Provea insta a la Defensoría a actuar por bloqueos web y desapariciones forzadas
Provea sostuvo una reunión con la defensora del pueblo, Egleé González Lobato, para consignar una propuesta de siete ejes enfocada en el rescate del Estado de derecho. La ONG exigió el cese del bloqueo a medios digitales, la investigación de desapariciones forzadas, la reforma del sistema de justicia y el cumplimiento estricto de la Ley contra la Tortura
La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostuvo este martes 22 de septiembre un encuentro de trabajo con la defensora del pueblo, Egleé González Lobato, y su equipo directivo, con el propósito de presentar una agenda de peticiones orientadas al rescate del Estado de derecho, la restitución de garantías constitucionales y la institucionalización de la función pública.
Durante la reunión, la organización consignó un pliego de demandas estructurado en siete ejes estratégicos, instando al órgano defensorial a adecuar su actuación a los Principios de París, la Carta Magna y la Ley Orgánica que rige sus competencias. Provea solicitó priorizar la reforma integral del sistema de justicia con participación ciudadana y desmantelar los instrumentos legales que limitan el ejercicio del espacio cívico.
La representación de la ONG cuestionó la persistencia en la restricción de derechos digitales. Pese a los anuncios previos sobre la restitución del acceso a internet, la organización denunció que la mayoría de los portales informativos y plataformas web continúan sometidos a bloqueos discretivos por parte del Estado, afectando la libertad de información.
En materia de garantías fundamentales, la organización exigió la intervención de la Defensoría ante los casos de ejecuciones y desapariciones forzadas. Al respecto, instó a solicitar informes a la Fiscalía sobre las investigaciones por los asesinatos de los líderes indígenas Virgilio Trujillo y Julio Rodríguez, así como por los paraderos de Alcedo Mora, Hugo Enrique Marino, los hermanos Vergel, Nelson Giménez, Juan Hurtado y Jorgen Guanares.
Por último, el pliego abarcó la urgente activación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, la fiscalización de los servicios públicos —con atención prioritaria a las familias damnificadas por eventos sísmicos recientes—, el monitoreo del impacto ambiental frente a la expansión de acuerdos extractivos y la obligación institucional de publicar los informes anuales de gestión y rendición de cuentas.
Entre las cosas que exigió se encuentran las siguientes:
- Acciones contra el abuso policial y militar, lo que incluye velar por el cumplimiento efectivo de la Ley contra la Tortura y la definitiva puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura.
- Acciones para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas: la Defensoría del Pueblo debe solicitar al Ministerio Público investigaciones sobre los casos de Alcedo Mora, los hermanos Vergel, Hugo Enrique Marino, Nelson Giménez, Juan Hurtado y Jorgen Guanares.
- Colaboración con organismos internacionales de protección de Derechos Humanos. – Transparencia y rendición de cuentas: la Defensoría del Pueblo debe publicar sus informes anuales y exhortar al Ministerio Público y al Ejecutivo a hacer lo propio.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que el encuentro «permitió intercambiar perspectivas sobre distintas situaciones que requieren atención y explorar mecanismos de cooperación que contribuyan a generar respuestas concretas para las personas y comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad».
El organismo informó que González Lobato destacó la importancia de que la Defensoría del Pueblo mantenga capacidad de diálogo con actores diversos de la sociedad, incluso cuando existan diferencias de apreciación sobre determinados asuntos. «Las instituciones también necesitan escuchar, contrastar información y fortalecer sus capacidades. La eficacia de la Defensoría no debe medirse por el número de conflictos que genera, sino por su capacidad para contribuir a mejorar concretamente la vida de las personas», afirmó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
