¿Quiénes son los funcionarios ligados a la represión que mantienen sus cargos de poder?
La Misión de Determinación revisó la reasignación o la continuidad en cargos públicos de 12 personas de las que tienen «motivos razonables para creer» que se relacionaron a estructuras de represión y, además, tienen responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad
La Misión de Determinación de Hechos publicó este jueves 17 de septiembre su último informe sobre la situación de derechos humanos en el país tras las elecciones de 2024. El documento, de 115 páginas y que evalúa los sucesos entre septiembre de 2025 y julio de 2026, detalla la continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a algunos cambios políticos a partir del 3 de enero de este año.
Los expertos Sofía Macher, Alex Neve y María Eloísa Quintero señalan en el informe que las estructuras de organismos de seguridad e inteligencia que sostienen la represión no han sido desmanteladas, tampoco se han resuelto «las preocupaciones de larga data sobre la independencia judicial» o se han tomado medidas que puedan dirigirse en este sentido.
Pero además, la Misión revisó la reasignación o la continuidad en cargos públicos de 12 personas de las que tienen «motivos razonables para creer» que tienen responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Estas personas formaron parte del funcionariado durante la administración de Nicolás Maduro. En sus funciones institucionales o por el «control de facto ejercido en las dependencias estatales, participaron en distintos grados, como parte de los mecanismos de represión y/o en el desmantelamiento de las instituciones democráticas».
En el listado figuran los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Gustavo Enrique González, antes director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); el ministro de ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, quien fue titular de Defensa hasta marzo; y el ministro de Alimentación Carlos Leal Tellería, mayor general del Ejército.
*Lea también: «Necesitamos ver cambios», reclaman expertos de la Misión de la ONU sobre Venezuela
Otros mencionados son José Miguel Domínguez, alias «Miguelito», director de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, el comisario general del Sebin, Ronny Fernando González; Alexander Granko Arteaga, quien permanece en un alto cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; así como Fabio Enrique Zavarse, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
También se cita a las alcaldesas Carmen Teresa Meléndez (Libertador, Distrito Capital), quien ejerció como ministra de Defensa (2013-2014) y de Relaciones Interiores (2014-2015); y Cruz Torrealba (Aragua de Barcelona, Anzoátegui).
Además se incluyó a Iván Rafael Hernández, director de la Cantv; y el exfiscal general Tarek William Saab, actual jefe de la Gran Misión Viva Venezuela.
Aparte de estos 12 cargos, la Misión de Determinación también ubica a otras seis personas que también ocuparon puestos de alta responsabilidad antes del 3 de enero en instituciones «involucradas en la represión» y que ahora siguen en las altas instancias del poder.
Entre ellos destaca la propia mandataria interina Delcy Rodríguez, quien según recuerda el documento antes ocupó la Vicepresidencia y hasta 2021 era responsable de las actividades del Sebin, una de las instituciones clave en el aparato represor.
También se menciona a su hermano Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional; al director actual del Sebin, Alexis Rodríguez Cabello; al ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; al exdirector de Conatel Jorge Eliécer Márquez; al igual que José Ornelas Ferreira, actual secretario general del Consejo de Defensa de la Nación y exjefe de la REDI Capital.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.





