Luego del #3Ene reformas cosméticas mantienen a raya una posible transición, afirman ONG
La plataforma Justicia y Verdad afirmó que «una transición exige algo más que un cambio en la cúpula del poder: requiere que el Estado adopte medidas verificables para poner fin a las violaciones, rendir cuentas, garantizar la verdad a las víctimas y desmantelar las estructuras que hicieron posible la represión sistémica en Venezuela»
Si bien la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tras un ataque de fuerzas estadounidenses, abrió un compás hacia una transición democrática, el interinato de Delcy Rodríguez ha echado mano de «reformas cosméticas» y «gestos de apertura táctica» para mantener el esquema represivo sobre la población.
Así se desprende del informe «Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho», elaborado por la plataforma Justicia y Verdad, que agrupa a 20 organizaciones venezolanas. El documento fue presentado este jueves 6 de agosto en el marco de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Justicia y Verdad señala que el Estado venezolano ha adoptado «gestos visibles» y de «alto impacto mediático» ante la comunidad internacional que, en la práctica, no han alterado las estructuras institucionales o el andamiaje legal que han permitido violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Si bien se han producido hechos como la liberación de decenas de presos políticos y el anuncio del cierre de El Helicoide, el sistema represivo «permanece intacto y operativo». Justamente, el nombramiento del exdirector del Sebin Gustavo González López al frente del Ministerio de Defensa es señalado como parte de la consolidación de esa represión, y no de posibles reformas.
«Una transición exige algo más que un cambio en la cúpula del poder: requiere que el Estado adopte medidas verificables para poner fin a las violaciones, rendir cuentas, garantizar la verdad a las víctimas y desmantelar las estructuras que hicieron posible la represión sistémica en Venezuela», aseveró Justicia y Verdad.
Esta plataforma de ONG elaboró un «termómetro», basado en 180 recomendaciones internacionales, donde miden «cuatro pilares fundamentales» entre los meses de enero y mediados de junio de 2026 sobre estado de la represión, rendición de cuentas y reformas institucionales, protección del espacio cívico y relación con mecanismos internacionales.
1. El cese de la represión fue clasificado en Amarillo-Rojo, es decir, un avance parcial e insuficiente. ¿Cuáles son las razones?
Pese a las excarcelaciones desde enero, el monitoreo de distintas ONG indica que estas respondieron a «presiones externas» y no a una voluntad autónoma o sostenida. Actualmente, según el Foro Penal, hay 382 presos políticos en todo el país mientras que otros cientos se mantienen con medidas cautelares o bajo juicios extensos y, en ocasiones, paralizados. También se registraron nuevas detenciones arbitrarias y la muerte bajo custodia de varios reclusos.
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La Ley de Amnistía, ofrecida el 8 de enero por Delcy Rodríguez, fue aprobada y sancionada con evidentes exclusiones, además de una aplicación discrecional de los tribunales. Fue declarada «concluida unilateralmente bajo un enfoque de gracia y no de reconocimiento de derechos».
El aparato de seguridad e inteligencia, reiteraron, «se mantiene intacto» con la designación de exfuncionarios como González López en cargos ministeriales clave.
2. La rendición de cuentas y la reforma institucional están en rojo, debido a la falta de avances. Una muestra de ello, puntualizó Justicia y Verdad, fueron los procesos de renovación y designación en la Fiscalía General y la Defensoría
del Pueblo, así como la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las ONG señalaron que en estos procesos se «reeditaron patrones históricos de opacidad y cooptación partidista. Se repitió la conformación de comisiones legislativas con minoría de representación civil y se recurrió al aumento del número de magistrados para asegurar control político».
3. La protección del espacio cívico y la derogación de leyes restrictivas también están en rojo. La plataforma Justicia y Verdad contabilizó al menos 38 normativas como la Ley contra el Odio, la Ley de Fiscalización de ONG o la Ley Antibloqueo, que fueron dictadas para «criminalizar la disidencia y asfixiar a la sociedad civil» y no han sido objeto de reformas.
Para el grupo de organizaciones, esta decisión de no reformar este conjunto de leyes «pese a demostrar capacidad legislativa acelerada en otras materias confirma que la inacción normativa es deliberada».
En tanto, las ONG continúan operando y «asumiendo todos los riesgos en un entorno de hostilidad, no porque las leyes ofrezcan garantías de autonomía, sino a pesar de ellas».
4. La cooperación con mecanismos internacionales se ubica, según la Plataforma Justicia y Verdad, en Amarillo-Rojo.
Pese a que hay ciertos avances en el frente diplomático, como la presencia de una misión exploratoria de la Oficina del Alto Comisionado en territorio venezolano, afirmaron que el marco de operación sigue siendo restrictivo para instancias como la CIDH o la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
También están pendientes varias visitas de Relatores Especiales de Naciones Unidas, que han solicitado verificar dentro del país las situaciones denunciadas. Las ONG también dijeron que «persiste el riesgo de que el Estado utilice la presencia internacional de manera instrumental para legitimar su narrativa oficial sin abrir canales efectivos de verificación independiente».
Medidas para una transición
La plataforma Justicia y Verdad planteó 10 exigencias que consideran indispensables para que «el ciclo político abierto a principios de 2026» represente una «oportunidad histórica trascendental» hacia la democracia.
Entre esas medidas está la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos y el cese de medidas cautelares arbitrarias, el reconocimiento formal de los crímenes de Estado; la erradicación y sanción a violaciones de DDHH normalizadas y la depuración de cuerpos de seguridad; la derogación y reforma de leyes restrictivas al espacio cívico; que se garantice la independencia del sistema de justicia.
También se planteó la designación de un nuevo contralor general por medio de procedimientos «transparentes y constitucionales», la firma de un nuevo memorándum de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos; la cooperación activa con la Corte Penal Internacional en la investigación por crímenes de lesa humanidad; y que se extiendan invitaciones formales y abiertas a la CIDH, la Misión de Determinación y los relatores
especiales de la ONU para visitas de terreno en 2026.
Por último, solicitaron que se inicien «investigaciones penales inmediatas, creíbles e independientes» por las graves violaciones de derechos humanos registradas al menos desde 2014, con plenas garantías de verdad, justicia y no repetición.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
