Juicio Pdvsa Cripto: jueza desestima nuevas incidencias y abre debate oral y público
En la audiencia número 21 del caso Pdvsa Cripto, celebrada el 17 de junio, la jueza Alejandra Romero Castillo declaró formalmente abierto el debate oral y público, fijando el inicio de la evacuación de pruebas para el lunes 22 de junio. Durante la sesión, el tribunal desestimó múltiples solicitudes de nulidad y rechazó la admisión de varias pruebas complementarias por incumplir los requisitos legales
La audiencia del caso Pdvsa Cripto, celebrada el 17 de junio, marcó el inicio formal de una nueva etapa procesal. Tras desestimar diversas peticiones de nulidad, la jueza Alejandra Romero Castillo declaró formalmente abierto el debate oral y público, anunciando que la recepción de pruebas comenzará el próximo lunes 22 de junio.
En relación con el escrito presentado por el abogado Roger López, quien solicitaba la nulidad absoluta del proceso, el tribunal declaró sin lugar dicha pretensión. Sobre la solicitud realizada por la defensa de William Rivas, que buscaba oficiar al Sebin de Maiquetía para que remitiera las actas demostrativas de su detención durante un año previo a su audiencia de presentación, el tribunal declaró la solicitud como inadmisible. La jueza argumentó que todos los vicios relacionados con su presentación fueron subsanados en el momento en que el ciudadano fue puesto a derecho, señalando que esa era la oportunidad legal idónea para que la defensa denunciara tales violaciones.
En cuanto a la solicitud de aclaratoria presentada por la defensa de Antonio Pérez Suárez, la jueza ratificó que las pruebas promovidas por el defensor público antes de la audiencia preliminar fueron debidamente admitidas por el juez de control y serán evacuadas en este juicio en su oportunidad. En consecuencia, declaró inadmisibles las pruebas complementarias consignadas por la abogada, al tratarse de los mismos elementos ya admitidos previamente.
El tribunal admitió en su totalidad las pruebas complementarias promovidas por la defensa de los hermanos Perdomo, así como las promovidas por la defensa de la ciudadana Olbany Gaspari, al considerar que ambas partes cumplieron cabalmente con lo señalado en el artículo 326 del COPP.
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Juicio Pdvsa Cripto entra en otra fase
Tras estos pronunciamientos, la jueza declaró formalmente abierto el debate oral y público, anunciando que la recepción de pruebas comenzará a partir del próximo lunes 22 de junio e informó que no habría actividad judicial este viernes 19 de junio. Asimismo, detalló que alteraría el orden de evacuación de pruebas, priorizando a los funcionarios actuantes, seguidos por los expertos y, finalmente, las documentales.
Sobre la logística del juicio, la jueza señaló que los martes y jueves se habilitará un espacio amplio en el Palacio de Justicia para que las defensas puedan revisar las pruebas que serán evacuadas en la audiencia inmediata posterior. Indicó, como ejemplo, que el material probatorio que se evacuará el lunes 22 podrá ser revisado por las partes este jueves 18 de junio.
En otro punto de la sesión, la jueza declaró con lugar la separación de la causa de los ciudadanos José Luis Orta Silva, Manuel Parra y un tercer ciudadano, aunque no especificó cuál de las excepciones contempladas en el artículo 77 del COPP motivó dicha decisión de desacumulación de los expedientes.
El abogado de Alejandro Arroyo procedió a leer durante una hora su escrito de promoción de pruebas complementarias. Seguidamente, la defensa del exministro de Petróleo Tarek El Aissami denunció el empeoramiento de su estado de salud y reiteró la solicitud de que se remitan los informes médicos realizados por el departamento forense del Ministerio Público, además de insistir en una medida cautelar por razones humanitarias.
La defensa de El Aissami denunció que la jueza incurrió en ultrapetita. Argumentaron que ellos solicitaron autorizar el acceso de médicos y personal de laboratorio para realizar muestras de sangre, orina, heces y estudios de rayos X, pero que el oficio emanado por la jueza se limitó a ordenar la aplicación de un tratamiento médico sin atender a la necesidad de los exámenes diagnósticos específicos.
Tras estas intervenciones, el defensor de Williams Rivas anunció la interposición de un recurso de revocación contra el pronunciamiento que la jueza había dictado minutos antes sobre su defendido. Tras escuchar a las partes, la jueza procedió a dictar nuevos pronunciamientos sobre las incidencias presentadas.
Sobre las pruebas complementarias promovidas por la defensa de Alejandro Arroyo, fueron declaradas inadmisibles en virtud de que la defensa indicó que eran las mismas ya promovidas en favor de Antonio Pérez Suárez.
Antes de concluir, la jueza hizo un llamado de atención a la abogada María Berthe, defensora de confianza de Tarek El Aissami, instándola a abstenerse de faltar al respeto al personal del tribunal y advirtiéndole que debía dirigirse con cortesía o, de lo contrario, sería amonestada.
El proceso judicial por el caso Pdvsa Cripto, que ya suma 20 sesiones, ha estado caracterizado por el cierre del Palacio de Justicia a los medios de comunicación independientes y la restricción a la prensa. En este interín, el banquillo de los acusados se ha convertido en una tribuna de denuncias.
Desde el inicio de las investigaciones hace tres años, el juicio se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos y el rastro de los 21.200 millones de dólares perdidos por Pdvsa, para centrarse en un esquema que los imputados definen como una «simulación de hecho punible» y una purga política diseñada para reconfigurar el poder interno y la propiedad de activos privados.
Esta tensión escaló durante las audiencias del 10 y 12 de junio, donde los procesados ratificaron su inocencia y se negaron a admitir los hechos, mientras denunciaban condiciones de aislamiento y omisión de atención médica, calificando el trato recibido como una práctica de «pena de muerte» por parte del Estado. Con el rechazo a las nulidades planteadas, el juicio parece agotarse en su fase de exposición, dejando tras de sí un rastro de cuestionamientos sobre la legitimidad del debido proceso y la transparencia sobre el mayor desfalco petrolero de la historia reciente del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
