CIDH presenta caso sobre muerte de exconcejal Fernando Albán ante la Corte Interamericana
La viuda de Fernando Albán aseguró que el caso del exconcejal «no es un caso aislado», sino que forma «parte de un patrón de persecución, encubrimiento e impunidad. Esta misma comisión ha expresado su preocupación por la muerte de al menos 18 personas mientras se encontraban bajo custodia del Estado. Yo no escucho cifras, pienso en sus familiares y el dolor que están pasando igual que pasó mi familia. Fernando es uno de ellos»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso del exconcejal Fernando Albán, fallecido bajo custodia del Estado venezolano, ante la Corte Interamericana. Así lo confirmó su viuda, Meudy Osío, durante una audiencia pública sobre la situación de Venezuela a partir del 3 de enero.
«Ayer fui notificada de que esta Comisión presentó ante la Corte Interamericana el caso de Fernando Albán y de nuestra familia. Después de casi ocho años de impunidad recibo esta decisión con esperanza y profundo agradecimiento», expresó Osío este jueves 6 de agosto.
Luego de este paso, le corresponde a la Corte IDH analizar a fondo el caso y emitir una sentencia fundamentada. En el proceso participan la Comisión, el Estado demandado y las víctimas.
Fernando Albán, concejal por Caracas y miembro fundador del partido Primero Justicia, falleció en octubre de 2018 tras ser detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por su supuesta vinculación al ataque con drones contra Nicolás Maduro, ocurrido dos meses antes. Las autoridades afirmaron que murió al lanzarse desde uno de los pisos de La Tumba, como se conoce a la sede del Sebin Plaza Venezuela, mientras que su familia y la oposición denunciaron que falleció a consecuencia de las torturas recibidas.
«Lo que ocurrió con Fernando no es un caso aislado, es parte de un patrón de persecución, encubrimiento e impunidad. Esta misma comisión ha expresado su preocupación por la muerte de al menos 18 personas mientras se encontraban bajo custodia del Estado. Yo no escucho cifras, pienso en sus familiares y el dolor que están pasando igual que pasó mi familia. Fernando es uno de ellos. Son personas que estaban bajo la protección del Estado y murieron sin sus familias recibir la verdad de los hechos y la justicia deseada», afirmó Osío.
Ese mismo 2018, recordó Osío, planteó ante la CIDH que el cuerpo del exconcejal fuese trasladado fuera del país para darle sepultura «donde estamos sus hijos y yo, eso no ocurrió».
Indicó que el entonces representante del Estado venezolano ante la OEA, Larry Devoe, «defendió la versión oficial del Estado que cruelmente afirmaba que mi esposo se había suicidado y desconoció su muerte como producto de una violación grave de derechos humanos».
Actualmente, prosiguió la viuda de Albán, Devoe «dirige la institución (Ministerio Público) que debería investigar. Cambió el cargo pero no cambió la respuesta institucional».
Asimismo, indicó que la violencia ejercida por el Estado venezolano contra su familia no terminó con la muerte de Fernando Albán, pues «allanaron mi casa y mi oficina, y los abogados de nuestra familia fueron perseguidos logrando que salieran del país también. Frente a ello el sistema interamericano y la Misión de Determinación de los Hechos han sido fundamentales para documentar el caso, preservar la verdad y mantener abiertas alternativas de justicia».
Por último, Osío expresó que la justicia en su caso «aún no ha llegado, pero nuestra voz no pudo ser silenciada, los organismos de protección de derechos humanos la acompañaron. Espero que este paso abra un camino no solo para Fernando y nuestra familia, sino también para las miles de víctimas y familiares que todavía esperan verdad, justicia y reparación en Venezuela».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
