Experto del IESA sobre acuerdo con EEUU: «Uno no es soberano de aquello que no produce»
El coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, Oswaldo Felizzola, calificó como «inédito» en la historia petrolera mundial el anuncio de un gran acuerdo hecho por Donald Trump sobre una participación directa de Estados Unidos en yacimientos venezolanos. El experto advirtió que persisten dudas sobre el marco legal de la operación, el papel del empresario Alejandro Betancourt y el destino de los fondos que genere el negocio
El presidente estadounidense Donald Trump escribió en Truth Social que su país «acaba de firmar un acuerdo» con Venezuela al que llamó «el mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo», asegurando el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Bloomberg había revelado que Washington negocia con el Ejecutivo nacional encabezado por Delcy Rodríguez una participación directa en hasta 17 campos, entre ellos el área de Junín, en la Faja del Orinoco, y los yacimientos del lago de Maracaibo. Reuters, por su parte, indicó que se evalúa un arrendamiento que podría extenderse por un siglo.
Consultado por Noche D, el programa de TalCual, Felizzola explicó que lo insólito de este acuerdo no es que empresas petroleras negocien con Venezuela, algo habitual en la historia del sector, sino que sea directamente el gobierno de Estados Unidos —con el Pentágono, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía involucrados— quien asuma ese rol. «Históricamente en los Estados Unidos el que ha hecho negocios en la parte petrolera siempre había sido las empresas petroleras directamente, no el gobierno norteamericano», señaló, y recordó que Washington ya había actuado como negociador fuera de sus fronteras en el caso del canal de Panamá, pero nunca había tomado participaciones accionarias en yacimientos extranjeros.
El experto relativizó, sin embargo, el tono de los anuncios del acuerdo de Trump. Dijo que las comunicaciones del mandatario «tienden a ser un tanto bombásticas» y que están dirigidas, sobre todo, a su público interno. Sobre la cifra de 65.000 millones de barriles que EEUU dice haber asegurado, la comparó con el tamaño de las reservas de Texas y Alaska juntas duplicadas, aunque recordó que se trata en su mayoría de campos vírgenes o «greenfields», es decir, áreas donde se presume la existencia de crudo pero sin certificación de pozos. «Es lo que decimos de forma jocosa que es lo que hay únicamente son cujíes y ratones», dijo, en referencia a que buena parte de esos campos no cuenta todavía con infraestructura ni estudios de reservorio.
Un cambio de paradigma frente al nacionalismo petrolero
Felizzola ubicó el anuncio como una ruptura con casi cinco décadas de política petrolera venezolana centrada en Pdvsa como operador exclusivo. Explicó que la producción nunca volvió a alcanzar el pico de 1970, previo a la nacionalización, cuando el país llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios. «La pregunta es, bueno, la nacionalización realmente logró aumentar la producción, ¿mejoró la calidad de vida del sector petrolero venezolano?», planteó, y afirmó que en los últimos treinta años se registró «un retroceso abismal» de la actividad.
En ese contexto, consideró que la apertura hacia campos que Pdvsa no tiene capacidad económica de desarrollar por sí sola representa «una oportunidad muy buena» para el único motor real de la economía venezolana. Sobre el plazo de cien años que mencionó Reuters, lo calificó de «rimbombante», ya que las proyecciones de transición energética ubican el pico de consumo mundial de petróleo alrededor de 2050-2070. Explicó que el atractivo de Venezuela para las petroleras radica en sus bajos costos de producción —entre 15 y 25 dólares por barril en pozos convencionales, frente a los 55 o 57 dólares del crudo de esquisto (fracking) estadounidense.
Ante la pregunta sobre qué queda de la soberanía petrolera venezolana si Estados Unidos contabiliza las reservas del país como propias a raiz de este acuerdo, Felizzola fue categórico: «Uno no es soberano de aquello que no produce». Argumentó que tener reservas certificadas en papel no sirve de nada si buena parte de la población enfrenta problemas de acceso a alimentos y fallas eléctricas. Consideró que la soberanía «es algo que se ejerce» a través de contraloría efectiva sobre la actividad de las empresas, tarea que dijo no está cumpliendo ni el gobierno interino ni, antes, la administración de Nicolás Maduro.
¿Acuerdo con riesgo jurídico?
Consultado sobre si estos nuevos contratos podrían correr la misma suerte que los firmados con Chevron, Repsol, Eni, ExxonMobil y ConocoPhillips antes del proceso de renacionalización de mediados de la década pasada, Felizzola no descartó el riesgo. «Siempre existe la posibilidad de que un gobierno local termine cambiando las reglas de juego», advirtió. Precisamente por eso, dijo, interpreta que Washington se está colocando como garante político de la negociación, de manera que cualquier conflicto futuro no sea entre las petroleras y el gobierno venezolano, sino un asunto bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Comparó el esquema con modelos históricamente usados por potencias como el Reino Unido o Francia, y no por Washington: «Estamos viendo un momento donde los norteamericanos están probando qué se siente tener la compañía de las indias occidentales».
A la pregunta de si un futuro gobierno venezolano —surgido de una Asamblea Nacional distinta o de un proceso electoral con reconocimiento pleno— podría cuestionar la validez de estos contratos por no haber sido negociados por autoridades con legitimidad democrática de origen, Felizzola no descartó el escenario. «Ya ha pasado hasta con condiciones normales», respondió, recordando que algo similar ocurrió con el proceso de renacionalización que le retiró los contratos previos a Chevron, Repsol, Eni, ExxonMobil y ConocoPhillips.
El experto explicó que, si bien las leyes no suelen aplicarse de forma retroactiva, la posibilidad de que «un gobierno local termine cambiando las reglas de juego» es un riesgo estructural del sector, independientemente de qué signo político encabece esa revisión. Es, dijo, precisamente esa incertidumbre la que explicaría por qué Washington busca blindar el acuerdo colocando al propio gobierno estadounidense —y no solo a empresas privadas— como parte negociadora directa.
Explicó que, como Venezuela no genera confianza por sí sola (a diferencia de Surinam, Guyana o Brasil), las inversiones tendrán que pagar «dos peajes»: el negocio con la empresa operadora y una cuota adicional al gobierno estadounidense por «dejarnos hacer negocio». Luego, hablando de que las nuevas reglas del juego eventualmente funcionarán aunque haya cambio de gobierno «legitimado a través de las elecciones», hizo esta reflexión central sobre petróleo y autoritarismo: «Entiéndase que si hay una industria que sabe manejarse con gobiernos poco, digamos, no democráticos, es la industria petrolera, lamentablemente. ¿Qué país es democrático en el Medio Oriente, por ejemplo?»
Sobre la falta de transparencia, el experto recordó que Pdvsa no presenta estados financieros auditados desde 2016 y que ninguno de los acuerdos firmados en los últimos años bajo licencias de la ley antibloqueo se conoce públicamente. Señaló además que Estados Unidos maneja desde hace meses el control de las ventas de crudo venezolano a través de cuentas del Departamento del Tesoro, que —según se ha informado— son auditadas por la firma KPMG, aunque el propio Congreso estadounidense presiona a la Casa Blanca para que haga públicos esos datos financieros. «Estados Unidos tampoco es que es famoso por ser transparente», apuntó, citando los antecedentes de Irak y Afganistán.
La sombra del bolichico
Uno de los nombres que atraviesa la negociación, según Bloomberg, es el del empresario Alejandro Betancourt, señalado como el operador que negoció directamente con el Pentágono a través de su empresa North American Blue Energy Partners. The Washington Post había revelado además que funcionarios estadounidenses presionaron a Suiza para frenar una investigación penal en su contra por presunto lavado de dinero. Betancourt ha sido investigado en Estados Unidos, España, Suiza y Venezuela por presunta corrupción vinculada a Pdvsa, y fue arrestado dos veces en el Reino Unido en 2025 por órdenes de España y de Suiza; niega cualquier irregularidad y no ha sido condenado ni acusado formalmente.
Felizzola calificó como «la gran pregunta que nos vamos a tener que hacer en los próximos años» el hecho de que un personaje con esos antecedentes judiciales termine como operador central de un acuerdo de esta magnitud. Recordó que Betancourt «tiene una deuda pendiente con la República» por contratos incumplidos y señalamientos previos. El economista consideró indispensable reactivar el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia para procesar los juicios pendientes vinculados al sector.
¿El fin de la OPEP para Venezuela?
Sobre la posibilidad, adelantada por Reuters, de que Venezuela salga de la OPEP —organización que ayudó a fundar en 1960—, Felizzola sostuvo que el bloque «ya no existe» en la práctica, tras el incumplimiento reiterado de cuotas por parte de sus miembros y la salida de los Emiratos Árabes Unidos este año. Consideró que la función original de la OPEP como herramienta de negociación frente a las grandes petroleras «ya pasó» y que el sector se está «desagregando» a nivel global. No obstante, advirtió que una salida del bloque en el contexto actual reforzaría la idea de que es Washington quien «está marcando la pauta de las decisiones petroleras venezolanas».
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