CIDH sobre Venezuela: Los derechos humanos no pueden ser medidos por anuncios
La relatora Gloria De Mees insistió en que la CIDH está dispuesta a visitar el país antes de finalizar 2026 para verificar la situación de los derechos humanos. También señaló que van a continuar recibiendo denuncias de víctimas, y se mantendrán «vigilantes» y «determinados a contribuir en la construcción de mecanismos al retorno de la verdadera democracia y Estado de derecho en Venezuela»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este jueves que Venezuela vive «un momento singular, pero también muy difícil» luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, con estructuras de represión aún en funcionamiento y anuncios vinculados a DDHH con pocos resultados visibles.
La comisionada Gloria De Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, indicó que la información aportada por una plataforma de organizaciones venezolanas durante la audiencia pública –en el marco del 196.° Período de Sesiones– «sugiere que muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas».
«La pregunta es ¿qué ha cambiado? Oímos referencias a reformas, diálogos o renovación institucional… Los derechos humanos no pueden medirse por anuncios, sino por resultados. Si las instituciones son verdaderamente independientes y se restaura el Estado de derecho, tenemos que tener evidencia que pueda probar que la detención arbitraria acabó, que el espacio cívico se expandió, que la independencia judicial fue fortalecida y que las víctimas han obtenido justicia», afirmó De Mees.
Asimismo, dijo que es «difícil» hablar de diálogos, transición o cambios ante la ausencia del Estado venezolano en espacios como la CIDH, donde se ha cuestionado su participación directa u omisión ante graves violaciones de derechos humanos, así como el nulo acatamiento de medidas de protección, resoluciones o sentencias del sistema interamericano de DDHH.
La relatora para Venezuela señaló que las reformas «que dejen los mismos patrones de represión intactos son cosméticos y no son transformadores. Lo que se destaca es la desconexión entre el lenguaje de la normalización institucional y la realidad en el terreno».
De Mees insistió en que la CIDH está dispuesta a visitar el país antes de finalizar 2026 para verificar la situación de los derechos humanos. También señaló que van a continuar recibiendo denuncias de víctimas, y se mantendrán «vigilantes» y «determinados a contribuir en la construcción de mecanismos al retorno de la verdadera democracia y Estado de derecho en Venezuela».
La comisionada, en particular, planteó dudas sobre los cambios en el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo de Justicia.
Los comisionados Marion Bethel, Rosa María Payá, Pedro Vaca, Javier Palummo y Andrea Bochack también plantearon sus dudas sobre la publicación y transparencia en un plan de recuperación nacional tras los terremotos, no solo desde el punto de vista económico, sino también la afectación a niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad; situación de servicios de salud reproductiva para mujeres y cuidado materno; reformas o cambios en la libertad de expresión; así como cambios en la visión de la comunidad internacional sobre Venezuela.
Denuncias ante la CIDH
En la audiencia pública de la CIDH la plataforma Justicia y Verdad presentó un «termómetro», elaborado por 20 organizaciones venezolanas, donde se hace seguimiento a organismos internacionales y se hacen 10 exigencias orientadas hacia la recuperación del Estado de derecho.
La directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, Beatriz Borges, señaló que tras la captura de Maduro existen hechos nuevos que deben ser reconocidos. La propia comparecencia de organizaciones venezolanas ante la CIDH, dijo, es una señal del momento que atraviesa el país pues hasta hace poco más de un año muchas de esas organizaciones no podían hacerlo sin poner en riesgo su seguridad.
Sin embargo, Borges advirtió que esa apertura «todavía es frágil» y no puede confundirse con una transformación institucional, ya que el aparato represivo permanece intacto.
La codirectora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, denunció que las condiciones en los centros de detención «han alcanzado un punto crítico que vulnera todo estándar de dignidad humana».
Tineo señaló que los presos políticos constituyen «un universo humano marcado por la arbitrariedad y el dolor», que atraviesa todos los estratos sociales. Asimismo, advirtió que se trata de «una urgencia humanitaria que no admite esperas», ya que adultos mayores y personas con enfermedades graves como cáncer o afecciones renales sobreviven sin atención médica.
Por su parte, Mario D’Andrea, coordinador de Civilis, reportó al menos 1.405 niños, niñas y adolescentes afectados en el país, con cifras que incluyen heridos, desaparecidos, desplazados internos y fallecidos.
Misión de Determinación alerta
Por su parte Sofía Macher, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, indicó que pese a que se han registrado «avances» como la interacción con organismos internacionales o la liberación de presos políticos, estas medidas puntuales «no permiten por sí sola determinar que se haya» desmantelado el aparato represivo.
La Misión, que espera ver renovado su mandato el próximo octubre, señaló que los períodos de cambio institucional requieren una «vigilancia cuidadosa» por parte de los organismos y la propia comunidad internacional.
También destacó que las emergencias «no suspenden las obligaciones internacionales de los Estados», en cuanto a protección y garantías de derechos humanos y, en particular, puso de relieve el «papel esencial» de la sociedad civil que –afirmó– «queda demostrado en la respuesta a la emergencia».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
