Familia de Albán pide al Gobierno que entregue sus restos para llevarlos a EEUU
«Como familia, tenemos derecho a saber la verdad, solicitamos justicia», afirmó la viuda del dirigente de Primero Justicia
Los familiares del fallecido concejal del municipio Libertador Fernando Albán solicitaron al Gobierno de Nicolás Maduro que entregue sus restos para que puedan ser enterrados en territorio estadounidense, y además solicitaron una investigación imparcial del caso.
Durante el 164 ciclo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la viuda del dirigente de Primero Justicia, Meudy Osío de Albán, aseveró que a «casi dos meses de su muerte no hay una respuesta formal ni creíble de lo que sucedió por parte de las autoridades».
La viuda del concejal aseveró que su detención fue “arbitraria” y en represalia a varias reuniones a las cuales asistió en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participó el mandatario Nicolás Maduro.
Viuda de dirigente político venezolano Fernando Albán: Estoy ante ustedes para pedir justicia por su detención arbitraria, las torturas a las que fue sometido, y la falta de respuesta del Estado desde su muerte hace dos meses. #CIDHAudiencias en vivo por https://t.co/PaMz6UkNgT pic.twitter.com/VnvjwXDZNi
— CIDH (@CIDH) 5 de diciembre de 2018
“Su desaparición forzada, su tortura y su posterior muerte en custodia dentro de las instalaciones del Sebin, policía política del Estado, están inmersas en una cantidad de irregularidades”, sentenció Osío, por lo que pidió la creación de una comisión independiente que investigue «las violaciones de derechos humanos de la que fue víctima Albán».
«Como familia, tenemos derecho a saber la verdad, solicitamos justicia», afirmó la viuda del dirigente.
Viuda de Fernando Albán pide a la @CIDH que inste al Estado venezolano a trasladar los restos del concejal a EEUU para que su familia le dé sepultura, y a que se constituya una comisión independiente que investigue su muerte, se conozca la verdad y se haga justicia. pic.twitter.com/XFtjgmvHKm
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 5 de diciembre de 2018
Los comisionados mostraron su apoyo ante esta solicitud, por ello decidieron procesar con inmediatez. Además, mostraron su interés en saber la disposición del Estado venezolano en aceptar esa petición; mientras que distintas organizaciones de la sociedad civil venezolana reiteraron que la administración Maduro niega que haya torturas a personas privadas de libertad y «nos acusa de mentir a defensores de DDHH que estamos aquí denunciando, cuando debería investigar de forma imparcial, independiente y de oficio».
Comisionada Flávia Piovesan pregunta qué medidas adoptó Estado de #Venezuela para impulsar la investigación para lograr verdad y justicia en caso de muerte de Fernando Albán. Comisionado @JoelHernandezG hace suyo pedido de su viuda para conocer la verdad y recibir sus restos. pic.twitter.com/rbpBqWfCTf
— CIDH (@CIDH) 5 de diciembre de 2018
Fernando Albán falleció el 8 de octubre mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que el concejal se arrojó por una ventana del edificio y calificó su muerte de «suicidio».
Nuevos elementos en la muerte del concejal Fernando Albán dejan en entredicho la labor del Ministerio Público. El equipo defensor del dirigente de Primero Justicia denunció el 4 de diciembre que en este caso existen dos certificados de defunción que se contradicen en torno a la causa de su deceso.
*Lea también: Certificados de defunción del concejal Fernando Albán se contradicen, según abogados
Los familiares de Albán, por medio de abogados, introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público sobre la “arbitraria detención, tortura, desaparición forzada y muerte por posible ejecución extrajudicial” del dirigente municipal de Libertador (Distrito Capital).
En la denuncia, piden una investigación contra el Estado venezolano y el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por los presuntos delitos de privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, encubrimiento, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, homicidio calificado o ejecución extrajudicial, y asociación para delinquir.
Por su parte, el representante de Venezuela ante la CIDH, Larry Devoe, indicó que el Gobierno está dispuesto a presentar toda la información que la comisión requiera. “Venezuela es el primer país del continente que en su Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a una democracia participativa”.
