Óscar Murillo: «Las excarcelaciones se dan como una gracia y no como reparación»
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, afirmó que las excarcelaciones de presos políticos siguen ocurriendo bajo un esquema de opacidad, discrecionalidad y sin reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. En entrevista en Noche D, sostuvo que las víctimas que comienzan a hablar después de salir de prisión son fundamentales para construir memoria, exigir justicia y evitar que las violaciones de derechos humanos se repitan
Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela continúan presentándose como una concesión del Estado y no como una reparación frente a detenciones injustas y violaciones de derechos humanos, afirmó Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
«Las excarcelaciones se dan desde una actitud y desde una posición en la que es el Estado el que está otorgando una especie de gracia, o sea, un regalo y no una reparación», dijo Murillo durante una entrevista con Víctor Amaya en el programa Noche D, de TalCual. El defensor de derechos humanos sostuvo que esto ocurre porque las autoridades venezolanas no han asumido responsabilidad por las violaciones denunciadas durante los últimos años. «Desde el primer momento no ha habido ningún gesto, ninguna disposición clara por parte de los representantes del Estado venezolano en asumir las violaciones de derechos humanos como parte de su responsabilidad. Eso no ha ocurrido», señaló.
Murillo vinculó ese comportamiento con la manera en que se han producido las distintas jornadas de excarcelaciones anunciadas desde comienzos de 2026. Según explicó, en cada uno de esos procesos se repite el mismo problema: las autoridades informan una determinada cantidad de personas excarceladas, pero las organizaciones independientes de derechos humanos y los familiares no consiguen verificar posteriormente esa cifra. «Hay una cifra y luego las organizaciones independientes de derechos humanos, junto con la familia, no pueden verificar esta cifra», afirmó.
El viernes 14 de agosto se anunció oficialmente la excarcelación de 131 personas. Para el lunes siguiente, las organizaciones de derechos humanos citadas durante Noche D todavía reportaban cantidades inferiores de casos comprobados. Murillo aseguró que Provea ha pedido en distintas oportunidades al Ministerio de Servicio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que suministren información que permita verificar estos procesos.
Para el coordinador de Provea, esa ausencia de datos no constituye un problema aislado. «Eso de nuevo se evidencia en el caso de las excarcelaciones», señaló al describir una administración pública caracterizada, según su evaluación, por la falta de rendición de cuentas y de transparencia.
Las víctimas recuperan la voz
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la aparición pública de testimonios de personas que, tras ser excarceladas, han comenzado a denunciar torturas, malos tratos y las condiciones en las que permanecieron detenidas. Murillo señaló que esas voces permiten documentar directamente hechos que durante años fueron denunciados por familiares, ONG y organismos internacionales.
«Las víctimas están retomando el espacio que como víctimas precisamente pueden ir tejiendo la memoria y el historial de abusos y violaciones de derechos humanos», explicó.
El programa presentó antes de la entrevista el testimonio de Jesús García, extrabajador de Pdvsa, quien denunció haber sido torturado, recibir alimentación insuficiente y sufrir malos tratos mientras estuvo recluido. Para Murillo, testimonios como ese permiten confrontar lo que describió como una narrativa de negación de las violaciones de derechos humanos. «Aquí no hubo invento, aquí no hubo fantasía», afirmó.
Sostuvo que la documentación de esos casos debe servir no solamente para exigir responsabilidades, sino también para establecer garantías que eviten la repetición de los hechos. Murillo recordó que Provea calificó en su informe de 2024 el período anterior como una «década oscura para los derechos humanos» y señaló que los nuevos testimonios permitirán ampliar la memoria sobre lo ocurrido.
Reparar también después de la cárcel
Murillo advirtió que la responsabilidad frente a quienes estuvieron detenidos no termina con abrir las puertas de una cárcel. Señaló que algunas víctimas perdieron sus empleos, sufrieron reducciones salariales o quedaron con consecuencias emocionales que dificultan regresar a la vida que tenían antes de ser detenidas. Por esa razón, consideró necesaria una política de acompañamiento que permita su reinserción y que incluya atención psicoemocional. «Debe haber de parte del Estado un proyecto que incorpore todos estos elementos […] de acompañamiento emocional, pero también el acompañamiento a una reinserción digna», afirmó.
Murillo destacó, sin embargo, que la manera en que cada persona procesa lo ocurrido es individual. Algunas quieren contar su experiencia, mientras otras prefieren evitar entrevistas y concentrarse en reencontrarse con sus familias. «Es un proceso muy, muy personal que hay que respetar», señaló.
A largo plazo, planteó la necesidad de construir mecanismos de memoria colectiva que puedan incluir proyectos comunicacionales, documentales, iniciativas museísticas y fondos especializados para las víctimas. El coordinador de Provea sostuvo que cualquier proceso de recuperación institucional debe incorporar cuatro dimensiones: memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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