Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió caso “Masacre de El Junquito”
El informe recibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de este año fue presentado por la Comisión Interamericana, instancia que concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado “fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas”
Texto: Héctor Escandell Marcano | Radio Fe y Alegría
Tras casi seis años de la llamada “Masacre de El Junquito”, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) conoció el caso luego de ser presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bajo el numero 14.178 el 11 de octubre de 2023.
El caso se describe como el resultado de “ejecuciones extrajudiciales de Oscar Pérez y otras seis personas, por parte de agentes estatales en 2018”, según la nota publicada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el informe, la Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado “fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas”.
La Comisión señaló que “las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”.
Conclusiones de la Comisión Interamericana
En su informe, la CIDH considera que el Estado venezolano es responsable por la violación a los siguientes derechos:
- 1.-Violación de los derechos a la vida (artículo 4.1)
- 2.- Violación a la integridad personal (artículo 5.1)
- 3.- Violación a las garantías judiciales (artículo 8.1)
- 4.- Violación a la libertad de conciencia y religión (artículo 12)
- 5.- Violación a la protección judicial (artículo 25.1)
*Lea también: CIDH rechaza la persecución penal contra dirigentes opositores en Venezuela
En este sentido, la Comisión recomendó al Estado de Venezuela diversas medidas de reparación entre las que destacan la reparación integral de las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial; llevar a cabo una investigación diligente y oportuna para identificar responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Asimismo, el organismo multilateral recomienda disponer de mecanismos de no repetición que incluyan la capacitación de agentes policiales y militares en cuanto a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, así como establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas respecto de abusos cometidos por los miembros de tales cuerpos de seguridad.
“Masacre de El Junquito”
El Sistema Interamericano adoptó el nombre de “Masacre de El Junquito” a los hechos ocurridos la madrugada y mañana del 15 de enero de 2018.
Ese día, unos 500 funcionarios de la fuerza pública “atacaron” la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas, reseña el informe.
La operación ocurrió al mismo tiempo que se publicaban videos en los que Oscar Pérez y las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación.
Sin embargo, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo.
“Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con tiros de gracia”. Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
