, más que una arrogancia desafiante, dejó al descubierto el ardid de un acuerdo que otorga control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas.
La escena tuvo dos dispares protagonistas. Trump, que habló con la actitud de quien saborea una victoria. Delcy Rodríguez, adosada a una butaca que parecía envolverla, como con ganas de consumirse en ella, escuchó en silencio y horas después agradeció la «disposición al diálogo» del declarante inconsciente.
Entre ambos, una delegación venezolana que no ejerció la diplomacia que estos encuentros suponen, sino sumisión. Y un testigo incómodo y reflexivo: Lula da Silva, que resumió la situación con una frase lapidaria que vale más que muchos análisis: «En Venezuela mandan los Estados Unidos».
Para justificar la apropiación, Trump invocó una guerra que los hechos desmienten. Según la narrativa oficial y coberturas de prensa, la operación del 3 de enero en las instalaciones del Fuerte Tiuna, en Caracas, la deposición y el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, se ejecutó sin resistencia institucional ni militar efectiva.
No hubo combate ni defensa del territorio tomado; la guerra entre potencias que Trump invocó en la ONU no existió. Fue una incursión de precisión que guillotinó al Ejecutivo y dejó a la estructura remanente en total indefensión, a la espera de una rendición que ahora se disfraza de colaboración bajo el mantra de «Estabilización, Recuperación y Transición», reeditando el fallido esquema de «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres» que el tiempo se tragó.
Llamar «guerra» a eso es un eufemismo. Invocar el «derecho del vencedor» en un escenario donde no hubo batalla revela que la guerra no fue un hecho, sino un argumento conveniente: la explicación necesaria para legitimar la apropiación de los recursos energéticos.
La flota militar en el Caribe, las sanciones económicas y el procesamiento de Maduro en Brooklyn no son pruebas de una contienda: son el andamiaje de fuerza que hizo posible el acuerdo. Y Trump, con su ligereza, confesó en la ONU los vericuetos de cómo lo obtuvo.
La coacción en el derecho internacional siempre ha sido un terreno pantanoso, difícil de probar. La amenaza suele ocurrir en espacios cerrados, sin testigos ni registros que puedan auditarse. Casos históricos como el de Emil Hácha en 1939 o el protectorado japonés sobre Corea en 1905 exigieron años de reconstrucción para demostrar el vicio de consentimiento.
Aquí, tras las revelaciones de su principal protagonista, esa búsqueda es innecesaria. Trump lo explicitó ante la asamblea, con Delcy Rodríguez en la sala, Lula de testigo y el ecosistema digital viralizando la escena. Fue el propio coaccionante quien desnudó la lógica del botín, eximiendo a Venezuela –con Delcy o con quien venga– de cualquier carga probatoria futura bajo el viejo aforismo de que a confesión de parte, relevo de pruebas.
Esa postura intimidatoria del presidente estadounidense lleva implícito el germen de un error fatal: la sobrestimación de su propio alcance. La coacción sigue operando con la flota en el Caribe, las sanciones vigentes y Maduro cautivo entre los cementos y acero fríos de Brooklyn –muros que inevitablemente evocan el Helicoide–.
Mientras tanto, una mesa de negociación paritaria, nombrada por Washington y encabezada por un funcionario representado en Dinorah Figuera como parte del mismo esquema, funciona como la estructura de fuerza activa encargada de convalidar las decisiones, exhibiendo una legitimidad que no tienen.
Trump no es Reagan, ni Bush, tampoco Obama. Carece de la comunicación del primero, del peso petrolero del tejano o del magnetismo digital del último. Tampoco posee la estrategia de Clinton o la prudencia calculada que incluso Nixon, a pesar del escándalo, mantenía en los foros internacionales; todos ellos probados en complejas crisis que reclamaban la templanza y firmeza de un estadista.
El mandatario actual no viene de esa escuela; no tiene esa formación forjada en las universidades de la política que enseñan más que Harvard, aunque hayas pasado por allí. Habla con la ligereza de quien se cree por encima de las tradiciones diplomáticas que exigen mesura.
Ninguno de sus predecesores habría cometido un desliz de las consecuencias que hoy deben estar analizando los verdaderos expertos en Manhattan, los analistas financieros de crisis y los inversionistas que huyen de la incertidumbre.
Esa falta de tacto tiene un costo real. Su discurso pasa a ser de dominio público, carne de cañón para el algoritmo y los arquitectos del mundo digital. No es solo viralidad: es segmentación. El algoritmo no olvida; archiva, etiqueta y reordena. Convierte la imprudencia en expediente y el expediente en precedente.
Abre además una brecha para que corporaciones y bufetes internacionales evalúen si los contratos firmados bajo esta lógica son jurídicamente sostenibles a largo plazo. Alerta a los inversionistas sobre la viabilidad de un acuerdo cuyo talón de Aquiles quedó expuesto por la imprudencia: los 65.000 millones de barriles señalados como recompensa provienen de una guerra inexistente y de una firma estampada sin libertad de elección.
Cuando la fuerza anula la voluntad, no hay contrato defectuoso; hay, llanamente, ausencia de consentimiento. El acuerdo no fue un acto soberano, sino la formalización de una rendición económica impuesta.
A corto plazo, el ejecutor de la fuerza retiene el control de los despojos. Sin embargo, la estructura carece de los arbotantes necesarios para soportar el peso de una confesión que el tiempo no va a borrar.
Es ese mismo tiempo el que suele sonreírle a los expertos en resistencia; a un chavismo que ha visto pasar mandatarios por la Casa Blanca mientras juega al desgaste. A Trump le quedan alcabalas inmediatas: en noviembre paga el peaje electoral y en 2028 se marcha, condicionado por la edad y sus propios cuestionamientos.
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El populismo tiene fecha de caducidad. A diferencia de otros populismos tercermundistas que se mantienen en lo indefinido, para Trump la Constitución sí es un contrapeso real y aplicable.
Mientras tanto, el resto de los actores políticos miran el juego desde los balcones del aturquesado Ávila. Las elecciones anunciadas por Delcy Rodríguez bajo la mirada inquisidora de Washington abren una rendija en el tablero local.
Los partidos saldrán a buscar el oxígeno que proveen los espacios regionales y municipales, entendiendo que la presidencia ya no es la única ficha en disputa. En ese escenario, María Corina Machado podrá competir sin el peso de las coacciones externas, capitalizando un apoyo popular visible que le permitiría soltar los amarres que frenan su estrategia.
El tablero se reconfigura y, con las cartas sobre la mesa, el juego real apenas comienza, pero «El Cumanés» está repartiendo y, con él, la sorpresa de un macuare nunca se descarta.
Jipson Briceño Domínguez es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Magister Scientiarum en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo
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