4 preguntas sobre políticas de vivienda en el país, por Rafael Uzcátegui
Autor: Rafael Uzcátegui | @fanzinero
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¿Cuál es el contexto político, en particular, lo relativo a la vivienda y cómo determina las acciones vinculadas a la vivienda?
R: En opinión de Provea, desde octubre del año 2016 el gobierno venezolano dejó de ser una democracia para transformarse en una “dictadura del siglo XXI”, tras las decisiones tomadas al transformarse en una minoría electoral (elecciones parlamentarias de diciembre 2015) que significaron una normativa supraconstitucional, como lo es el decreto de estado de excepción y emergencia económica, y la suspensión de procesos electorales pendientes.
Esta dictadura se profundizó en julio de 2017 al instalar, de manera irregular, una Asamblea Nacional Constituyente. Además de la crisis política, Venezuela vive su peor crisis económica desde por lo menos el año 1958, que ha motivado que un número que oscila entre 2 y 4 millones de venezolanos, pues no existen cifras oficiales, hayan salido del país como migrantes forzados.
En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha convertido la política pública en vivienda, denominada Gran Misión Vivienda Venezuela, en un gran aparato de propaganda que no garantiza el derecho a la vivienda digna de las casi 3 millones de viviendas que conforman el actual déficit habitacional en el país. Durante el año 2017, el gobierno afirmó que construyó 600 mil viviendas en el país, y según los datos recopilados por Provea, provenientes de 3 medios de comunicación estatales, la cifra de viviendas construidas serían 14.996 unidades.
Desde el año 2016 no se publica el informe de gestión del Ministerio de Vivienda y Hábitat, alcanzando la opacidad en la gestión el cénit en el año 2017, cuando ni siquiera se hizo público la Ley de Presupuesto del año 2018, por lo que se desconoce la inversión en el sector a realizarse durante este período. Desde el 1 de enero de 2018 las viviendas de interés social se vienen adjudicando a través de un mecanismo llamado “Carnet de La Patria”, el cual es ejecutado por la organización “Somos Venezuela”, un partido político promovido por Nicolás Maduro en el año 2017.
De esta manera, la discriminación por razones políticas, en materia de Vivienda y Hábitat, se ha convertido en una política de Estado. El derecho a la vivienda, que posee rango constitucional en el país, se ha reducido a su dimensión cuantitativista, la cantidad de supuestas casas construidas y entregadas, abandonado dimensiones como la rehabilitación integral del hábitat o una política de mitigación de los efectos del cambio climático que incluya la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Las ciudades venezolanas son las más peligrosas de la región, lo que ocasiona la inexistencia de espacio público y el normal desarrollo de las capacidades y potencialidades ciudadanas.
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¿Cuál es el estado de situación de las organizaciones del país (articulación entre ellas, fortalezas y debilidades, criminalización, etc.)?
A comienzos de la gestión del presidente Hugo Chávez se realizaron esfuerzos por canalizar la capacidad de autoconstrucción popular incorporando a comunidades organizados en procesos de edificación de vivienda con el apoyo del Estado. Sin embargo, de manera progresiva las diferentes organizaciones sociales y populares fueron cooptadas por las instancias de gobierno, siendo utilizadas para labores de proselitismo político – electoral, perdiendo tanto su autonomía como su esencia diversa y comunitaria.
Desde el Estado se promovieron diferentes instancias de participación en materia de vivienda, que eran abandonadas y sustituidas por otras, como el caso de cooperativas, consejos comunales, organizaciones comunitarias de vivienda y, finalmente, asamblea de viviendo venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha erosionado el libre tejido asociativo del país, promoviendo un tipo de organización con características clientelares y dependiente de los presupuestos estatales. La ausencia de democracia en el país ha ocasionado que se criminalice y hostigue las organizaciones independientes en las diferentes dimensiones sociales, agotando las propias experiencias en vivienda afines al ejecutivo nacional, como los comités de sin techo o el movimiento de pobladores. Las organizaciones sociales se encuentran debilitadas tras dos décadas de gestión bolivariana y la crisis migratoria, que ha llevado a muchos activistas a salir del país.
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¿Cuáles son las principales acciones de las organizaciones del país (espacios, leyes, normativas, proyectos demostrativos)?
La capacidad prefigurativa de la acción de los movimientos sociales y populares del país se encuentra congelada debido a la situación de ausencia de democracia, que ocasiona que sus esfuerzos se enfoquen en dos dimensiones: la propia supervivencia institucional y personal y, por otro lado, las acciones por el rescate de la democracia en el país.
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¿Cuáles son las oportunidades que vislumbran para el avance político de la producción social del hábitat?
La experiencia bolivariana ofrece oportunidades para evaluar una gestión en vivienda y hábitat, y superar una manera de promover el derecho a la vivienda y hábitat para el beneficio de las familias necesitadas de un techo propio. Sin embargo, el principal obstáculo actual para el disfrute de derechos sociales, incluyendo el derecho a la vivienda, lo constituye la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
La única manera de generar condiciones para reimpulsar un proceso de producción social del hábitat, de recuperar debates olvidados como la importancia del espacio público y el derecho a la ciudad, sin discriminación y estimulando la autoorganización de los sectores populares, es promoviendo la transición de la dictadura a la democracia.
