Misión de la ONU: Legitimidad e impacto de amnistía depende de un proceso transparente
La Misión de Determinación de los Hechos subrayó que toda ley de amnistía no debe estar sujeta a «márgenes indebidos de discrecionalidad», debe «prever mecanismos claros» para su implementación y supervisión, al igual que «canales accesibles para denunciar abusos»
La Misión de Determinación de los Hechos afirmó que la legitimidad e impacto del proyecto de ley de amnistía, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, «dependen de un proceso transparente e inclusivo» donde estén incluidas las víctimas, sus familiares y sociedad civil.
«Una ley de amnistía ofrece una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela», señaló en un comunicado Alex Neve, miembro de la Misión de Determinación de los Hechos. «Sin embargo, su legitimidad e impacto dependen de un proceso transparente e inclusivo, que esté plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos».
Para los expertos de la Misión, en esta ley debe estar garantizado además la rendición de cuentas así como la participación «segura y significativa» de las víctimas.
«Esta ley tiene el potencial de contribuir a restituir derechos y reparar el tejido social de Venezuela, pero las voces de los incontables venezolanos cuyos derechos han sido vulnerados en las cárceles del país, así como las organizaciones de la sociedad civil que los han asistido y defendido, deben estar en el centro de este proceso», dijo Neve.
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La Misión de Determinación de los Hechos destacó que, si bien el proyecto fue hecho público, se ha evidenciado la ausencia de consultas públicas informadas, inclusivas y seguras.
Asimismo, plantearon diversos puntos que deben estar incluidos en el proyecto de ley para su aprobación y promulgación, pues no se contempla la aplicación a personas que han sido acusados, procesados o condenados por delitos contra el patrimonio público.
También podría dejar fuera a personas procesadas o condenadas bajo instrumentos legales utilizados para restringir el espacio cívico y facilitar la persecución por motivos políticos, así como causas tramitadas ante jurisdicción militar.
«Preocupa que la amnistía se conceda únicamente respecto de delitos políticos y conexos, dejando fuera otras formas de criminalización, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria», señaló María Eloísa Quintero, experta de la Misión. «Una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos».
La Misión de Determinación de los Hechos subrayó que toda ley de amnistía no debe estar sujeta a «márgenes indebidos de discrecionalidad», debe «prever mecanismos claros» para su implementación y supervisión, al igual que «canales accesibles para denunciar abusos».
«Sería conveniente que el procedimiento judicial de verificación cuente con la participación de las víctimas, sus familiares, sus representantes y organizaciones de derechos humanos, a fin de evitar que la ley se instrumentalice o se aplique de manera incompatible con los estándares internacionales», señaló Quintero. «Esto es aún más importante, ya que no debemos olvidar la rendición de cuentas. Ninguna transición sostenible puede construirse sobre la impunidad».
Por otra parte, indicaron que las excarcelaciones deben continuar «sin interrupción», y la ley de amnistía debe ir acompañada de «reformas estructurales para desmantelar el marco legal» y la represión en el país.
«Lo que se requiere en este momento crucial es una agenda integral y basada en consensos para la transición del país, plenamente fundamentada en estándares internacionales», señaló Quintero. «La justicia, la verdad y la reparación para las víctimas deben estar en el centro de cualquier medida que busque abrir un camino democrático».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
