CIDH presenta caso de tortura contra el teniente Gustavo Carrero ante la Corte IDH
En mayo de 2018, el teniente de Fragata Gustavo Carrero Angarita fue detenido dentro de Fuerte Tiuna e involucrado junto a otros ocho efectivos de la Armada en la llamada «operación Armagedón»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso por la detención arbitraria, torturas, afectaciones a la salud y violaciones a las garantías judiciales del teniente de Fragata Gustavo Enrique Carrero Angarita y su familia.
El caso fue denunciado a la CIDH el 10 de abril de 2019. En mayo de 2018, Carrero Angarita fue detenido dentro de Fuerte Tiuna e involucrado junto a otros ocho efectivos de la Armada en la llamada «operación Armagedón», una supuesta operación para desestabilizar los poderes públicos antes de las elecciones presidenciales de ese año.
El militar fue acusado de los supuestos delitos de traición a la patria, incitación a la rebelión y delito contra el decoro militar. Permaneció cinco días incomunicado antes de ser presentado ante un tribunal militar.
Para la CIDH, la detención de Gustavo Carrero Angarita fue ilegal y arbitraria. La Comisión también consideró que los actos denunciados constituyeron tortura, que no fueron investigados con debida diligencia y que el proceso penal militar no cumplió con las garantías judiciales ni con el plazo razonable.
Además, se determinó que el Estado no garantizó condiciones dignas de detención ni atención adecuada a la salud de Carrero Angarita mientras permanecía privado de libertad. Los hechos y la situación de impunidad también generaron afectaciones a la integridad psíquica y moral de su esposa.
Por todo ello, la Comisión concluyó que Venezuela es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y salud, establecidos en la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En consecuencia, la Comisión solicitó a la Corte IDH que ordene cinco medidas de reparación:
- Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas, tanto en el aspecto material como inmaterial.
- Avanzar, conforme al debido proceso, la causa penal seguida contra Gustavo Carrero Angarita y adoptar las medidas necesarias para que sea puesto en libertad mientras esté pendiente la resolución definitiva.
- Brindar de forma prioritaria, inmediata y por el tiempo necesario atención en salud física y mental a Gustavo Enrique Carrero Angarita, y adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales.
- Llevar a cabo investigaciones judiciales para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los actos de tortura, así como establecer integralmente las responsabilidades por las violaciones declaradas.
- Adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, incluyendo directivas a funcionarios de la Dgcim y Cenapromil, adecuación de condiciones de detención y programas de formación sobre prevención e investigación de la tortura.
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