Cecodap: medidas cautelares de la CIDH amparan a más de mil niños del JM de los Ríos
El Estado venezolano tiene un lapso de 20 días «para informar las acciones que han tomado a los fines de darle cumplimiento a esta medida cautelar»
El 21 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 13 servicios del Hospital José Manuel de los Ríos, lo que significa que el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud y a la vida de los pacientes del principal hospital infantil del país.
El coordinador general de Cecodap (organización de derechos humanos que previene la violencia y promueve el buen trato a la niñez y adolescencia en familias, escuelas y comunidades), Carlos Trapani, aseguró que «esta medida cautelar es una protección internacional a más de 1.000 niños, pues se trata de una medida colectiva».
Asimismo, Trapani enfatizó que el hecho de que la medida se haya otorgado «indica la gravedad y la urgencia en la que se encuentran los pacientes», lo que a su juicio hace «emblemática» la decisión de la CIDH en el contexto de emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado una medida cautelar solo para el servicio de nefrología, pero dada la crisis en la que se encontraban otros 13 servicios, Cecodap, la organización no gubernamental Prepara Familia y las madres de los niños del JM de los Ríos solicitaron una ampliación en octubre del año pasado.
Los 13 nuevos servicios protegidos por la medida de la CIDH debido a las condiciones paupérrimas en las que se encuentran son: cardiología, hematología, neumonología, medicina II y III, anatomía patológica, centro de lactancia, consulta externa y triaje, neurocirugía pediátrica, pediatría integral, nutrición, medicina de adolescentes y neurología.
Carlos Trapani detalló que la decisión de la CIDH establece un conjunto de medidas para el Estado. La primera es garantizar la vida y la salud de los niños; es decir, garantizar tratamientos, equipos, insumos, medicamentos y sobre todo suplementos nutricionales para todos los pacientes de estos servicios.
Además, deben garantizar condiciones de salubridad a todos los niños de los servicios amparados por la medida cautelar. «Lo interesante de las medidas, es que cualquier acción que tome el Estado debe contar con el consenso y la participación de las familias que hacen vida en el hospital», reveló el coordinador de Cecodap.
Igualmente, Trapani dijo que el Estado venezolano tiene un lapso de 20 días, contados desde el 21 de agosto, «para informar las acciones que han tomado a los fines de darle cumplimiento a esta medida cautelar» y resaltó que la importancia de la medida radica en que es un punto de inicio de un proceso para poder exigir, visibilizar y denunciar las condiciones en que se encuentran los niños y sobre todo, que se adopten medidas para poder garantizarles la salud y la vida.
No obstante, el vocero señaló que sería ingenuo decir que con las medidas cautelares de la CIDH «se van a evitar más muertes porque la crisis en el JM de los Ríos va en escala», pero considera que es un paso al frente, por lo que señala que es fundamental denunciar los problemas de los hospitales para que no se queden en cuatro paredes.
Una esperanza
Prepara Familia, organización que acompaña el proceso de las madres y mujeres cuidadoras, considera que la decisión de la Comisión Interamericana «es una esperanza y una posibilidad de mejorar su condición de salud», manifestó Katherine Martínez, fundadora de la ONG.
Estamos hablando de la posibilidad no solo de visualizar su situación, sino también la posibilidad de justicia y reparación. Estos niños tienen muchas puertas cerradas, pero con la medida cautelar se les abre una puerta importante. Es una esperanza para las madres, que ahora sienten que pueden recibir justicia y que sus hijos están protegidos»
Cecodap y Prepara Familia le exigen al Estado «que cumpla con el mandato de la CIDH y para eso es necesario que todos nos unamos para lograrlo», señaló la representante de esta organización. Además, piden «inversión, presupuesto, un plan especial, que se active el comité de compras del hospital, que las familias cuenten con espacios de participación y que estas puedan participar y denunciar sin miedo a represalias y persecuciones».
