Solo 39% de los venezolanos respaldaba a priori el diálogo, según encuestas de ORC
El politólogo Oswaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores, señaló que los dos comunicados que anunciaron el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición no aclaran quién actúa como garante ni cuándo, dónde o con qué periodicidad se reunirán las delegaciones. El consultor calificó el mecanismo como una negociación impulsada por Estados Unidos más que como un acercamiento espontáneo entre las partes venezolanas
En entrevista con el programa Noche D de TalCual, conducido por Víctor Amaya, Ramírez Colina explicó que el proceso iniciado el primero de agosto se originó en una llamada —o videollamada, según algunas fuentes— entre representantes de la administración de Delcy Rodríguez y de un sector opositor liderado por Dinora Figuera. «Yo me inclino por la tercera opción», respondió el consultor al ser consultado sobre si se trata de un diálogo, una negociación o un esquema impuesto por un actor externo, en referencia a Washington. El politólogo situó el origen del proceso en abril, cuando Michael Kozak (subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos) invitó a Figuera a Washington, encuentro que derivó en la reunión del 18 de junio entre esta y Jorge Rodríguez en el Palacio Legislativo.
El politólogo detalló diferencias entre los dos comunicados divulgados tras el primer contacto. El de Jorge Rodríguez se conoció sin membrete, a través de su cuenta de Telegram, y a nombre del «gobierno nacional» en lugar de mencionar un gobierno interino. El de Figuera, en cambio, mantuvo los símbolos de la Asamblea Nacional electa en 2015 y cerró con un párrafo de agradecimiento a Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio. Para Ramírez Colina, ese contraste «resta seriedad» al anuncio, sobre todo porque ninguno de los dos textos precisó lugar, fecha ni hora del próximo encuentro entre las delegaciones.
Los tres puntos de agenda mencionados en ambos comunicados son la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio en La Guaira y Caracas, el fortalecimiento de la democracia y las garantías políticas. Ramírez Colina cuestionó el orden de esos puntos, al considerar que las garantías deberían anteceder al fortalecimiento democrático, y advirtió que el capítulo sobre atención al sismo también funciona como una vía para destrabar fondos venezolanos congelados en el exterior, sin que ello equivalga necesariamente a un gesto humanitario desligado de intereses políticos.
El consultor citó datos de un estudio propio realizado a mediados de junio —con 1.142 muestras y 95% de confianza— según el cual solo 39% de los consultados a nivel nacional respaldaba a priori un proceso de negociación, cifra que subía a 70% entre los identificados con la oposición. Añadió que los índices de esperanza sobre el futuro político, que cerraron 2025 alrededor de 46-51%, saltaron a 81% en febrero tras el cambio de gobierno del 3 de enero, pero retrocedieron a 65% en junio. Ramírez Colina describió el momento actual como una superposición de «lunas de miel» —con Estados Unidos, con la inversión extranjera y con la propia gestión de la encargada del Ejecutivo— que, dijo, pueden desvanecerse si no hay resultados concretos, tal como ocurrió con la confianza en Delcy Rodríguez, que cayó de 26 a 13 puntos en pocos meses.
Sobre quién funge como garante del proceso, el politólogo señaló que, aunque se asume que es Estados Unidos, ningún comunicado lo confirma formalmente, a diferencia de negociaciones previas mediadas explícitamente por el Reino de Noruega. Insistió en que la liberación de los presos políticos debe ser prioridad del proceso y que la sociedad venezolana en general, no solo los familiares de los detenidos, debe mantenerse atenta a esa causa. Como señal de seriedad para inversionistas y actores políticos, Ramírez Colina apuntó a la eventual construcción de instituciones sólidas, más allá del «fortalecimiento» de las que ya existen.
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