No hay pausa en los métodos blandos de la represión, por Rafael Uzcátegui
X: @fanzinero
En declaraciones recientes sobre Venezuela, representantes de dos de las organizaciones internacionales de derechos humanos más importantes han utilizado palabras que merecen atención. Human Rights Watch habló de una «pausa» en algunas de las situaciones más graves de violaciones de derechos humanos. Una vocera de Amnistía Internacional, por su parte, se refirió a «señales de alivio».
Ambas expresiones fueron matizadas. Quienes las pronunciaron también advirtieron que persisten graves problemas y que no existen todavía garantías suficientes para afirmar que las violaciones no volverán a ocurrir. Sin embargo, en un país sometido a una intensa disputa sobre la interpretación del momento político, las palabras importan. Especialmente porque los matices suelen desaparecer cuando una declaración se convierte en el titular que la gente recordará.
«Pausa» y «alivio» transmiten una imagen equivocada sobre lo que ocurre en Venezuela luego del 3E. Es indudable que algunos indicadores han variado. Determinadas formas de violencia estatal pueden haberse reducido, algunas personas han sido excarceladas y ciertas prácticas pueden presentarse hoy con menor intensidad que en otros momentos. Esos cambios deben ser reconocidos.
El problema comienza cuando la disminución de determinadas violaciones se interpreta como una interrupción de la dinámica represiva. No se trata de exigir, para reconocer cualquier avance, que previamente se haya producido una transformación democrática, una reforma completa de las instituciones o la rendición de cuentas de todos los responsables. Ese sería otro debate.
La palabra «pausa» describe algo bastante más concreto: una interrupción, al menos temporal, de aquello que venía ocurriendo. Si quisiéramos utilizarla para describir la situación venezolana tendríamos que encontrar, por ejemplo, que las detenciones arbitrarias han cesado y que todas las personas que permanecían privadas de libertad por razones políticas han sido excarceladas; que se ha detenido el hostigamiento contra defensores, periodistas y dirigentes sociales y políticos; o que han sido levantados los bloqueos y restricciones que impiden el acceso a medios de comunicación y plataformas digitales.
Eso no es lo que está ocurriendo. Algunas prácticas pueden haber disminuido en frecuencia o intensidad, mientras otras continúan y algunas adoptan formas menos visibles. Que un mecanismo represivo se utilice menos no significa que se haya detenido. Una disminución no es una pausa.
Cómo describir lo que pasa ahora
La Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas propuso, en el año 2023, una interpretación que sigue siendo extraordinariamente útil para entender el presente. Sus investigaciones habían identificado la coexistencia de mecanismos «duros» y «blandos» de represión que, actuando conjuntamente, conformaban lo que denominó un «aparato opresivo del Estado».
Los métodos duros son los que conocemos mejor porque dejan las imágenes más dramáticas: detenciones masivas y arbitrarias, torturas, desapariciones, violencia contra manifestantes y otras prácticas que, en determinados períodos, alcanzaron el umbral de crímenes de lesa humanidad.
Los métodos blandos funcionan de otra manera. Son más selectivos, menos visibles y muchas veces producen menos titulares internacionales. Incluyen diferentes formas de intimidación, amenaza, vigilancia, hostigamiento, restricciones, judicialización y coerción destinadas a aumentar el costo de disentir.
Pero la observación más importante de la Misión era que ambos mecanismos no funcionan separadamente, y que uno u otro se activa «dependiendo de la naturaleza y relevancia percibidas de la disidencia social». Si la sociedad está desmovilizada, como lo está ahora, el poder tiene menos razones para activar los mecanismos más duros y puede privilegiar los blandos.
La violencia acumulada también disciplina
Por eso la Misión utilizó otra expresión fundamental: el «efecto amedrentador». Según su análisis, el aparato represivo se había vuelto más selectivo, entre otras razones, debido al éxito parcial de los esfuerzos anteriores por neutralizar a la oposición y generar miedo entre quienes pudieran desafiar al poder.
Esta perspectiva obliga a revisar una asociación bastante frecuente: menos represión visible equivale necesariamente a mayor libertad. Y como los venezolanos lo sabemos muy bien, no siempre es así.
Una sociedad puede registrar menos detenciones políticas y continuar profundamente intimidada. Puede haber menos personas encarceladas porque hay menos personas dispuestas a asumir los riesgos de protestar. Puede disminuir la violencia contra manifestantes porque las posibilidades de movilización han sido previamente debilitadas. Y puede reducirse el número de personas que desafían abiertamente al poder porque una parte importante de quienes lo hicieron durante años terminó encarcelada, silenciada o fuera del país.
Existe, entonces, una paradoja que debemos incorporar al análisis venezolano: en determinadas circunstancias, la disminución de algunos actos represivos puede ser también consecuencia de la eficacia de la represión anterior.
Esto no significa negar cualquier cambio positivo que esté ocurriendo. Una excarcelación importa para quien recupera su libertad y para su familia. La reducción de una determinada práctica abusiva debe ser reconocida. La apertura de un espacio anteriormente cerrado debe ser aprovechada y defendida. Los defensores de derechos humanos debemos ser capaces de registrar tanto los retrocesos como los avances.
Por eso resulta tan importante otra advertencia realizada por la Misión en 2023. El Gobierno mantenía la capacidad de recurrir nuevamente a la «línea dura» cuando las autoridades consideraran necesario hacerlo. De allí que propusiera dos parámetros para evaluar realmente la evolución de los derechos humanos en Venezuela: justicia efectiva y rendición de cuentas. Y esos criterios no admiten pausas y continúan pendientes.
La ilusión de la interlocución
El momento actual agrega otro desafío. Después de años de puertas cerradas, algunas organizaciones internacionales pueden recuperar posibilidades de acceso al país y de interlocución con quienes ejercen el poder. Que eso ocurra es positivo. Poder entrar, observar, preguntar, reunirse con víctimas y hablar directamente con las autoridades amplía las posibilidades del trabajo de derechos humanos. Esos espacios deben ser utilizados.
Pero el acceso no puede convertirse en un indicador de la situación de derechos humanos, ni su preservación condicionar la manera de describirla. La posibilidad de interlocución es una herramienta, no un resultado. Y una reunión con el poder no constituye, por sí misma, una señal de apertura política.
*Lea también: Las dos moles: del Helicoide a Doral, por Jipson Briceño Domínguez
Existe allí un equilibrio difícil pero indispensable. Las organizaciones de derechos humanos deben ser capaces de aprovechar cualquier espacio disponible sin permitir que la expectativa de conservarlo rebaje la calidad del análisis, suavice el lenguaje o disminuya la contundencia de la denuncia. Especialmente cuando enfrente existe un gobierno interesado en presentar cada interlocución internacional como evidencia de normalización.
Abrir puertas siempre será preferible a mantenerlas cerradas. Pero para quienes trabajamos en derechos humanos, poder atravesarlas nunca debería modificar lo que vemos al otro lado.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
