Hernández: Sin reconocimiento del Reino Unido a Delcy Rodríguez no hay acceso al oro
El abogado José Ignacio Hernández afirmó que la Asamblea Nacional de 2015 perdió desde 2023 cualquier poder legal sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, aunque conserva un rol político. El constitucionalista describió un mecanismo de «tres llaves» —legal, democrática y de seguridad jurídica— que debe activarse de forma coordinada para que el Banco Central de Venezuela recupere el acceso a esos activos
El acuerdo político anunciado el 12 de agosto entre el Ejecutivo nacional (encabezado por Delcy Rodríguez) y la delegación de la AN2015, que incluye entre sus puntos la promoción de la recuperación de las reservas internacionales venezolanas en el Banco de Inglaterra, no era jurídicamente necesario, según el abogado José Ignacio Hernández. Sin embargo, el experto en derecho constitucional y administrativo consideró que ese entendimiento sí resultaba indispensable desde el punto de vista diplomático para allanar el respaldo del gobierno del Reino Unido.
«El acuerdo anunciado no era necesario desde un punto de vista estrictamente legal, pero sin duda sí es necesario desde un punto de vista diplomático», dijo Hernández en entrevista con Noche D, programa conducido por Víctor Amaya.
Hernández, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y fellow del Growth Lab de la Harvard Kennedy School, explicó que el reconocimiento que el gobierno de Donald Trump ha dado a las autoridades interinas venezolanas solo tiene efectos dentro de Estados Unidos y no incide de forma directa en la política exterior británica. Por eso, dijo, la primera barrera legal para que el Banco Central de Venezuela acceda a sus depósitos es que el Reino Unido reconozca a esas autoridades interinas como gobierno de Venezuela, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Un litigio de siete años y un cargo que desapareció
El problema, recordó Hernández, se remonta a 2018, cuando el Banco de Inglaterra decidió no darle curso a una solicitud del Banco Central de Venezuela para retirar los depósitos de oro, invocando políticas de prevención de legitimación de capitales. Según precisó, no se trató de un asunto vinculado a sanciones o al bloqueo, sino de una decisión autónoma de la entidad británica.
En febrero de 2019, el gobierno del Reino Unido reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional de 2015 como presidente encargado de Venezuela, lo que abrió un litigio judicial de dos etapas y cinco sentencias en el que finalmente se negó a la administración de Nicolás Maduro la legitimidad para representar al Banco Central ante la banca británica.
Ese escenario cambió, según Hernández, cuando la AN2015 reformó a finales de 2022 e inicios de 2023 el Estatuto que rige la transición y eliminó la figura del presidente encargado. Esa decisión llevó a los tribunales británicos a declarar que ya no reconocían a nadie en ese cargo, simplemente porque dejó de existir. «Desde el año 2023, la Asamblea Nacional de 2015 no tiene ningún poder legal de acción sobre el oro depositado en el Banco de Inglaterra», afirmó el abogado, quien precisó que el papel que le queda a ese parlamento es «estrictamente» político y diplomático: contribuir a convencer al gobierno británico de extender ese reconocimiento a Delcy Rodríguez.
Las tres llaves que deben coordinarse
Hernández comparó el proceso con una bóveda que requiere tres llaves simultáneas. La primera es la legitimidad legal, que solo tienen Delcy Rodríguez y el Banco Central de Venezuela por ser las autoridades presentes en el terreno. La segunda es la legitimidad democrática, que —dijo— recae en la AN2015 en su condición de, según la ha calificado el propio gobierno de Trump, última autoridad electa democráticamente en el país. La tercera es la seguridad jurídica de la operación frente a organismos de prevención de lavado de dinero, llave que, según el abogado, solo puede aportar el gobierno de Estados Unidos.
Hernández atribuyó a Washington tres funciones concretas: respaldar diplomáticamente el reconocimiento británico a las autoridades interinas; servir de garante ante el Banco de Inglaterra de que los recursos no serán desviados; y proteger el producto de una eventual venta del oro frente a los acreedores de la deuda pública externa venezolana, que dijo ronda los 180.000 millones de dólares frente a un activo en oro valorado en unos 4.000 millones. «Estados Unidos tiene la llave maestra», resumió.
El abogado consideró además que una reorganización completa del directorio del Banco Central de Venezuela facilitaría el proceso, tanto ante el Banco de Inglaterra como ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recordó que el organismo censuró a Venezuela en 2018 por no suministrar información macroeconómica veraz y oportuna, censura que sigue vigente y que impide al país usar unos 4.000 millones de dólares en derechos especiales de giro ya emitidos, pese a que Venezuela cuenta con un gobernador ante el FMI desde abril.
Más allá del oro en Londres
Más allá del oro, Hernández mencionó unos 120 millones de dólares depositados en un tribunal de Londres derivados de un swap de oro firmado con Deutsche Bank, que —dijo— se encuentran en una situación similar de espera. También señaló que existen cuentas venezolanas restringidas en otros países, pero aclaró que, salvo en Estados Unidos, no se trata de bloqueos por sanciones, sino de medidas judiciales u órdenes de tribunales y organismos que impiden a la administración de Nicolás Maduro disponer de esos fondos.
¿De quién es el oro y para qué se puede usar?
Hernández insistió en que el propietario legal de las reservas es el Banco Central de Venezuela, no la República ni ninguna de las asambleas nacionales en disputa, y que la ley solo permite usarlas para las funciones propias del ente emisor. Advirtió que, si el Banco Central prestara esos fondos al Ejecutivo para fines como vivienda o gasto social, comprometería la inmunidad de la que gozan esos activos frente a demandas de acreedores.
Sobre las posibles operaciones con las más de 30 toneladas de oro represadas, el abogado se inclinó por la venta antes que por un swap o garantía colateral para pedir créditos, dado que consideró poco viable que algún país, banco o empresa acepte prestarle dinero a un Banco Central cuyo respaldo es un país con una deuda externa de 180.000 millones de dólares.
Hernández también dio su opinión legal sobre el destino del dinero de una eventual venta: consideró que esa operación entraría dentro del ámbito de la Orden Ejecutiva 14373, firmada por Trump el 9 de enero de 2026, que ordena que todo pago al gobierno venezolano derivado de la venta de recursos naturales sea depositado en cuentas bajo control del Departamento del Tesoro estadounidense.
El nudo constitucional detrás de la mesa de diálogo
Hernández también fue consultado sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se tramita a través de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez. El abogado planteó una contradicción: si el propio gobierno de Estados Unidos sostiene que la AN2015 es la última autoridad electa democráticamente, ello implica, según su lectura del derecho constitucional, que la Asamblea que aprobó las reformas a las leyes de hidrocarburos y de minas —y que designará al nuevo TSJ— es una autoridad de facto y sus actos serían nulos conforme al artículo 138 de la Constitución. «Ese nuevo TSJ, asumiendo que designe un tribunal independiente, la primera decisión de ese tribunal debería ser declarar su propia nulidad, porque fue nombrado por una autoridad» cuestionada, planteó.
Para salir de lo que definió como un «estado de cosas inconstitucionales» —una figura que dijo tomar de la jurisprudencia colombiana—, Hernández propuso canalizar el proceso actual con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución, como parte de una transición hacia un gobierno democrático. Planteó como posible salida una enmienda a la Constitución de 1999 que ordene y dé piso institucional a esa transición, aprobada por la Asamblea Nacional de 2025 en acuerdo con la AN2015, pero sometida a referendo popular para darle legitimidad democrática. Esa enmienda, dijo, podría además fijar el orden en que deben celebrarse las elecciones pendientes: primero la presidencial y luego las de la Asamblea Nacional y las gobernaciones.
El abogado, quien fue procurador especial durante la gestión de Juan Guaidó como presidente encargado, insistió en que la mesa de diálogo debe diseñar «un camino ordenado» que dé respuesta integral al conjunto de problemas —Estado de derecho, sistema de justicia, reconciliación nacional— y no limitarse a la designación de un nuevo TSJ de manera aislada. «El presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, no puede imponer esa solución, puede apoyarla», dijo, aunque lamentó que hasta ahora «solo se nos ha dicho que hay un paso, que es el nuevo TSJ», sin que se conozca la ruta posterior.
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