ONG exigen a Defensoría del Pueblo permitir ingreso de la CIDH a Venezuela
Sostienen que es un buen momento para que la CIDH haga un estudio en la zona fronteriza con Colombia, y en especial la actuación de grupos armados irregulares frente a los ciudadanos que viven en estas regiones
FundaRedes y otras nueve organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Táchira suscribieron una solicitud dirigida a la Defensoría del Pueblo, con la intención de exigir que el ente tome las acciones necesarias para garantizar el ingreso y la permanencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Venezuela, de cara a la ‘Observación In Loco’ que realizará entre los días 3 y 7 de febrero.
Representantes de las organizaciones Organizaciones UniAndes, Proyecto 860, Movimiento Vinotinto, Coalición por los DDHH y la Democracia, RedUni, Coalición Anticorrupción, Transparencia Venezuela, Foro Penal, Funauta, Médicos Unidos por Venezuela, Socio, Creemos Alianza Ciudadana, SUMA y otras, acudieron a la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, Táchira, para acompañar la entrega de la solicitud.
Con la vocería de la directora de FundaRedes, Clara Ramírez, las ONG expusieron los fundamentos legales de la solicitud, con el argumento angular de que, si en Venezuela se respetan los Derechos Humanos, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ninguna razón para tratar de impedir la visita de la CIDH.
Además, Ramírez razonó que es un buen momento para que la CIDH haga un estudio en la zona fronteriza con Colombia, y en especial la actuación de grupos armados irregulares frente a los ciudadanos que viven en estas regiones.
«Es propicia la ocasión también para invitar a la CIDH a que recorra la zona de frontera venezolana, para que constate cómo miles de ciudadanos son víctimas de los grupos armados irregulares, sometidos a trabajos ilegales para sobrevivir, pero además, cómo a diario se cometen violaciones al derecho a la vida, derecho al debido proceso, a la salud, al libre tránsito, al trabajo digno, con atentados reiterados que han llevado a la Crisis Humanitaria Compleja que vive Venezuela actualmente», explicó Ramírez.
El documento fundamenta que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física, el logro de los objetivos y la efectividad de la visita de la CIDH, al brindar «todas las facilidades y recursos suficientes» para que desempeñen su trabajo en suelo venezolano. Por lo tanto, instan a no impedir su movimiento en o desenvolvimiento en el estado Táchira.
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Observación In Loco
Como parte de su ‘Observación In Loco’, la CIDH prevé sostener reuniones con víctimas de violaciones de Derechos Humanos y sus familiares, al igual que revisar diversas denuncias propiciadas por la ciudadanía general.
En este proceso, se dedicarán a visitar cárceles y centros de detención, grabarán testimonios, recopilarán información audiovisual y se desplazarán por el territorio necesario para culminar de forma exitosa la investigación.
Se trata de la tercera visita realizada por la CIDH en Venezuela. La primera, que tenía la misión de observar el funcionamiento de las cárceles, se desarrolló entre el 12 y 18 de mayo de 1996; y luego una segunda tuvo lugar entre el 6 y 10 de mayo de 2002 por invitación del expresidente Hugo Chávez.
Después de que la CIDH resaltase en su informe las debilidades del Estado de Derecho en Venezuela, Chávez respondió cerrando las puertas al organismo.
«la única manera que el gobierno del presidente Chávez acepte otra visita in loco, es que la Comisión acepte públicamente su error al reconocer el golpe de estado del 11 de abril de 2002, la sustitución del secretario ejecutivo y el nombramiento de un nuevo Relator para Venezuela y que se reforme el reglamento de la Comisión para garantizar la transparencia, la independencia y la pluralidad de pensamiento en el seno del sistema de protección de derechos humanos», fue la respuesta oficial del Estado en aquella oportunidad.
