Eliminación de alcabalas debe complementarse con otras reformas y garantías, dicen ONG
Provea y Acceso a la Justicia piden al Ejecutivo aclarar qué sucederá con las alcabalas policiales que se encuentran en las áreas rurales o alejadas de las grandes ciudades. Asimismo exigen aplicar medidas complementarias
Las organizaciones no gubernamentales Provea y Acceso a la Justicia advierten que el anuncio de la eliminación de las alcabalas policiales en las vías por sí solo no acaba con prácticas arbitrarias ni hechos de corrupción, por lo que deben tomarse acciones adicionales para garantizar la efectividad de la medida.
La decisión de eliminar las alcabalas fue anunciada por Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo nacional, el pasado 24 de agosto, al cumplirse dos meses del doble terremoto que sacudió Venezuela.
Sobre el tema, Provea específica varias condiciones que deben aplicarse junto a la eliminación de las alcabalas: políticas de depuración de los cuerpos policiales, mayor presupuesto para la inteligencia preventiva y, sobre todo, la garantía de que el Estado esté dispuesto a investigar y sancionar a los funcionarios que continúen cometiendo abusos.
En su opinión, la efectividad de este tipo de medidas también depende de la capacitación de funcionarios, la modernización de los sistemas de inteligencia y, el fin de la impunidad.
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Reformas de normas
Acceso a la Justicia recuerda que en septiembre de 2022 se aprobó una resolución sobre la instalación y seguimiento de los puntos de control en las vías por parte de los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional.
El artículo 20 de la resolución, contempla: autorización a los ciudadanos a grabar audio e imágenes de los procedimientos efectuados en esos puntos de control, prohibición de instalar puntos de control a algunos organismos como el Cicpc y el Sebin, prohibición a los funcionarios de usar capuchas, pasamontañas o cascos integrales que impidan la observación del rostro del funcionario.
Al respecto, la organización resalta que tras el anuncio de Rodríguez debería hacerse una reforma de estas normas y aclarar que ocurrirá con los puntos de control que se encuentran en zonas rurales.
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