ONU: Imputación contra involucrados en caso Acosta Arévalo son pasos contra la tortura
Tras la reciente decisión en el caso de Acosta Arévalo, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, señala que, el TSJ debería sancionar a la juez que dictó sentencia en ese caso hace un año por haber complicidad. «Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría actuaron de manera coordinada buscando garantizar impunidad», considera
El abogado y defensor de los derechos humanos Alonso Medina Roa anunció la tarde de este jueves 22 de octubre que a los dos funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detenidos por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo se les realizó una nueva imputación y los delitos imputados por el Ministerio Público son: homicidio calificado con alevosía y tortura.
El año pasado, cuando los dos funcionarios fueron presentados, el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, decidió condenar a solo seis años y ocho meses de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento segundo Estiben José Zarate, ambos de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim.
La oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció al respecto, este viernes 23 de octubre, y aseguró que las nuevas imputaciones contra los dos militares involucrados en el asesinato del capitán Acosta Arévalo «son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura». De la misma manera, alentó a «Venezuela a tomar medidas para erradicar la tortura y asegurar la rendición de cuentas».
En este sentido, Marino Alvarado, coordinador de Provea, considera que esta nueva decisión de la Fiscalía «es un paso parcial hacia la justicia en la medida que se está aplicando la Ley contra la Tortura que debió haberse aplicado en la primera imputación».
No obstante, el defensor de derechos humanos, explica que es un avance parcial porque si no se investiga la cadena de mando, «en particular al general Hernández Dala, director de la Dgcim; al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; que son la cadena de mando directa y más alta de la Dirección de Contrainteligencia, no estamos avanzando hacia la investigación integral y donde se pueda hacer totalmente justicia».
En segundo lugar, Alvarado detalla que esta nueva imputación realizada por el Ministerio Público «pone en evidencia la complicidad del fiscal Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, con la primera imputación y con la sentencia». Asimismo, el representante de Provea cree que si ambos funcionarios tuvieran dignidad deberían renunciar porque el «Tribunal Supremo de Justicia los desenmascaró», sentencia.
Para Marino Alvarado, la decisión tomada este jueves usando la Ley contra la Tortura revela que antes hubo «toda la intención de generar impunidad en el caso».
En opinión de Provea, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó revisar la sentencia por la fuerza del informe de la Misión de Determinación de los Hechos en el caso de Acosta Arévalo, donde se pone en evidencia que fue asesinado mediante torturas y la participación de altos funcionarios y por contundente informe de Amnistía Internacional que pudo acceder al expediente y demostrar paso a paso los argumentos del Ministerio Público.
Marino Alvarado señala que, tras la reciente decisión, el TSJ debería sancionar a la juez que dictó sentencia en ese caso hace un año por haber complicidad. «Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría actuaron de manera coordinada buscando garantizar impunidad», afirma.
Sin embargo, el defensor de DDHH, cree que «hoy se da un paso que pareciera que lleva a un camino que indica que se puede hacer justicia en este caso y ojalá sirva para que se pueda avanzar en otros casos como el asesinato del concejal Fernando Albán, donde debe investigarse la presunta responsabilidad de Gustavo González López y la cadena de mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)», detalló.
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