Misión de la ONU y la narrativa impuesta, por Rafael Uzcátegui
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En el marco de un nuevo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos difunde dos importantes informes sobre Venezuela. En esta ocasión, lo importante no es solamente lo que dicen, sino el momento en el que aparecen.
Los reportes desmontan la narrativa internacional sobre la algarabía de los venezolanos, que ha permitido a jueces y autoridades migratorias negar solicitudes de protección a nuestros migrantes.
«La continuidad del aparato represivo del Estado» y «Los grupos civiles armados llamados ‘colectivos’ y sus vínculos con el Estado» son los nombres de los dos recientes informes sobre el país divulgados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Como se recordará, este ente de investigación y rendición de cuentas fue creado en el año 2019 con el objetivo de documentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país desde el año 2014.
Como su mandato es la pesquisa, sus informes se han convertido en el más importante mecanismo de verdad con el que hemos contado los venezolanos.
Que los denominados «colectivos» no son actores marginales, sino que forman parte del aparato represivo estatal, actualmente en una fase de repliegue, o que desde el 3 de enero han continuado arrestos arbitrarios de corta duración, desapariciones forzadas, incomunicación, aislamiento y violencia sexual y de género contra personas opositoras o percibidas como tales, son algunas de las afirmaciones demostradas en los reportes.
Sin embargo, no queremos desarrollar los elementos presentes en sus centenares de páginas, sino subrayar otro que nos parece igual de trascendental: el timing.
Luego de los hechos del 3 de enero, el gobierno de los Rodríguez cuenta con una mayor amplificación de un viejo anhelo del chavismo: convencer a la comunidad internacional de que «Venezuela se arregló».
La anunciada presencia de Delcy, tanto en la reunión del G20 como en la Asamblea General de la ONU, a realizarse en Estados Unidos, ratifica la opinión que la Casa Blanca ha expresado sobre la tutelada.
Por la puerta abierta por Estados Unidos están cruzando otros países, como el Reino Unido, en lo que será un progresivo proceso de renormalización de las relaciones diplomáticas con Miraflores.
En la prensa internacional, los titulares hablan de apertura económica, oportunidades de negocios energéticos y un proceso de diálogo con la oposición. Incluso, se asegura que la población estaría feliz bailando en las calles.
Bajo este clima de opinión, algunos jueces en Estados Unidos han sentenciado en contra de las solicitudes de asilo de migrantes venezolanos, bajo el argumento de que no habría peligro en el retorno al país.
Y como las decisiones de Estados Unidos generan un efecto cascada en la región, esto pudiera emularse en otros procedimientos de protección en las naciones latinoamericanas.
Es por esto que los informes de la Misión de la ONU tienen, en este momento, una importancia adicional: informar verazmente a la comunidad internacional sobre la verdadera situación de Venezuela.
Para no dejar margen a la duda o la especulación, los expertos afirman que después del 3E «las limitadas medidas de apertura fueron parciales, condicionadas y reversibles».
Seguidamente, subrayan que no han «identificado elementos suficientes para concluir que los movimientos registrados representan una ruptura genuina y sostenida con la política estatal de represión».
¿Por qué la Misión desconfía de la sostenibilidad de los cambios? Porque permanece el aparato que hizo posible la represión.
Continúan las estructuras de seguridad e inteligencia, los instrumentos jurídicos y muchos de los actores.
El informe señala incluso que personas previamente involucradas en violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad permanecen o han sido nombradas en puestos clave del gobierno, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.
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Y aunque la mayoría de los venezolanos sabemos esto, que lo diga un ente con prestigio son palabras mayores para la comunidad internacional.
Venezuela ha cambiado desde el 3 de enero. Lo que estos informes demuestran es que todavía no ha cambiado lo suficiente para considerarse ni segura para sus habitantes ni democrática en sus instituciones.
Siendo conocida la posición actual de Estados Unidos, hacen falta las definiciones del resto de los países sobre lo que continúa ocurriendo entre nosotros.
Lo que ya no pueden argumentar es que no exista información suficiente o confiable.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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