Relatoría de la CIDH urge a Venezuela a garantizar el derecho al medioambiente sano
En el país, uno de los derechos más vulnerados es el del agua, lo cual tiene «profundos impactos en la garantía de otros derechos», como los de salud educación, la vivienda, entre otros
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en su informe anual de 2021 su preocupación por la garantía del derecho al medioambiente sano y el derecho al agua en Venezuela.
En el documento, de fecha 26 de mayo y que lleva por nombre «Informe anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un llamado «urgente» a garantizar el derecho al medioambiente sano en Venezuela que, entre otros, «sería uno de los más afectados ante las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco».
La red denuncia que la «falta de control estatal en la zona -en la que se han reiterado las denuncias por el control que ejercen grupos armados ilegales-, ha generado un estado de vulnerabilidad para habitantes de la zona, con un impacto desproporcional y diferenciado en mujeres, pueblos indígenas y en las poblaciones fronterizas. Dicha situación estaría caracterizada por los altos impactos ambientales, la escasez de los medios de vida – alimentos, bienes y servicios- y riesgos significativos en materia de salud, ante la exposición al mercurio por parte de la población, el cual se seguiría utilizando para la extracción de oro, pese a estar prohibido como método de obtención o tratamiento de minerales en el territorio nacional».
Con relación al derecho humano al Agua, la Redesca denunció que la situación en Venezuela sigue siendo «especialmente preocupante», y que la la falta de garantía de este derecho eleva de manera considerable los riesgos de contagio del COVID-19.
En este sentido, estiman que 80% de la población venezolana recibiría agua de manera intermitente y que el líquido que llega a los hogares no cumpliría con los estándares de calidad necesarios.
«Además, a partir de una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 70% de las personas consultadas considera que las problemáticas relacionadas con el agua están afectando su calidad de vida, más aún teniendo en cuenta que el 56% considera que el agua para consumo que reciben en su hogar no sería segura. En consecuencia, solo en el primer trimestre del año, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 223 protestas por exigencia de agua, ante las limitaciones de acceso al recurso para el aseo personal, doméstico y comunitario», detallan.
También, enfatizan que la falta de garantía de derecho al agua tiene «profundos impactos en la garantía de otros derechos», como los de salud educación, la vivienda, entre otros.
«Esta problemática, aunada a las debilidades del sistema eléctrico y los constantes apagones, ha afectado la calidad de vida en los hogares e impedido la de atención a pacientes en centros hospitalarios en reiteradas ocasiones, así como la implementación de medidas adecuadas de saneamiento e higiene en estas instalaciones. Por esta razón, se reitera que es prioritario adoptar medidas enfocadas a solucionar el problema de escasez de agua a nivel nacional, pues en el marco del Sistema Interamericano, el derecho humano al agua impone la obligación a los Estados de garantizar el acceso al agua salubre y en cantidad suficiente como una condición ineludible para la satisfacción y ejercicio de varios derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, entre otros», indican.
