Estado venezolano viola la Constitución al impedir visitas a sidoristas detenidos
Este lunes 26 de junio, los sidoristas cumplen 15 días detenidos. Sin embargo, sus familiares no han podido visitarlos debido a la negativa por parte de la directiva de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que impide el acceso a los allegados
Francesca Díaz | Correo del Caroní
Familiares de Leonardo Azócar y Daniel Romero, detenidos el pasado 11 de junio, se presentaron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta Norte (Caracas), para visitar a los sindicalistas detenidos en el lugar. Sin embargo, el encuentro no fue posible debido a la negativa por parte de la directiva del reclusorio, que impide el acceso a los allegados.
Luego de nueve días de desaparición forzada en manos de la Dgcim, finalmente se conoció el lugar donde los dirigentes de Sidor están privados de libertad: el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del área metropolitana de Caracas II, área de máxima seguridad, ubicado en Boleíta Norte.
No obstante, el sábado 24 de junio, cuando la esposa de Romero, Angélica Serrano, y los hermanos de Azócar, Euclides y José Azócar se presentaron en el centro penitenciario para visitarlos, el director Mauro Bracho Suárez les impidió el acceso, alegando que los detenidos están en un «proceso de adaptación» que durará de 15 a 45 días. Solo pasado este período podrán recibir visitas.
Según Provea, el caso corresponde a una serie de crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo el Estado contra la dirigencia sindical, es por ello que afirmaron a Correo del Caroní que tomarán acciones ante las instancias internacionales
Las familias llevan más 15 días sin poder comunicarse ni ver a los sindicalistas, luego de que estos fueran apresados en Ciudad Guayana por organizar una huelga laboral en la Planta de Pellas. Se conoce que los cargos imputados son: boicot, asociación para delinquir e instigación al odio.
Eduardo Torres, abogado de Provea, asegura que el proceso de privativa de libertad ha estado plagado de irregularidades y afirma que, más que una detención, tiene características de tratarse de una desaparición forzosa a manos del Estado.
Asimismo, el jurista destacó que en el proceso se ha violado el artículo 44 de la Constitución de la República, el cual establece el debido proceder y salvaguarda los derechos de los privados de libertad.
Cabe destacar que los parientes pasaron más de nueve días sin conocer el lugar de reclusión de los trabajadores, quienes fueron trasladados desde Guayana a Caracas sin aviso a sus allegados.
«Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona apresada; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención, y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas», dictamina la legislación.
Solicitud ante Defensoría del Pueblo
Fue a través de la Defensoría del Pueblo que Provea pudo conocer dónde estaban recluidos los sidoristas, puesto que los tribunales de Puerto Ordaz no ofrecieron dicha información.
Es por ello que tras la negativa de visitas por parte del centro penitenciario, los familiares se dirigieron hacia la instancia en Caracas para introducir una solicitud de visita al defensor del Pueblo. Este lunes esperan tener alguna respuesta del organismo.
«En el centro penitenciario nos confirmaron que él estaba allá y nos recibieron las cosas que le llevamos. Sin embargo, nos negaron tener contacto con él. Dicen que debemos esperar 20 días para poder verlo. Un supuesto tiempo de adaptación que llaman ellos. Estamos un poquito más tranquilos porque sabemos dónde está y que está vivo, pero no pararemos las gestiones hasta que podamos verlo», declaró Euclides Azócar, hermano de Leonardo Azócar a Correo del Caroní.
Angélica Serrano, esposa del dirigente Daniel Romero, enfatizó en que su mayor preocupación es el estado de salud de su pareja, quien sufre de una enfermedad estomacal y debe procurar una dieta estricta.
«Tengo más de 15 días sin ver a mi esposo. Sus papás están muy enfermos y delicados de salud, hemos tenido que tener cuidado para darles las informaciones. Todo se me ha complicado. Él es la cabeza del hogar. El sostén de mi casa. Él tiene cuatro hijos. Además, él tiene un problema estomacal, tengo todo su historial clínico y lo voy a presentar. Después de las 4:00 de la tarde, él no puede comer. Todo lo vomita. Me preocupa mucho su salud, a él le corresponde una dieta blanda y líquida. No puede comer arroz o pasta. Necesita un trato especial», manifestó.
Instancias internacionales
Según Provea, el caso corresponde a una serie de crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo el Estado venezolano contra la dirigencia sindical, es por ello que afirmaron a este medio que tomarán acciones ante las instancias internacionales.
«El director no permite ver a los detenidos. Alegando un período de adaptación. Al respecto, el artículo 44 de la Constitución refuta esta orden. La libertad personal es inviolable, en consecuencia, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse con sus familiares. Esta detención ha sido arbitraria. Hasta ahora, los abogados y familiares no han logrado ver a los sidoristas», expresó Torres, vocero de Provea.
Asimismo, el especialista hizo un llamado a través de redes sociales a los organismos internacionales a seguir al pendiente y acompañar el caso.
«Ya nos comunicamos con los oficiales de la oficina del alto comisionado, así como con la Misión de Determinación de los Hechos que tiene tres períodos renovados para observar la situación de Venezuela. La tercera instancia es la oficina de atención a las víctimas de la Corte Penal Internacional», especificó Torres.
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