Misión de Determinación insta al gobierno venezolano a reconsiderar su salida de la CPI
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU puntualizó que la decisión del gobierno venezolano sobre la CPI llega en un momento crítico para el país «cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia, la verdad y un adecuado esclarecimiento de los hechos del pasado»
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela instó este lunes 27 a las autoridades venezolanas a reconsiderar su decisión sobre su salida de la Corte Penal Internacional (CPI), donde permanece en curso una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
La medida, anunciada por la administración de Delcy Rodríguez el 24 de julio, «sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos», destacó la misión en un comunicado, donde se señaló –además– que la decisión «suscita serias preocupaciones sobre el compromiso» de las autoridades con la rendición de cuentas.
La Misión de Determinación también puntualizó que llega en un momento crítico para el país «cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia, la verdad y un adecuado esclarecimiento de los hechos del pasado».
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Los expertos María Eloísa Quintero, Sofía Macher y Alex Neve reiteraron que el gobierno venezolano no ha adoptado ninguna medida significativa para avanzar en las investigaciones sobre las graves violaciones cometidas en la última década, y se «busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional».
La administración Rodríguez denunció el Estatuto de Roma para iniciar su retirada definitiva de la CPI, por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI anunció el inicio de una investigación por presuntas torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual presuntamente cometidas desde 2014 contra personas opositoras o consideradas como tal. Ese expediente se abrió después de que seis Estados parte solicitaran en 2018 que la Fiscalía examinara la situación venezolana.
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