Humberto Prado pide a Bachelet evaluar reforma policial ordenada por Maduro
Humberto Prado enfatiza que “las recientes reestructuraciones del régimen de Maduro en cuanto a modificaciones de la PNB, así como el reciente traslado de presos políticos se constituyen como decisiones fuera del orden jurídico del país»
El Comisionado para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evaluar las reestructuraciones hechas por Nicolás Maduro «en el ámbito policial y en las detenciones ilegales», por considerar que son «meros formalismos».
Hace pocos días, Maduro ordenó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana y emitieron un decretó donde se pide a la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el traslado de sus detenidos a cárceles comunes, acciones que fueron notificadas por el Ejecutivo a la Corte Penal Internacional (CPI), tras requerimientos solicitados por ese tribunal en octubre de 2020; reforma que fue celebrada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al considerar que va en «buena dirección».
#Venezuela anunció recientemente reformas de la policía y de la detención. Estos son pasos en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar las recomendaciones de @UNHumanRights.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 21, 2021
Ante este pronunciamiento, Prado mostró preocupación y envió una carta a la Bachelet para pedir una revisión.
De acuerdo con el comisionado para los DDHH, «estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad. Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares de derechos humanos».
En la carta remitida a la alta comisionada, señala que las modificaciones efectuadas por el gobierno de Maduro están «fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela».
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De la misma manera, Humberto Prado enfatiza que “las recientes reestructuraciones del régimen de Maduro en cuanto a modificaciones de la PNB, así como el reciente traslado de presos políticos se constituyen como decisiones fuera del orden jurídico del país».
El comisionado de los DDHH considera y expone que para la reestructuración policial tenga algún valor práctico «debería colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de dichas ejecuciones extrajudiciales”. De acuerdo con los registro de Provea, solo el año pasado 2.853 personas fueron asesinadas por policías y militares en el país, siendo la PNB responsable de 672 ejecuciones.
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