181 presos murieron bajo custodia estatal el año pasado: 95% por falta de atención médica
La mayoría de las muertes de presos en las cárceles del país durante 2025 estuvo asociada a enfermedades, en un contexto de escasa atención médica, problemas de alimentación y deterioro de las condiciones de reclusión. El OVP instó al Estado a adoptar medidas urgentes para proteger la vida de los reclusos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó la muerte de 181 presos en cárceles (158) y calabozos policiales (23) durante el 2025 en todo el país. Cuatro de estos eran presos políticos, 95% de los casos fue por falta de atención médica; es decir, 151 de los fallecimientos. Los datos se traducen como que ocurrió una muerte cada dos días en estos centros de reclusión.
La comparación entre los años 2024 y 2025 demuestra que las muertes cárceles y calabozos aumentaron 21,5%, el año anterior el registro fue de 149. Cinco de las fallecidas el año pasado eran mujeres.
Además de las causas de salud, las demás muertes están relacionadas a hechos violentos (cuatro), un supuesto suicido y dos por accidentes (electrocución y durante un traslado de emergencia a un centro médico).
Entre las principales causas médicas de muertes de reclusos destacan 48 casos por afecciones cardiovasculares o cardiopatías de origen cardíaco, 39 por enfermedades respiratoiras, ocho por falla multiorgánica y siete por shock hipovolémico.
El informe atribuye estas muertes a la falta de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico, además de la desnutrición y las malas condiciones de reclusión.
Humberto Prado, director del OVP, destacó que «el hacinamiento está por el orden de 176,83% y afirmó que a los «presos se les sigue violentando sus derechos fundamentales». Indicó que el total de detenidos es de 26.694 solo en cárceles.
El informe presentado este martes 2 de junio también mostró que pese a que en el país hay 52 cárceles, solo 39 están operativas.
El OVP también registró un solo caso de suicidio y al menos tres intentos: dos de las intenciones dos ocurrieron en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, y la otra en el Rodeo I, estado Miranda.
En este sentido, la organización advirtió que existe una crisis de salud mental dentro de las cárceles. Se explicó que, de acuerdo con testimonios de los familiares, luego de intentos de suicidio, la víctima es trasladada a enfermería y «sedado», pero no se les ofrece atención profesional adecuada en salud mental, «lo que evidencia la ausencia de protocolos efectivos para proteger su integridad psicológica y física», expone el informe.
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Alimentación: una deuda pendiente
El informe dedica un apartado a las condiciones de alimentación dentro de los centros penitenciarios y advierte que gran parte de la población reclusa depende de la ayuda de sus familiares para poder alimentarse adecuadamente.
La organización documentó dietas basadas principalmente en arroz, granos y arepas sin relleno, con escaso aporte proteico, mientras que en algunos centros se reportó el suministro de alimentos en mal estado.
En el caso de las mujeres privadas de libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones resaltó que las condiciones de alimentación y salud inciden directamente en el deterioro físico y emocional de las internas. Como ejemplo citó el caso de Yusbely Rangely Hernández Lucena, fallecida en mayo en el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, ubicada en Uribana, estado Lara, tras sufrir una infección respiratoria que no recibió atención oportuna. Según testimonios recogidos por la organización, mantenía una dieta deficiente y padecía depresión sin recibir tratamiento especializado.
Recomendaciones para frenar la crisis
Ante este panorama, el Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que la crisis penitenciaria ya no puede entenderse únicamente como un problema de infraestructura o gestión, sino como «una violación sistemática de derechos fundamentales».
La organización advirtió que durante 2025 no hubo mejoras sustanciales en materia de alimentación, salud ni acceso al agua, pese a las exigencias formuladas por la población reclusa tras la huelga nacional de hambre de 2024.
Entre sus recomendaciones, el OVP instó al Estado a implementar un sistema integral de atención en salud que garantice prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento médico y atención de salud mental dentro de los centros de reclusión. También pidió desarrollar una política penitenciaria orientada a la reinserción social, profesionalizar al personal penitenciario, garantizar el acceso de organizaciones independientes de derechos humanos a las cárceles y transparentar la gestión del sistema mediante la publicación de información oficial y rendición de cuentas.
Para la organización, las 181 muertes de presos registradas bajo custodia del Estado en 2025 evidencian que la falta de atención médica, la desnutrición y las condiciones insalubres de reclusión continúan poniendo en riesgo la vida de miles de personas privadas de libertad en el país.
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