Provea ve positivo que ahora podrán estar nueve funcionarios de la ONU en el país
Provea cree además que la extensión del memorando de entendimiento entre la ONU y Maduro no deja desasistida a las víctimas
El coordinador general de la ONG denominada Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, manifestó el lunes 14 de septiembre es necesario que se «amplíe la mirada independiente» que ofrecen los comisarios de la Oficina de la ONU para los DDHH, luego que la alta comisionada del ente mundial para esa materia, Michelle Bachelet, anunciara la extensión del memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro.
Uzcátegui destacó que con la presencia de estos comisarios es importante tanto para denunciar lo que ocurre en materia de violación a los derechos humanos en el país, e incidir en los casos. A su juicio, estos funcionarios de la ONU representan actualmente el primer canal de interlocución con los actores del Estado por la falta de diálogo y entendimiento. Resaltó que cada vez que los llaman las víctimas, las ponemos en contacto con los representantes de la ONU.
Por eso, considera que la firma de extensión del memorando de entendimiento es «positivo» para Venezuela porque si no existiera ese mecanismo, las víctimas estuvieran desasistidas porque están actuando como una Defensoría del Pueblo de forma sui generis. «En vez de tres, estarían nueve (…) habrá mucha más capacidad para atender las diversas situaciones y hacer visitas en el terreno», señaló en entrevista para Unión Radio.
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También hizo referencia al estudio realizado entre Provea y el Centro Gumilla respecto a la muerte de más de 1.600 personas durante el primer semestre de 2020, donde la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un cuerpo que según las recomendaciones de Bachelet debería ser disuelto, tiene el 25,8% de la responsabilidad en esos asesinatos.
Resaltó que en promedio, nueve personas al día mueren a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en una situación de cuarentena producto de la pandemia por el covid-19.
Cree que en algunos casos, la actuación «inmediata» por parte del fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, Rafael Uzcátegui indicó que en septiembre se realizarán dos importantes reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por ello la «cooperación», ya que intenta salir lo menos valorado posible y con la advertencia de la creación de una oficina formal de DDHH en el país.
«Pero la otra discusión, a la que creo que particularmente las autoridades le temen más, y están intentando simular que cooperan con el Alto Comisionado para evitar que ese segundo mecanismo prospere, es la llamada misión de verificación de hechos. Recordar que este es un grupo de investigación que tiene que presentar su informe el próximo 23 de septiembre y en ese informe se van a establecer responsabilidades individuales», explicó.
En ese sentido, destacó que ese informe con responsabilidades tomadas con nombres y apellidos, tendrá «mucho peso» en el proceso que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional.
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Respecto al «indulto» firmado por Nicolás Maduro a finales de agosto. el director general de Provea recalcó que ese beneficio no puede ser revertido en sí mismo. Pero las personas beneficiadas, pueden ser encarceladas otra vez por otro hecho en el que incurra. En ese sentido, alertó que si continúa la persecución contra la disidencia, tienen el riesgo que si siguen denunciando lo que ocurre en el país, pueden ser de nuevo presos políticos.
Manifestó que se sienten contentos por la «buena señal» de esas excarcelaciones, pero considera que «no es suficiente» por parte de Nicolás Maduro para decir que respeta las garantías de la dignidad de las personas ni para generar condiciones electorales y promover la participación ciudadana.
Dijo que debe definirse si las elecciones se pueden realizar en el contexto de pandemia, al igual que se deben ofrecer la mayor de las garantías para que la gente pueda votar con confianza.
