Miguel Ángel Santos alerta riesgo de otro saqueo con reestructuración de deuda
El economista venezolano Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y colaborador de la Escuela de Gobierno de Harvard, advirtió que la reestructuración de la deuda externa de Venezuela corre el riesgo de convertirse en una nueva pérdida de patrimonio para el país si no se conduce con legitimidad, transparencia y el respaldo de organismos multilaterales. La firma Centerview, contratada para asesorar el proceso, maneja una cifra de 250.000 millones de dólares, muy por encima de los 170.000 u 180.000 millones que el propio Santos había calculado hasta ahora.
Esa diferencia, según explicó en entrevista con Víctor Amaya en el programa Noche D de TalCual, equivale al tamaño completo de la economía venezolana actual, que estimó entre 80.000 y 90.000 millones de dólares. «Venezuela debe más de dos veces y media el tamaño de su economía. Ningún inversionista va a llegar a un país con ese nivel de deuda», dijo. Según su explicación, ningún capital entrará al país mientras el destino previsible de esos recursos sea pagarles a los acreedores heredados de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Ante ello, advirtió que una reestructuración de la deuda venezolana sin legitimidad, transparencia ni acompañamiento multilateral puede traducirse en una nueva pérdida patrimonial para la República. Sostuvo que el país necesita renegociar sus obligaciones para atraer inversión, pero alertó sobre las condiciones en las que ese proceso pueda desarrollarse.
La reestructuración de la deuda externa venezolana es, para Miguel Ángel Santos, uno de los pilares de cualquier plan de recuperación económica. El problema, señaló, está en quién conduce ese proceso, bajo qué reglas y con qué nivel de transparencia. Explicó que la deuda venezolana es particularmente compleja porque incluye bonos, obligaciones con compañías petroleras, compromisos bilaterales con China y Rusia, deudas con proveedores y socios, además de indemnizaciones derivadas de expropiaciones.
Santos insistió en que la renegociación debe implicar una «quita»: un acuerdo por el cual los acreedores acepten recibir menos del valor nominal de sus títulos. El objetivo, dijo, debería ser llevar la relación entre deuda y tamaño de la economía hacia niveles comparables con otros países de América Latina. Pero advirtió que las condiciones en las que se desarrolle esa negociación serán determinantes.
Tres condiciones para esa deuda
Santos enumeró tres elementos que considera esenciales para proteger los intereses de la República. El primero es que la negociación sea conducida por una administración con legitimidad y con un horizonte suficiente para completar un proceso que, recordó, suele ser largo.
El segundo es contar con el acompañamiento de organismos multilaterales, en particular del Fondo Monetario Internacional (FMI), que puede aportar respaldo técnico y servir como garante dentro de una negociación con acreedores. El tercero es seleccionar mediante un proceso abierto y transparente a las firmas financieras y equipos legales encargados de asesorar al país.
Santos también alertó sobre posibles conflictos de interés si personas vinculadas a tenedores de bonos participan al mismo tiempo en recomendaciones sobre el proceso venezolano. Su preocupación se extiende al valor al que eventualmente se reconozca la deuda. Explicó que algunos fondos pudieron adquirir títulos venezolanos a precios muy inferiores a su valor nominal y que una reestructuración que aparentemente implique un descuento importante podría, aun así, otorgarles ganancias significativas.
«Para la República puede ser una nueva pérdida de patrimonio impresionante», señaló al comparar ese escenario con una negociación acompañada por organismos multilaterales y ejecutada con mayores controles.
Un rebote desde muy abajo
La deuda forma parte de una advertencia más amplia que Santos hizo durante la entrevista: Venezuela puede registrar mejoras parciales sin alcanzar una recuperación económica significativa. El economista aplicó esa misma lectura al sector petrolero. Consideró que el aumento reciente de actividad responde principalmente a un mayor aprovechamiento de capacidad instalada y no a una expansión sustancial de la industria.
Santos señaló que la falta de exploración, junto con problemas de electricidad, agua, carreteras, puertos y estabilidad institucional, limita la posibilidad de atraer inversiones de gran escala y elevar la producción de manera sostenida. También puso en duda que un aumento de los ingresos petroleros se traduzca automáticamente en bienestar para la población. Para ello, dijo, sería necesario conocer cuánto dinero ingresa efectivamente a la administración venezolana y cómo se distribuye.
Su conclusión fue que la economía puede crecer desde los niveles actuales, pero ese crecimiento parte de una base profundamente reducida.
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