ONG y víctimas piden rehacer proyecto de ley de amnistía y alertan de exclusiones
Alí Daniels, Ligia Bolívar y Antonio González Plessman coincidieron en que el proyecto de ley de amnistía aprobado en primera discusión tiene fallas de fondo. Cuestionaron el enfoque de «clemencia», el listado cerrado de hechos y un procedimiento que obliga a las personas a acudir a tribunales sin garantías
En la edición de este lunes 9 de febrero de Noche D, el espacio digital de TalCual transmitido por YouTube, Víctor Amaya conversó con Alí Daniels (Acceso a la Justicia), Ligia Bolívar (Alerta Venezuela) y Antonio González Plessman (Comité de Madres en Defensa de la Verdad) sobre el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobado en primera discusión con 13 artículos y una exposición de motivos difundida al día siguiente.
Ligia Bolívar cuestionó el enfoque de la exposición de motivos, al considerar que parte de una lógica en la que se «perdona» a quienes habrían cometido delitos. Citó como ejemplo el planteamiento de un «acto de clemencia soberana» y sostuvo que esa formulación puede resultar humillante para quienes se consideran víctimas de persecución, al sugerir que deben «venir a pedir perdón» ante tribunales.
Bolívar también criticó el procedimiento previsto, al advertir que la ley no sería automática y que obliga a las personas a introducir solicitudes ante instancias judiciales, incluso en un contexto en el que hay venezolanos en el exterior que no podrían actuar por falta de servicios consulares o por su estatus como refugiados o solicitantes de asilo. Además, puso el foco en el artículo 6, que en el proyecto enumera hechos específicos, y advirtió que hay años completos que quedarían fuera. En cuanto a delitos excluidos, señaló que en Venezuela han existido expedientes «armados» con imputaciones como homicidio o corrupción para sacar de circulación a adversarios.
Bolívar agregó una crítica operativa: el proyecto afirma que no requiere recursos presupuestarios adicionales, algo que consideró irreal en un sistema judicial con carencias materiales.
Alí Daniels relató que Acceso a la Justicia participó en una reunión de consulta con los diputados convocada con pocas horas de anticipación. Dijo que, pese a lo apurado de la convocatoria, las organizaciones pudieron exponer sin limitaciones de tiempo y sin restricciones temáticas, algo que calificó como «inédito» en su experiencia.
Sin embargo, afirmó que las observaciones hechas por las ONG no eran ajustes menores, sino reparos estructurales que obligarían a rehacer el texto si se quiere que cumpla la finalidad de «reconciliación» que declara. Daniels insistió en que la exposición de motivos no es un trámite protocolar, sino una guía de interpretación para jueces cuando haya dudas, por lo que el lenguaje de perdón o clemencia puede condicionar la aplicación: «Una verdadera ley de amnistía es sobre hechos, no sobre culpas», sostuvo.
También advirtió que el volumen de trámites podría desbordar al sistema: solicitudes de sobreseimiento, revisión de causas y actualización de antecedentes. En la discusión, se mencionó que el proyecto no prevé aplicación automática y que cada caso debe ser solicitado, lo que abriría cuellos de botella.
Sobre cambios posibles, Daniels dijo que se planteó en la Asamblea Nacional la posibilidad de incorporar derogatorias de normas usadas para la persecución y defendió que el Parlamento sí puede derogar leyes, incluida la categoría de «leyes constitucionales», cuya existencia cuestionó en términos del ordenamiento.
Antonio González Plessman habló en representación del Comité de Madres en Defensa de la Verdad y explicó que presta su voz a Martha Lía Grajales, su esposa, activista y víctima de detención y judicialización. Señaló que el comité resume su crítica en seis elementos: el lenguaje de «extremismo» y «clemencia» en la exposición de motivos; la lista taxativa de hechos; las debilidades del procedimiento; la falta de claridad sobre sanciones administrativas (inhabilitaciones, pasaportes); la ausencia de una comisión de verificación; y la necesidad de garantías de no repetición y reparación integral.
Sobre el artículo 6, dijo que aunque parte de los casos post-electorales podrían estar cubiertos, la lista cerrada deja por fuera a otros sectores: campesinos judicializados por conflictos de tierra, trabajadores procesados por protestar o denunciar corrupción y militares acusados por delitos de naturaleza política. Planteó que el juez debería actuar de oficio, pero también permitir solicitudes de víctimas y familiares, y propuso una comisión de verificación que incluya familiares, organizaciones de derechos humanos, diputados y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, entre otros.
El comité también puso el énfasis en reparación integral: devolución de bienes, atención a secuelas físicas y mentales y restitución de derechos laborales.
Un debate abierto y una alerta sobre «voluntad política»
En el tramo final, los invitados debatieron sobre si hay algo «rescatable» del proyecto tal como está. Bolívar dijo que, con una exposición de motivos que parte de la «clemencia» y la noción de delincuente, la base es endeble. Daniels prefirió destacar el momento político: sostuvo que el debate sobre amnistía se instaló como tema central y que la discusión, aunque «chucuta», coincide con excarcelaciones recientes, lo que ha reducido el miedo en su entorno familiar.
Sobre la «voluntad política», Bolívar la midió en hechos recientes y advirtió que el enfoque parece exigir «sumisión». Daniels mencionó que existen vías distintas a una ley para tomar decisiones inmediatas, y González Plessman dijo que más que especular sobre decisiones de élites, el foco debe estar en la movilización ciudadana y la recuperación de la participación como presión democrática.
El programa cerró con el compromiso de seguir revisando los documentos y propuestas presentadas por distintos sectores antes de la segunda discusión de la amnistía prevista en la Asamblea Nacional.
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