El mito democrático de la Cuarta Transformación, por Ernesto Hernández Norzagaray
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador que lo llevó a la presidencia de la República mexicana en 2018 y, posteriormente, el de Claudia Sheinbaum en 2024 fueron recibidos por la izquierda variopinta como un triunfo político.
Sin embargo, al menos en México, la corriente socialdemócrata no tardó mucho en empezar a desmarcarse de todo ello, porque se trataba de un proyecto altamente personalizado que sustituía las instituciones de la llamada «transición a la democracia» y que el politólogo Mauricio Merino amplió a «transición a la democracia vía elecciones».
En campaña, los nuevos huéspedes de Palacio Nacional habían calificado los pactos de la transición como «corruptos y neoliberales», por lo que en su imaginario político resultaba necesario llevar a cabo un cambio de régimen profundo.
Con ese planteamiento empezó el proceso de erosión institucional, que nada tenía que ver con el mejoramiento de las instituciones democráticas, sino con una paulatina concentración del poder que, pasados los años, ha derivado en un sistema cada día más autocrático. Pero ¿cuál fue la estrategia que modeló el nuevo régimen político mexicano?
Primero: la coalición electoral Sigamos Haciendo Historia, hegemonizada por el partido Morena, llegó al poder por la vía electoral, pero una vez ahí se dio a la tarea de cuestionar las instituciones democráticas por considerarlas instrumentos del neoliberalismo. Y lo hizo bajo la máxima populista «el pueblo votó y el pueblo decidió», lo que dio pie a una estrategia que convirtió una mayoría absoluta en una calificada que le dio manga ancha para hacer reformas sin controles constitucionales y reglamentarios.
Segundo: llegó la binarización de la sociedad y la puesta en marcha de un mecanismo político por el cual una sociedad tan compleja y plural como la mexicana fue reducida a una oposición simple, elemental: «Nosotros contra ellos».
Y no fue solamente polarización; esa relación binaria, reductiva, básica, implicó transformar la diversidad legítima de intereses, identidades y opiniones en una visión moral entre quienes pertenecen al pueblo y quienes en su ideario son los «enemigos del pueblo».
Tercero: la estrategia fue avanzando acompañada de una paulatina reducción de los contrapesos institucionales, de tal suerte que confluyeron dos procesos simultáneos: uno, la mayoría gobernante acumulaba más poder político, y dos, los mecanismos institucionales capaces de limitarlo perdían autonomía, capacidad de fiscalización y legitimidad pública.
Cuarto: con lo anterior vino la deslegitimación del adversario político, lo que peyorativamente se llama «prianismo», es decir, la «derecha neoliberal», el PRI y el PAN.
Esta campaña surgió del púlpito presidencial y no era un fenómeno secundario, ni tampoco una mera estrategia de propaganda para ganar puntos en la competencia por los votos: fue un mecanismo de transformación de la competencia democrática en una confrontación moral entre el «pueblo bueno» y sus «enemigos».
Quinto: durante el gobierno de López Obrador se sentaron las bases políticas de una autocracia que avanza consistentemente durante el gobierno de Sheinbaum. En solo dos años se aprueban las mayores reformas constitucionales destinadas a la eliminación de los contrapesos institucionales; la victoria electoral se transformó progresivamente en una concentración de poder frente a la que hoy no existen mecanismos institucionales capaces de limitarla.
Sexto: se diseñó un sistema de lealtades políticas que fueron letales para el sistema democrático y que, en algunos ámbitos, tomaron un sesgo narcopolítico.
El poder dejó de depender únicamente de la popularidad electoral y comenzó a construirse una arquitectura de protección, control y lealtades alrededor del núcleo gobernante a través del Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los organismos autónomos, el sistema de fiscalización y los organismos electorales.
Esa construcción de mayorías y redes de lealtad se extendió en estados y municipios hasta disminuir los espacios efectivos para la oposición a través de premios, candidaturas, cargos, recursos y protección política para los suyos. Se trata de mecanismos para producir disciplina y evitar deserciones en el «movimiento» de la Cuarta Transformación (4T).
Séptimo: la hegemonización de las elecciones acabó ocupando un lugar central –y, quizá, decisivo– en la autocratización mexicana, porque convirtió una victoria electoral en una acumulación progresiva de poder que ha venido reduciendo la capacidad de los demás actores para competir.
El Informe V-Dem de 2026, elaborado por la Universidad de Gotemburgo, describe este proceso regresivo como un caso de ruptura democrática dentro de su análisis de la autocratización. El organismo sueco ubica a México en el lugar 110 de 179 países en una escala democrática, un puesto que lleva a considerar que este país transitó entre 2018 y 2026 de una democracia en construcción a un régimen autocrático.
Octavo: la intervención en la información y la sociedad constituye otra pieza de este proceso. En este sentido, cobra especial relevancia el llamado «derecho de las audiencias», que no es una cuestión secundaria: contribuye a legitimar la concentración del poder reduciendo la capacidad de la sociedad para informarse, contrastar, organizarse y reaccionar.
*Lea también: En AL, el futuro del trabajo también pasa por los cuidados, por Maria Villarreal
Noveno: paradójicamente, la justificación de la concentración del poder como voluntad popular no suele presentarse ante la sociedad como un acto contra la democracia, sino como la ejecución de una voluntad expresada en las urnas. Suena lógico.
Las elecciones son el instrumento por excelencia de un sistema democrático, sobre todo cuando el derecho a un voto libre y secreto se garantiza. Y en eso estábamos en México, hasta 2018.
En definitiva, en México hay oposición y elecciones, lo que no hay es equidad en la competencia, porque las victorias electorales del obradorismo se han transformado en concentración del poder, la concentración de poder en captura institucional, la captura institucional en hegemonía, y la hegemonía en un régimen donde las instituciones democráticas sobreviven formalmente y, por ello, dejan de limitar al poder.
Y esa acumulación, sorprendentemente, parece gustar a un segmento del progresismo de izquierda.
Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
www.latinoamerica21.com, medio de comunicación plural comprometido con la difusión de información crítica y veraz sobre América Latina. Síguenos en @Latinoamerica21
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
