Cámara de Comercio de La Guaira: No ha habido alivio fiscal a 60 días del sismo
El sector informal será el primero en reactivar la economía de La Guaira, según prevé la Cámara de Comercio del estado, en un proceso similar al ocurrido tras el deslave de 1999
Cipriana Ramos, primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio de La Guaira, denunció que el sector comercial del estado no ha recibido ningún tipo de respuesta oficial a sus solicitudes de alivio tributario, pese a que las comunicaciones fueron enviadas a la gobernación, la alcaldía y el concejo municipal desde los primeros días tras el terremoto. La dirigente gremial también cuestionó la ausencia de cifras oficiales sobre víctimas y la falta de un plan de ordenación territorial previo a cualquier proceso de reconstrucción.
Ramos conversó con Víctor Amaya en el programa Noche D de TalCual. La vicepresidenta gremial afirmó que, desde el quinto día posterior al terremoto, la Cámara de Comercio envió comunicaciones a la gobernación para que gestionara ante el Ejecutivo nacional los recursos necesarios y respaldara al alcalde en el otorgamiento de un alivio tributario al comercio local. Según relató, una de las respuestas que recibieron desde las instituciones fue, en sus palabras, que «hay quien sigue vendiendo, que pague sus impuestos».
«Esa persona que lo dijo no se volteó a ver si ese negocio que pudo haber abierto (…) la persona tenía vivienda o la había perdido. Había perdido algún familiar, algún trabajador», cuestionó Ramos, y agregó que buena parte de los comerciantes de La Guaira enfrenta pérdidas simultáneas de vivienda, familiares o negocios producto del terremoto.
La primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio detalló que las solicitudes no se limitaron a un primer contacto. Explicó que, por vía de correo electrónico, enviaron toda la información pertinente tanto a la gobernación como a la alcaldía, e incluso remitieron al concejo municipal un anteproyecto de ordenanza de alivio fiscal. Hasta el momento de la entrevista, dijo, no habían obtenido respuesta de ninguna de las tres instancias.
Ramos contrastó esta situación con precedentes históricos: recordó que, tras el deslave de 1999 y tras la caída del viaducto La Guaira-Caracas, sí hubo un alivio fiscal decretado para el comercio y los habitantes del entonces estado Vargas. «En esta oportunidad no ha habido absolutamente nada y es muy lamentable para todos», afirmó.
La dirigente explicó que, mientras tanto, las obligaciones tributarias del comercio siguen corriendo con normalidad —incluyendo el mínimo tributable y el pago vinculado a la ley de pensiones— independientemente de que un negocio haya perdido su local o esté operando de forma parcial. En La Guaira los terremotos dejaron afectada al 80% de la actividad económica.
Tres medidas que exige el gremio
Consultada sobre las prioridades para atender la crisis económica del estado, Ramos identificó tres frentes. El primero, dijo, es el alivio fiscal, por ser una competencia directa de la alcaldía y el concejo municipal que «pudieron hacer el acuerdo e inmediatamente haber actuado en consecuencia» y no lo hicieron.
El segundo punto es la transparencia en las cifras oficiales de fallecidos y desaparecidos. Ramos cuestionó que, pese a que las autoridades cuentan con mecanismos de contacto con líderes de calle —similares a los usados en procesos electorales—, no se ha dado a conocer un balance preciso. Advirtió que sin datos actualizados resulta imposible medir el impacto real sobre la población y la economía.
El tercer punto, planteó, es una revisión de la división político-territorial del estado antes de avanzar en cualquier plan de reconstrucción. Ramos argumentó que la superposición entre la gobernación y una única alcaldía —que abarca todo el territorio— dificultó la respuesta de emergencia inicial, pues los propios funcionarios policiales y de protección civil también tenían familiares y viviendas afectadas. «Si nosotros hubiésemos tenido tres alcaldías con tres protecciones civiles (…) la respuesta hubiese sido otra», sostuvo.
Ramos insistió en que La Guaira no puede repetir los errores de ordenación urbana posteriores al deslave de 1999, cuando —según recordó— se autorizó la construcción de viviendas en zonas de riesgo, incluyendo cauces de ríos, y el plan de ordenación urbanística del entonces estado Vargas tardó años en aprobarse tras la tragedia. «No podemos permitir que eso nos vuelva a ocurrir. Yo creo que Dios nos está dando una segunda oportunidad para hacer una Vargas segura, una Vargas vivible», expresó.
Playas cerradas y un comercio «satanizado»
Ramos también cuestionó la decisión de mantener cerradas las playas del estado, una medida que —según dijo— ha golpeado directamente al comercio local sin una justificación clara. La dirigente relató que comerciantes de la zona ya reportan una caída sensible en sus ventas: antes de los anuncios sobre el cierre de playas recibían visitantes provenientes de Caracas, mientras que actualmente el flujo se limita casi por completo a residentes de La Guaira. Según Ramos, la respuesta que han recibido de la gobernación ante este planteamiento fue que a los trabajadores del sector playero «los vamos a poner a trabajar en la reconstrucción», una alternativa que consideró poco realista para buena parte de ese gremio.
Pese al panorama, Ramos confió en que el sector informal comenzará a dinamizar la economía local antes que el comercio formal, replicando lo ocurrido tras el deslave de 1999. «Quien dinamiza toda economía en su inicio (es) el sector informal. Y después, bueno, lo vamos formalizando», concluyó.
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