Venezuela y Nicaragua: La comparación equivocada, por Rafael Uzcátegui
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En la discusión sobre la transición venezolana ha comenzado a aparecer una nueva hipótesis: la repetición del efecto Nicaragua.Según esta lectura, una transición demasiado rápida permitiría que el chavismo hiciera lo mismo que el sandinismo: entregar el poder, conservar sus fuerzas, reorganizarse y regresar poco tiempo después.
De allí se desprende un diagnóstico que comienza a escucharse entre algunos sectores cercanos a la mesa de diálogo: es preferible una transición «a fuego lento».
El ejemplo merece ser discutido. Sobre todo porque la historia de Nicaragua ocurrió de una manera bastante diferente.
Antes de perder
El Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder en Nicaragua en 1979 después de derrotar a la dictadura de Anastasio Somoza.
No fue un acontecimiento menor. La dinastía somocista había gobernado el país durante décadas mediante una mezcla de autoritarismo, corrupción y represión. Por esa razón, los sandinistas despertaron enormes simpatías dentro y fuera del país.
Su nuevo gobierno produjo cambios que dejaron una huella importante. Impulsó una campaña masiva de alfabetización, amplió servicios sociales y realizó una reforma agraria.
Durante los años siguientes, su gestión estuvo caracterizada por el combate a la «Contra», una fuerza armada apoyada y financiada por Estados Unidos.
Esa parte de la historia es cierta. Pero no es todo lo que sucedió. La revolución había comenzado con una coalición relativamente amplia. La propia Violeta Barrios de Chamorro, que años después derrotaría electoralmente a Daniel Ortega, formó parte de la Junta de Gobierno instalada después de la caída de Somoza.
Con el tiempo, sin embargo, el poder se fue concentrando alrededor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Nicaragua no se convirtió en una copia exacta del castrismo cubano. Continuaron existiendo partidos opositores, medios privados y ciertos espacios de pluralismo.
En 1984 se realizaron elecciones y Ortega fue elegido presidente. Pero la competencia ocurría sobre un terreno muy desigual.
El partido gobernante construyó una relación estrecha con el Estado, las Fuerzas Armadas y las organizaciones sociales.
Hubo censura y restricciones a los medios. El periódico «La Prensa», que había sido uno de los símbolos de la resistencia contra Somoza, fue sometido a censura en diferentes momentos.
Hubo detenciones arbitrarias y restricciones a la actividad opositora. También se cometieron graves abusos contra comunidades indígenas de la Costa Caribe, incluyendo desplazamientos forzados.
La guerra sirvió como explicación y justificación para muchas de esas decisiones. Y, efectivamente, la guerra existía: la Contra cometió atrocidades con apoyo de Estados Unidos.
Pero una agresión externa no convertía cualquier decisión del gobierno en una medida necesaria para defender al país. La situación bélica produjo además otro fenómeno: militarizó la vida cotidiana. El servicio militar obligatorio se hizo particularmente impopular.
Miles de familias tenían hijos combatiendo. A finales de los ochenta, a ese cansancio se sumaban la escasez, el empobrecimiento y una inflación descontrolada.
Por ello, después de una década de revolución, la sociedad nicaragüense estaba exhausta.
Una elección que el sandinismo esperaba ganar
En 1990 se realizaron elecciones. Y aquí comienza uno de los malentendidos que hoy circulan en Venezuela.
Daniel Ortega no convocó unas elecciones que pensaba perder para entregar temporalmente el gobierno, reorganizarse y regresar unos años después.
Por mal cálculo o divorcio con la realidad, el sandinismo tenía toda la expectativa de ganar.
Su adversaria era Violeta Barrios de Chamorro, candidata de una amplia y muy heterogénea coalición opositora.
Su figura tenía una característica especialmente importante: era difícil identificarla con el pasado somocista.
Su esposo, Pedro Joaquín Chamorro, director de «La Prensa», había sido uno de los principales opositores a Somoza. Su asesinato en 1978 aceleró la movilización contra la dictadura.
Violeta había participado inicialmente en el gobierno revolucionario y luego se había distanciado del sandinismo. Por ello, era la representante de un cambio alejado de una vuelta al pasado.
¿Cómo le ganó Chamorro al sandinismo? Su principal promesa era sencilla: la paz. Su gobierno terminaría la guerra, eliminaría el servicio militar obligatorio, favorecería la reconciliación entre sandinistas y antisandinistas, normalizaría las relaciones con Estados Unidos y comenzaría a recuperar la economía.
No propuso borrar todo lo ocurrido desde 1979. Entre otras cosas, ofreció respetar derechos adquiridos por sectores beneficiados por la reforma agraria.
El 25 de febrero de 1990 ocurrió lo que el FSLN no esperaba. Chamorro obtuvo cerca del 55% de los votos. Ortega, alrededor del 41%. El sandinismo había perdido. Y Ortega reconoció la derrota.
Perder la Presidencia no significó perder todo el poder
Este punto es importante para entender lo que vino después. La alternancia fue real, pero no significó que el sandinismo desapareciera como fuerza política de la sociedad nicaragüense.
Durante las semanas que separaron las elecciones de la toma de posesión se negociaron las condiciones de la transferencia.
Uno de los asuntos más espinosos fue el de las Fuerzas Armadas. Humberto Ortega, hermano de Daniel y jefe del Ejército Popular Sandinista, continuó inicialmente al frente del Ejército bajo el nuevo gobierno. Las estructuras militares y policiales creadas durante la revolución no fueron desmontadas.
Al mismo tiempo ocurrió la polémica «piñata sandinista»: en los meses finales del gobierno se transfirieron propiedades y otros bienes estatales a dirigentes, organizaciones, cooperativas y particulares vinculados con el sandinismo.
Algunas operaciones buscaban proteger conquistas sociales de la revolución; otras beneficiaron directamente a dirigentes y terminaron convirtiéndose en uno de los episodios más cuestionados de aquella transición.
El FSLN conservó, además, alcaldías, diputados, sindicatos, organizaciones sociales, medios y una importante capacidad de movilización.
Perdió el Ejecutivo, pero continuó siendo uno de los grandes centros de poder en el país.
Esto produjo una transición mucho más conflictiva de lo que se quiere recordar. Hubo huelgas, protestas y enfrentamientos.Sectores armados de ambos bandos tardaron en desmovilizarse. Chamorro tuvo que gobernar buscando acuerdos con un sandinismo que seguía teniendo una enorme capacidad para condicionar la política nacional.
La transición fue pactada, incompleta y conflictiva. Pero hubo alternancia.
Dieciséis años
Aquí aparece el segundo problema con la supuesta «lógica sandinista». Ortega no regresó al poder en el corto plazo.
Volvió a presentarse a las elecciones presidenciales de 1996. Perdió frente a Arnoldo Alemán. Se postuló nuevamente en 2001. Perdió frente a Enrique Bolaños.
Finalmente, volvió a competir en 2006 y ganó. Entre la salida y el regreso habían pasado dieciséis años.
Por eso resulta difícil describir lo ocurrido como una operación en la que el sandinismo entregó el gobierno calculando que lo recuperaría rápidamente.
Hubo tres gobiernos consecutivos encabezados por sus adversarios y tres derrotas presidenciales de Ortega antes de su regreso.
Lo que deberíamos investigar con atención es cómo logró sobrevivir políticamente durante todo ese tiempo.
Perder el gobierno sin desaparecer
El resultado de 1990 contiene una pista. A pesar de la guerra, la crisis económica, el autoritarismo y el desgaste de diez años gobernando, Ortega obtuvo alrededor del 41% de los votos.
El sandinismo perdió el gobierno, pero no perdió identidad ni capital político.
Conservaba una organización extendida por todo el país, militantes, organizaciones sociales, símbolos y una historia que una parte importante de los nicaragüenses seguía considerando propia.
Había derrotado a Somoza. Había encabezado una revolución que produjo cambios sociales importantes. Y podía presentarse como la fuerza que había resistido una guerra financiada por Estados Unidos.
La derrota electoral no borró ese patrimonio. Pero tampoco fue suficiente para devolverle el poder.
Ortega volvió a perder en 1996 y en 2001. Durante esos años ocurrió, además, una transformación importante dentro del propio sandinismo.
Dirigentes históricos abandonaron el FSLN y Ortega fue concentrando progresivamente el control del partido.
El Frente que regresaría al gobierno en 2007 ya no era exactamente la organización plural que había encabezado la revolución de 1979.
Pero esta descripción es incompleta si obviamos otro cambio decisivo.
El pacto que preparó el regreso
A finales de los años noventa, Daniel Ortega llegó a un acuerdo con quien había sido uno de sus principales adversarios: el presidente liberal Arnoldo Alemán.
El llamado pacto Ortega-Alemán suele presentarse como un reparto de poder entre las dos grandes fuerzas políticas de aquel momento.
Sandinistas y liberales ampliaron y distribuyeron cuotas en instituciones fundamentales del Estado, incluyendo organismos electorales y judiciales.
Pero el acuerdo también modificó las reglas de la competencia política.
Hasta entonces, un candidato necesitaba el 45% de los votos para ganar la Presidencia en primera vuelta.
Las reformas redujeron el umbral al 40% y permitieron ganar incluso con 35% si existía una diferencia mínima de cinco puntos respecto al segundo candidato. Ese detalle terminó siendo decisivo.
Cuando llegaron las elecciones de 2006, la oposición al sandinismo estaba dividida entre dos candidaturas importantes.
Ortega obtuvo aproximadamente el 38% de los votos. Con las reglas anteriores habría tenido que disputar una segunda vuelta. Con las nuevas, pudo ganar la Presidencia.
Por eso el regreso de Ortega tampoco puede explicarse simplemente diciendo que el sandinismo «esperó su momento».
Hubo una combinación mucho más compleja: conservación de una base electoral importante, control cada vez mayor de Ortega sobre el FSLN, acuerdos con antiguos adversarios, influencia sobre instituciones, modificación de las reglas electorales y división de sus competidores.
Después vendría la historia que hoy nos es más cercana: la progresiva concentración del poder alrededor de Ortega, el control de las instituciones, la eliminación de límites a la reelección, la persecución de adversarios y el cierre creciente del espacio democrático.
¿Y Venezuela?
Ahora podemos regresar a la comparación que ha comenzado a circular entre nosotros.
Si por «lógica sandinista» entendemos que el chavismo puede sobrevivir a una transición, reorganizarse y algún día volver a ganar unas elecciones, la posibilidad existe. Pero eso no debería preocupar a una democracia.
Una transición democrática no consiste en garantizar que quienes abandonan el gobierno nunca puedan regresar.
Consiste en establecer reglas para que quien pierde pueda convertirse en oposición, reorganizarse, competir y eventualmente volver a gobernar si consigue nuevamente el respaldo de los electores.
Pensando en Nicaragua, el dilema clave es cómo hacer que el regreso a la democracia sea irreversible. Allí está una de las verdaderas enseñanzas de la experiencia comparada.
El pacto Ortega-Alemán muestra, además, que las amenazas a una democracia no proceden solamente de quienes acaban de abandonar el poder.
También pueden surgir de los acuerdos entre élites que utilizan la negociación para repartirse instituciones, reducir la competencia o cambiar las reglas en beneficio de quienes negocian. Esta advertencia resulta particularmente pertinente para Venezuela.
Una negociación política puede ser necesaria para hacer posible una transición. Puede ofrecer garantías a quienes abandonan el poder, facilitar acuerdos de convivencia y evitar nuevos conflictos.
Pero hay una diferencia entre pactar garantías para que todos puedan participar y pactar impunidad y cuotas de control político.
Lo primero amplía la democracia. Lo segundo puede reducirla antes, incluso, de que termine de nacer.
El patrimonio que queda
Hay otra diferencia entre Nicaragua y Venezuela que nos gustaría plantear.
El sandinismo llegó a 1990 muy desgastado, pero conservaba un patrimonio político considerable. Había derrotado una dictadura.
Una parte importante de la población valoraba las transformaciones realizadas después de 1979. La guerra contra la Contra reforzaba entre sus seguidores una narrativa de resistencia frente a Estados Unidos.
Por ello, incluso después de diez años muy difíciles, cuatro de cada diez nicaragüenses votaron por Ortega.
¿Con qué patrimonio político llegaría el chavismo a un hipotético regreso al poder? La respuesta está en construcción.
Es cierto que el chavismo tiene su historia, símbolos, organizaciones, dirigentes y una identidad que sobrevivirá, en algún nivel, en el futuro.
Sin embargo, a diferencia del sandinismo, está tomando decisiones para dinamitar, precisamente, el capital político que necesitaría para convertirse en una fuerza competitiva después de dejar el poder.
Además de las diferencias entre ambos movimientos (el sandinismo fue una coalición, mientras que el chavismo fue un movimiento de culto a la personalidad), el fraude electoral del 28 de julio de 2024 y la investigación por delitos contra la humanidad de la Corte Penal Internacional representan dos daños reputacionales que no tuvieron paralelos entre los rojinegros nicas.
Y, finalmente, el chavismo bajo los Rodríguez ha transformado dos de sus principales identidades políticas: el antiimperialismo y la economía de Estado.
Esta reingeniería pudiera promover una división similar a la que el sandinismo experimentó luego de 1996, pero lo que saldrá de allí difícilmente podrá reclamar el patrimonio político y social que el chavismo erigió en su primera etapa.
La comparación equivocada
Sostengo que estamos haciendo la comparación equivocada cuando miramos a Nicaragua.
La lección no es que una fuerza autoritaria que abandona el gobierno esté condenada a regresar. Tampoco que una transición deba administrarse lentamente para impedir que quienes hoy controlan el Estado puedan reorganizarse mañana, pues en democracia tendrían derecho a hacerlo.
La tarea fundamental de una redemocratización venezolana no sería diseñar mecanismos para impedir el retorno de una determinada fuerza política, sino reconstruir instituciones que permitan competir a todas sin que ninguna pueda apropiarse nuevamente del Estado.
Elecciones auténticas, árbitros independientes, justicia con autonomía, controles parlamentarios efectivos, libertad de expresión y organizaciones sociales capaces de actuar sin tutela del gobierno de turno.
Desde esta mirada, el episodio nicaragüense que debería interesarnos más es qué condiciones generaron las élites no sandinistas que permitieron la reversión democrática.
El pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán mostró que una democracia puede debilitarse sin necesidad de tanques en las calles ni de la eliminación inmediata de las elecciones.
Puede hacerlo también mediante acuerdos entre élites que reparten instituciones, modifican reglas y presentan como pluralidad lo que en realidad es distribución de cuotas de poder.
*Lea también: Para no olvidar aquello que las hace democráticas, por Luis Ernesto Aparicio
Puede haber más actores sentados alrededor de la mesa sin que exista, por ello, más democracia.
Esta posibilidad debería quitarnos el sueño. Una negociación política puede ser indispensable para salir del autoritarismo.
Las garantías, los acuerdos y la convivencia entre adversarios serán necesarios. Pero no todo pacto que incorpora actores diferentes produce democratización.
Si el resultado es simplemente distribuir espacios entre quienes tienen capacidad de negociación, dejando intactas las instituciones que hicieron posible la concentración del poder, podremos tener un sistema más plural sin haber construido uno más democrático.
Por eso, la experiencia nicaragüense quizá debería preocuparnos por una razón diferente a la que comienza a repetirse.
El dilema no fue que el sandinismo pudiera volver. El problema fue que, en el camino, los pactos entre élites ayudaron a debilitar las instituciones que debían garantizar que quien regresara al Ejecutivo no eliminara la alternabilidad en el poder.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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