Cuatro personas vinculadas a caso Tancol fueron condenadas a 30 años, denuncia ONG
De los 68 casos que ha documentado Surgentes y el Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, 23 han sido condenados a pena máxima por tribunales de terrorismo: siete de ellos luego de haber sostenido reuniones con el Programa de Paz y Convivencia Democrática, la Defensora del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público
La organización Surgentes denunció que cuatro personas vinculadas al «caso Tancol», como se conocen a una serie de detenciones arbitrarias en poblaciones fronterizas desde 2021, fueron condenadas a 30 años de prisión el jueves 3 de septiembre por el juez José Antonio García Morán, del Tribunal 1 de Juicio con competencia en Terrorismo.
Renso José Pita Quintero, Jesús Eudias Puerto Moreno, Rudy Jazmín Ibarra Rubio y Jean Carlos Salazar fueron detenidos de forma arbitraria en la población de Naranjales, (municipio Fernández Feo del estado Táchira). Surgentes señaló que todos fueron desaparecidos forzosamente, estuvieron incomunicados y fueron torturados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«Agarraron a gente inocente, muy humilde, de pueblos de la frontera para mostrar números y éxitos policiales y militares. Los torturaron, los desaparecieron, no le garantizaron su derecho a la defensa, y ahora el Juez Primero de Terrorismo, José Antonio García Morán, los condeno, sin pruebas, a 30 años. Basta de injusticia. Exigimos amnistía para todos», señaló Edgar García, familiar de Jesús Puerto Moreno.
De los 68 casos que ha documentado Surgentes y el Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, 23 han sido condenados a pena máxima por tribunales de terrorismo: siete de ellos luego de haber sostenido reuniones con el Programa de Paz y Convivencia Democrática, la Defensora del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
«No entendemos qué pasa. Tenemos rabia, tristeza, impotencia al ver que nuestros familiares son condenados siendo inocentes y que las instituciones no terminan de ayudarnos a corregir las injusticias que hemos vivido en los últimos cinco años», expresó Diana Ibarra Rubio, hermana de Rudy.
También cuestionó que las autoridades hablen de acabar con la «criminalización de la pobreza, pero no liberan a nuestros familiares, que están presos por pobres, porque no tenían como defenderse ni pagar lo que le pedía el Dgcim para soltarlos».
Los familiares han exigido a la Defensa Pública que apele esta sentencia e insistieron al Ministerio Público y al Programa de Paz y Convivencia Democrática que promuevan una amnistía o indulto para sus familiares.
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