Defensa de acusados por Pdvsa Cripto pide audiencia pública y observadores
La defensa de los acusados por la trama Pdvsa Cripto denunció irregularidades procesales, traslados arbitrarios y presuntas violaciones a los derechos humanos. Familiares de algunos procesados también denunciaron torturas, aislamiento y falta de garantías judiciales durante la detención
La defensa de los acusados por el caso Pdvsa Cripto exigió este viernes 5 de junio a las autoridades que el juicio «se haga público y transparente», con la participación de observadores de la Defensoría del Pueblo, relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mediante un comunicado, suscrito por 10 abogados defensores de varios acusados por esta trama, se exigió un proceso «transparente e imparcial», así como que se realice el traslado efectivo de los señalados y que se permita el ingreso del público, «incluidas las representaciones consulares que han estado presentes en la continuación del acto sin que se les permita el acceso».
«No pedimos trato especial ni diferenciado, solo que triunfe la verdad y la justicia», afirmó a las afueras del Palacio de Justicia el abogado Jeset García, quien representa a Joselit Ramírez, exintendente de la Sunacrip.
Enfatizó que en este juicio, además del destino de sus representados está «la supervivencia de la seguridad jurídica».
El jurista enumeró una serie de irregularidades en el juicio de Pdvsa Cripto, como estar detenidos por más de tres años «sin que haya sentencia alguna», desacato a la autoridad pretendiendo realizar el juicio oral vía telemática pese a que, señaló, el juicio comenzó de forma presencial y lleva más de 16 audiencias en esa modalidad; audiencias diferidas; negativa de traslado de los acusados al Palacio de Justicia por parte del director del Internado Judicial Rodeo I.
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Por otra parte, denunció el traslado de varios procesados desde El Helicoide «sin solicitud previa del tribunal», acto que dice evidencia «la falta de autonomía de los tribunales penales frente a organismos de seguridad e investigación». Agregó que se niega el acceso a las actas y entrevistas a los asistidos.
Las personas que permanecían detenidas en El Helicoide y fueron trasladas a El Rodeo I son Roger Perdomo, Rafael Perdomo, Manuel Meneses, Jesús Méndez, Felipe Contreras, Pedro Maldonado, hermanos Almeida, Daniel Prieto y Jairo Lino.
También se trasladó a un grupo a Yare II esta miércoles: Yamil Martínez, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Juan Carlos Moreno, Renny Barrientos, Rajiv Mosqueda, Jesús Ramírez, Leonardo Torres, Kristofer Barrios, Pedro Herrera, Mario Aquino, José Lima, Edgar Sánchez, Isacc Salazar, Johan Sequera, Néstor Astudillo, Carlos Moreno, Tulio Medina y Salem Hassoun Atrach.
«Consideramos (que es) un juicio de naturaleza plenamente política contra quienes ocupaban altos cargos públicos del Estado», precisó el abogado García.
En ese sentido, el defensor alertó a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos «sobre la integridad física y psicológica de estos ciudadanos, quienes, según hemos documentado, habrían sido objetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión y traslado». Asimismo, indicó que no hay atención médica oportuna, «pese al mal estado de salud».
Los defensores exigieron que «se dicten de forma inmediata las medidas de protección que correspondan» ante la gravedad de los hechos denunciados.
El abogado Jeset García enfatizó que el juicio en contra de estos acusados «carece de validez». Expuso que este proceso acumula una serie de violaciones procesales «que anulan el derecho a la defensa y un proceso justo».
Por el caso Pdvsa Cripto había 64 personas acusadas, cinco murieron estando encarcelados y uno está fugado, comentó otro abogado. En total, son 58 personas que deben presentarse en cada audiencia. Hasta la fecha, al menos 20 personas han ofrecido su declaración ante la jueza Alejandra Romero y faltarían por escuchar los testimonios de otras ocho por primera vez y algunos acusados que solicitaron ampliar su declaración inicial, antes de iniciar la evacuación y revisión de pruebas.
Torturas contra propietarios de Bancamiga
Marianna Parra, esposa de Carmelo de Grazia y familiar de Daniel y Levin De Grazia, antiguos propietarios de Bancamiga, recordó que son seis personas las que están detenidas relacionadas a esta entidad bancaria.
«Fueron secuestrados por cinco meses y no tuvimos conocimiento de cómo se encontraban. Al mes empezaron a llegar cartas y por cuatro meses y medio fue la única vía de comunicación con ellos», detalló.
Parra denunció que durante ese tiempo sus familiares «fueron aislados y sometidos a torturas». Indicó que los interrogatorios que se les hicieron eran solo para conocer dónde tenían sus bienes «y nada relacionado» con el caso Pdvsa Cripto. «Esto ha sido simplemente un robo», enfatizó.
A juicio de la esposa de Carmelo de Grazia, en el manejo de este caso «no hay interés en hacer justicia». Afirmó que no están negados a que las autoridades investiguen y «se diga al país lo que realmente está pasando».
Insistió en que sus familiares son sometidos a tratos injustos «solamente para robarles sus bienes». Pidió que los responsables «salgan a la luz».
Marianna Parra también pidió que el juicio sea público y condenó que en el caso se mezclen funcionarios públicos con empresarios y hasta con los choferes: «Si quieres hacer justicia, no puedes imponerle los mismos delitos a todos, lo hemos solicitado y no (lo han aprobado)».
«Si la Fiscalía tiene las pruebas, ¿por qué no muestran y sostienen todo el juicio?», cuestionó Parra.
Igualmente, dijo que la supuesta prueba contra los hermanos de Grazia es una nota en un portal donde se les acusa de «controlar el precio del dólar» y de «cobrar altas comisiones. Está perfectamente auditable y demostrable lo que se cobraba a Pdvsa».
Marianna Parra denunció que su esposo fue torturado en una cámara de frío: «Fue puesto en la máxima de Boleíta en un lugar llamado ‘La Tumba’. Lo ponen en un tanque de agua y le dejan un espacio pequeño y luego lo pasan al frío. Te dan poca comida para mantenerte con hambre. Él creía que era una cava porque las paredes estaban frías y estaba delirando. No sabe cuánto tiempo estuvo allí».
Choferes detenidos aún no han declarado
Los tres choferes detenidos por el caso Pdvsa Cripto no han podido declarar en las audiencias que se han realizado. Rafael Guzmán, padre de Luis Daniel Guzmán, uno de los conductores apresados, detalló que se tenía previsto que expusieran su situación el pasado miércoles 3 de junio, día en que la audiencia fue diferida.
Indicó que los tres eran conductores del empresario Daniel Prieto, también detenido por esta misma causa, y dijo que su hijo era chofer de la esposa de Prieto. «Los otros dos eran choferes del señor».
Agregó que su hijo «tenía cuatro meses trabajando para ese señor. Empezó en octubre y en marzo fueron detenidos».
Rafael Guzmán desconoce si su hijo y los otros dos conductores seguirán siendo trasladados al Palacio de Justicia o si sus audiencias serán vía telemática de ahora en adelante. Sostuvo que su representante legal es una abogada del Foro Penal ante la escasez de recursos para costear la defensa.
Los tres choferes están acusados como el resto de los involucrados en la causa: «Asociación para delinquir, posesión de bienes públicos y terrorismo. Están en el mismo expediente de Tarek El Aissami».
Guzmán denuncia que los choferes, estando en El Helicoide, «fueron golpeados, torturados, obligados a declararse culpables de tener bienes, que tenían carros y casas. La Fiscalía no hizo la investigación: mi hijo estaba alquilado en una habitación».
El padre de Luis Guzmán también denunció que sabe muy poco de su familiar, que tiene suspendidas las visitas. Sostuvo que el pasado 3 de junio, cuando fueron trasladados a la audiencia, supieron que presentaban malestares de salud: «Que estaban decaídos y se sentían descompensados. Gracias a un funcionario se les pasó un medicamento y agua, pero no hemos sabido más de ellos».
El caso Pdvsa Cripto está a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo y se trata de una trama de corrupción vinculada a la venta de petróleo de Pdvsa por parte de altos funcionarios y particulares para supuestamente desviar divisas mediante criptoactivos. Las cifras hablan de $23.000 millones, pero la acusación fiscal habla de $5.550 millones.
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