Cecodap y Redhnna exigen garantizar un retorno escolar seguro: Faltan condiciones
En rueda de prensa La Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap presentaron el Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026. La vocería tiene una premisa clara: no se oponen al regreso a las aulas pero exigen que se de con condiciones que no pongan en riesgo la vida de la comunidad educativa
Autora: Constanza Cegarra
«No es cualquier regreso a clases, además en un país donde sabemos que el sistema educativo viene con una crisis sostenida y agravada en distintas dimensiones», afirmó Carla Serrano, investigadora y secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de los Niños Niñas y Adolescentes (Redhnna) durante la presentación del informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico de junio de 2026.
La organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) ofrecieron una rueda de prensa este martes 25 sobre el inicio del nuevo año escolar 2026-2027 tras la catástrofe natural en la que 6.509 personas perdieron la vida, según cifras oficiales.
Los voceros destacaron que el anuncio de regresar a las aulas el 14 de septiembre se hizo apenas 81 días después del doblete sísimico. En este sentido, advirtieron que la premura del anuncio y el vacío de información pública por parte de las autoridades no permiten ver con claridad el reinicio de las actividades escolares en un entorno propicio y seguro.
«Que interesante hubiese sido que las autoridades ministeriales nos hubiesen dicho que las clases iniciarían previo a una reparación y certificación de habitabilidad. Eso nos hubiese dado la seguridad de que están resguardando la vida del personal y los estudiantes», enfatizó Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas de Fe y Alegría Venezuela.
Hallazgos principales
A través de 99 reportes ciudadanos de docentes, personal administrativo y obrero de 26 planteles educativos repartidos entre el Distrito Capital, La Guaira y Miranda, el 27,3% de los encuestados reporta daños graves (grietas profundas en columnas, caída de techos o colapsos) y el 33,3% señala áreas totalmente clausuradas.
Asimismo, el informe alerta sobre las fallas de servicios en las escuelas: el 56,6% reporta ausencia o fallas graves en Internet y telefonía, comprometiendo la comunicación y posibles modalidades a distancia. Además, persisten severas deficiencias en agua potable, gas de cocina y transporte.
«Sin garantías totales de espacios seguros el derecho a la vida y a la integridad física está en riesgo», afirmó Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap.
Además del estado físico de las escuelas, el documento también levantó información sobre el duelo y las pérdidas humanas en las comunidades escolares. Faría destacó el caso de Caraballeda en La Guaira donde una matrícula se redujo significativamente de 809 a 399 debido a la devastación y colapso de edificaciones por los terremotos.
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Las propuestas y reflexiones
«La comunidad educativa pide respeto y reconocimiento, que no nos vean como unos entes pasivos que están esperando a que venga alguien a hacer algo. Tiene que haber una coordinación con el Estado, pero coordinación no es solo dar órdenes y bajar instrucciones», dijo Fernando Pereira, educador y cofundador de Cecodap.
Pereira también agregó que es muy importante «reaprender» a comunicarse de manera más directa con las autoridades y sin anuncios a través de las redes sociales como único canal de información oficial.
Las recomendaciones que se proponen en el informe van desde implementar un plan de atención psicosocial y primeros auxilios emocionales
para estudiantes, familias y docentes, hasta diseñar un plan de transición y saneamiento para las escuelas utilizadas como refugios temporales o centros de acopio antes del inicio del año escolar.
Las propuestas responden a la coyuntura actual luego de los terremotos, pero la vocería se afincó en no olvidar que la crisis del sector educativo venezolano no ha dejado de existir e insisten que las mejoras a la comunidad docente parten también por garantizar un salario y condiciones dignas para seguir trabajando.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
