El desmantelamiento de la dictadura judicial (II), por Juan Miguel Matheus
El 12 de agosto anunciamos al país, en el marco de la Mesa de Conversaciones, un propósito que toca el corazón de la reconstrucción republicana: transformar el sistema de justicia y avanzar hacia la designación de todos los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia.
Desde entonces hemos trabajado para convertir aquel acuerdo político en hechos institucionales. El acuerdo alcanzado este 25 de septiembre representa un nuevo paso en esa dirección.
La dictadura venezolana se sostuvo sobre la fuerza, la persecución y el fraude, pero también construyó una arquitectura jurídica para revestir de aparente legalidad el ejercicio arbitrario del poder. Durante años, el Tribunal Supremo de Justicia fue utilizado para neutralizar a la Asamblea Nacional, desconocer la soberanía popular, perseguir adversarios, alterar las reglas electorales y vaciar gradualmente de contenido a la Constitución.
Por eso, desmontar la dictadura supone, al mismo tiempo, desmontar la dictadura judicial.
Ese proceso exige negociación, realismo, paciencia y capacidad para transformar correlaciones políticas en garantías institucionales. Allí está una de las claves del momento que vivimos. Negociamos para abrir caminos posibles a los principios que hemos defendido durante años.
La política democrática consiste precisamente en avanzar desde las circunstancias reales hacia las instituciones que la República necesita. Desde esa perspectiva debe leerse el acuerdo del 25 de septiembre.
Uno de sus elementos centrales es la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia. Allí estarán, entre otros, Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea.
Quiero detenerme en estos cuatro nombres. Son juristas con trayectoria, autoridad profesional y solvencia ética. Gozan de amplio reconocimiento en el foro jurídico venezolano y son autoridades de talla mundial en sus respectivas ramas de estudio del Derecho. Conocen profundamente nuestra tradición jurídica y comprenden el significado de la independencia judicial.
Tendrán ante sí una responsabilidad particularmente delicada: revisar escrupulosamente las credenciales y los requisitos de quienes aspiren a ejercer las magistraturas del máximo tribunal.
Los nombres importan especialmente en un proceso de reconstrucción institucional. Las instituciones cobran vida en las personas que las sirven. Después de tantos años de degradación de la justicia, Venezuela requiere juristas capaces de generar confianza más allá de las fronteras partidistas.
Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea representan, en ese sentido, una garantía republicana para el país y una señal de seriedad para el foro jurídico. Su solvencia eleva el estándar del camino que comienza.
El acuerdo contiene además avances concretos para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Las partes acordamos avanzar en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Con ello entramos en una ruta cierta para la selección y posterior designación de los nuevos magistrados.
También acordamos la publicación del cronograma integral del procedimiento. Esto tiene una enorme significación política. Venezuela debe recuperar el valor de los plazos, las reglas y los procedimientos.
Un cronograma público genera certezas temporales, permite conocer cada etapa, facilita el escrutinio y coloca el proceso bajo la mirada de los ciudadanos. La transparencia empieza precisamente allí: todos deben saber qué corresponde hacer, cuándo corresponde hacerlo y quién tiene la responsabilidad de hacerlo.
La negociación continúa. Cada acuerdo abre una nueva etapa de trabajo y exige convertir las palabras suscritas en realidades. El realismo político consiste en reconocer las circunstancias, trabajar dentro de ellas y moverlas gradualmente en dirección a la democracia.
Cada espacio recuperado, cada garantía conquistada y cada paso que acerque el ejercicio del poder a la Constitución cuentan.
Nuestra responsabilidad consiste en llevar este esfuerzo tan lejos como sea posible en dirección a la Constitución: tanta Constitución como sea posible y tanta flexibilidad como sea necesaria. Negociamos asuntos concretos que afectan la vida de los venezolanos y el futuro de nuestra democracia. Buscamos que el Derecho vuelva a limitar al poder.
La República comienza allí donde el poder encuentra límites, y esos límites se hacen efectivos cuando existen jueces independientes dispuestos a hacer valer la Constitución. Por eso, la transformación del sistema de justicia está inseparablemente vinculada con la democracia y con la integridad electoral.
Venezuela necesita elecciones auténticas y jueces capaces de protegerlas. Necesitamos el voto y necesitamos la justicia del voto. Desmantelar la dictadura judicial es devolver la justicia a los ciudadanos, reconstruir un Poder Judicial independiente y someter nuevamente el ejercicio del poder a la Constitución. Ese es el horizonte de esta negociación. Hacia allí estamos avanzando.
*Diputado a la Asamblea Nacional de 2015, integrante de la delegación negociadora y coordinador de la Mesa Técnica para el Fortalecimiento de la Democracia.
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