Presuntos torturadores de las FAES ahora operan en la DAET, asegura Misión de la ONU
Martha Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, aseguró que han identificado al menos tres altos funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) pertenecieron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o las FAES, y han sido señalados como individuos «involucrados activamente» en torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este miércoles 20 su cuarto informe sobre la grave violación de los DDHH en el país, y solicitó una investigación más exhaustiva sobre la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al considerar que se trata de «la continuación» de las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
La DAET, según el informe de la Misión de Determinación, fue creada en julio de 2022 y tiene funciones similares y utiliza el mismo modus operandi que la FAES, señalado por organismos internacionales de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones contra la sociedad civil, en particular contra jóvenes en zonas populares.
«Lo preocupante es que su cadena de mando también incluye a oficiales de las FAES y otras fuerzas de seguridad que fueron identificados en el informe de 2020 de la Misión como involucrados en graves violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, crímenes de lesa humanidad», insistió la Misión.
Martha Valiñas, presidenta de esta instancia, aseguró que han identificado que José Miguel Domínguez Ramírez, jefe de la organización; Carlos Alberto Calderón Chirinos, actual director del DAET; y Ronny Gonzalez Montenisos, actual jefe de investigaciones del DAET; pertenecieron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o las FAES y han sido identificados como individuos «involucrados activamente» en torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
La Misión, un mecanismo independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también señaló que los ataques al espacio cívico y democrático se han intensificado a través de políticas estatales destinadas a silenciar la oposición y las críticas al gobierno del mandatario Nicolás Maduro.
«En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos», dijo la presidenta de la Misión.
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Además, señaló que «siguen existiendo mecanismos de represión, lo que hace que la vigilancia internacional de los derechos humanos en Venezuela sea más crucial que nunca».
La Misión de Determinación, que aspira ser renovada por otro año, encontró que hay motivos razonables para creer que al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias fueron cometidas entre enero de 2020 y agosto de 2023.
También se documentaron 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, incluidos 19 casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres durante el mismo período.
Recordó que la crisis política y de derechos humanos en el país experimentó un cambio a finales de 2020, marcado por la interrupción de protestas masivas de la oposición. En períodos anteriores, explicó la Misión, «se utilizaron tácticas de represión de ‘línea dura’ para silenciar las voces de la oposición mediante la comisión de delitos».
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Sin embargo, insistió la Misión, «las estructuras represivas del Estado no han sido desmanteladas, y el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos por reducir el espacio cívico y democrático, restringiendo las libertades individuales y colectivas y endureciendo su control y restricciones sobre el trabajo de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, los medios de comunicación y los partidos políticos».
Las tácticas utilizadas por la administración Maduro van desde las continuas amenazas, vigilancia y acoso, hasta la difamación y censura «para silenciar, desalentar y reprimir cualquier oposición real o percibida».
«Juntos, estos dos tipos de mecanismos -‘duros’ y ‘suaves’- forman un aparato estatal opresivo, que se utiliza con distintos niveles de intensidad, según la naturaleza y la fuerza de la disidencia social», afirmó el abogado Francisco Cox.
«Esto demuestra la capacidad de adaptación del Estado para silenciar las críticas», afirmó.
La Misión de Determinación puso de ejemplo la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela, la inhabilitaciones políticas contra candidatos opositores, entre ellos la dirigente María Corina Machado, y la condena a seis sindicalistas a 16 años de prisión por presunto terrorismo. También se mencionó el cierre de más de 200 emisores de radio el año pasado por órdenes de Conatel, así como la falta de medios impresos independientes.
Para la Misión, este contexto es «particularmente alarmante» a medida que Venezuela se acerca a las elecciones presidenciales de 2024. «Al penalizar la participación en actividades legítimas, el Estado está silenciando y creando un efecto paralizador sobre cualquiera que considere participar en cualquier actividad que pueda ser percibida como crítica al Gobierno», dijo la argentina Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión.
La experta reiteró que «la falta de independencia y las acciones deliberadas de las instituciones judiciales y constitucionales, incluidos el Contralor y el Consejo Nacional Electoral, limitan la capacidad de los líderes sociales y políticos para operar libremente. Estas dinámicas asfixian y suprimen el debate político».
