Caso PDV Marina: 12 extrabajadores exigen a tribunales que reconsidere amnistía
12 extrabajadores de PDV Marina, arrestados por el evento del buque Negra Hipólita, esperan porque el tribunal reconsidere su negativa de amnistía. Luis Díaz indicó que durante cuatro años se presentaron mensualmente a tribunales. Al iniciar el juicio, se redujeron a cada 15 días, aunque el proceso no avanza. «Solo presentan algunas incidencias, pero estamos en un limbo judicial
12 extrabajadores de la empresa PDV Marina, quienes fueron arrestados en pleno inicio de la pandemia en el tanquero Negra Hipólita, solicitaron este jueves 28 al Tribunal tercero de juicio con competencia en terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero, que reconsidere la negativa de amnistía en sus casos y les otorgue el sobreseimiento.
«Han pasado más de seis años, fue introducida la Ley de Amnistía y el día de hoy, para sorpresa de nosotros, se nos fue negada. Somos alrededor de 12 trabajadores que simplemente estamos exigiendo que den justicia», señaló Robinson Lugo, uno de los afectados.
El grupo lleva seis años con medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales. Hace dos años inició un juicio del que apenas han tenido seis audiencias, pero los principales responsables como el capitán Franklin Uztáriz –aseguran los extrabajadores– fueron condenados a penas de siete años y tres meses de prisión y puestos en libertad plena luego de solicitar la amnistía este año.
Luis Díaz, segundo oficial de máquinas, Emisael Quiroz, tercer oficial de máquinas; Tony Rodríguez, segundo oficial de cubierta; y Robinson Lugo, auxiliar de máquinas; trabajaban en el buque petrolero Negra Hipólita cuando fueron detenidos el 5 de marzo de 2020 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Ese día fueron arrestadas 38 personas, entre ellos el presidente de PDV Marina, Oswaldo Vargas, por el contrabando de 126.000 barriles de combustible desde el tanquero Negra Hipólita al buque tanque Panaman Glory, entre otras embarcaciones.
Lugo explicó que debido a una «mala maniobra del capitán», el buque Negra Hipólita cruzó hacia aguas internacionales por lo que fueron detenidos. «El capitán es el principal responsable de esa embarcación. Salió libre el presidente de la empresa en su momento, es un caso emblemático. Estamos en un limbo, con un juicio donde vamos cada 15 días y las audiencias las suspenden, las difieren».
El 25 de abril de 2020, luego de dos meses detenidos en la Dgcim Boleíta, salieron bajo medidas cautelares ordenadas por la jueza Carol Padilla. Fueron imputados de los presuntos delitos de asociación para delinquir, terrorismo, contrabando agravado y manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos.
Luis Díaz indicó que durante cuatro años se presentaron mensualmente a tribunales. Al iniciar el juicio, se redujeron a cada 15 días, aunque el proceso no avanza. «Solo presentan algunas incidencias, pero estamos en un limbo judicial (…) Nuestro caso lo separaron en dos causas: las personas que admitieron y las que no, donde estamos nosotros. El capitán, el piloto, ellos admitieron y son personal gerencial, de confianza de la empresa. Ese grupo culminó medidas cautelares, les dieron libertad y se reincorporaron a sus puestos».
En su caso y sus otros 11 compañeros, explicó Díaz, al negarse a admitir la causa se produjeron más dilaciones. «Nos dijeron que admitiéramos para darnos una condena de menor tiempo, pero con antecedentes penales. Nosotros no admitimos un delito que no hicimos».
Durante el tiempo que estuvieron detenidos en la sede de la Dgcim Boleíta, expresó Díaz, estuvieron bajo «presión psicológica» constante. Estaban en celdas de 3 metros de largo por dos de ancho, con luz blanca las 24 horas del día, estuvieron en desaparición forzada durante cinco días y nunca recibieron visitas en todo ese tiempo por la pandemia de covid-19.
«Yo supe de mi familia cuando salí», señaló Díaz.
Emisael Quiroz destacó que en dos años apenas han tenido seis audiencias de juicio. «Cabe destacar que no todos somos de Caracas. Aquí hay gente de Maracaibo, Punto Fijo, yo soy de Yaracuy; todos hacemos un esfuerzo para venir y presentarnos ante el tribunal cada 15 días y apenas llegamos nos difieren y tenemos que devolvernos».
El caso les ha dejado afectaciones de todo tipo. Quiroz lamentó que nunca pudo ejercer su carrera a plenitud, pues apenas llevaba dos meses trabajando en PDV Marina cuando fue arrestado. La filial les suspendió al grupo sus salarios, beneficios y los desligaron de sus cargos 15 días después de salir en libertad. Ahora mantiene un puesto de venta de frutas para poder subsistir.
El resto también se mantiene en la informalidad, trabajando como ayudantes de albañilería, capacitaciones o revisiones esporádicas en puertos.
«Nosotros hacemos el llamado para que se nos haga justicia, nos den el sobreseimiento por efecto extensivo y estemos libres todos», puntualizó Lugo.
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