Clima21 y Provea instan al Estado a fijar garantías ambientales tras acuerdos petroleros
Clima21 y Provea exigen información sobre las medidas ambientales que deben acompañar los acuerdos suscritos y aseguran que «la recuperación económica no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales»
Las organizaciones Clima21 y Provea expresan su preocupación por el impacto ambiental que pueden generar los acuerdos petroleros firmados el pasado 2 de septiembre entre Venezuela y Estados Unidos.
De acuerdo a la información difundida, el convenio contempla la entrega de concesiones sobre 17 yacimientos petroleros, incluyendo el desarrollo de ocho «campos verdes» en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyo potencial probado de 65.000 millones de barriles, es decir, cerca del 21,5% de las reservas totales de Venezuela, estimadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, dirigencia política y especialisas han alertado sobre la falta de información sobre estos acuerdos.
Ante la poca información disponible, Clima21 y Provea levantan su voz para reclamar por las medidas ambientales que deben acompañar los acuerdos suscritos y aseguran que «la recuperación económica no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales».
Destacan que un medio ambiente sano es una condición indispensable para garantizar derechos como la salud, acceso al agua y a un nivel de vida adecuado.
*Lea también: ONG denuncia incremento de derrames petroleros y fugas de gas en Lago de Maracaibo
Las organizaciones exhortaron a las autoridades y a las empresas involucradas en los acuerdos a ofrecer información a la ciudadanía. Exigen la publicación de los mecanismos de protección ambiental que se inconrporarán a los acuerdos, cumplir las obligaciones ambientales y de derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales, protección de las comunidades vulnerables afectadas por actividades extractivistas y atención de los pasivos ambientales acumulados, entre otras acciones destinadas a garantizar «un modelo de desarrollo sostenible, participativo, justo y respetuoso de los derechos humanos».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
