Pdvsa Cripto: jueza ni se inmutó ante confesión de Sebin sobre que no hubo investigación
La audiencia número 22 del juicio Pdvsa Cripto dejó al descubierto, según fuentes cercanas al caso, la fragilidad del sustento probatorio que dio origen al proceso. El comisario del Sebin Alexis Paolini admitió ante el tribunal que no realizó investigación alguna para suscribir el acta policial que derivó en la detención de 30 personas hace tres años, limitándose a transcribir un «informe secreto» por órdenes superiores
La audiencia del caso Pdvsa Cripto, realizada el pasado 22 de junio, marcó el inicio de la fase de evacuación probatoria con la comparecencia del comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Alexis Paolini funcionario que suscribió el acta policial 0013 de fecha 17 de marzo de 2023. Pese a que la jueza Alejandra Romero Castillo ha mantenido los ojos y oídos de la prensa fuera de Palacio de Justicia, TalCual tuvo acceso a las transcripciones de lo ocurrido en la sala, donde se evidenció cómo se fraguó el inicio de este proceso que mantiene a 64 personas tras las rejas.
Los detalles de esta comparecencia evidencian irregularidades que, según la defensa, «vician» el expediente desde su génesis. Durante su declaración, el comisario admitió que no efectuó ninguna investigación propia para sustentar el acta que dio inicio a la causa, reconociendo que su actuación se limitó a transcribir un «informe secreto» bajo órdenes de sus superiores. Detalló que el documento se basó en el contenido de un informe «confidencial» que le fue entregado por su superior, el comisario Juan Carlos Piñera Alvarado, el cual fue elaborado por la Policía Nacional Contra la Corrupción
Paolini afirmó ante el tribunal que la Fiscalía no tuvo acceso al informe «reservado» sobre el cual estructuró el acta. Detalló que el documento fue el que dio inicio al procedimiento en el que resultaron aprehendidos 30 ciudadanos y reconoció no tener conocimiento de la existencia de alguna investigación previa a la recepción del informe.
La defensa lo consultó sobre el sustento de sus conclusiones en el acta, el funcionario admitió no ser especialista en áreas de finanzas, economía, contabilidad, petróleo ni criptomonedas. Ante preguntas sobre cómo determinó irregularidades en operaciones petroleras o la legitimación de capitales por parte de los señalados, el funcionario respondió que sus afirmaciones se limitaban a lo expuesto en el informe de la Policía Nacional Contra la Corrupción.
Sobre la identidad de los responsables del informe secreto, el comisario declaró desconocer quiénes fueron, argumentando que los informes de la Policía Nacional Bolivariana tienen carácter reservado. Respecto a las órdenes de inicio, Paolini manifestó: «De la lectura del informe secreto o reservado que dio origen a la investigación, no tuve a mi vista ninguna orden de inicio previa por parte del Ministerio Público».
Los abogados también le preguntaron si tenía idea de las consecuencias de su actuación, considerando que hay más de 30 personas privadas de libertad desde hace más de tres años. «Me estoy percatando ahorita», respondió, al tiempo que comentó que su labor se limitó a transcribir partes de un informe secreto porque «no podía negarme a ejecutar la instrucción».
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Expediente armado por obediencia
La jueza ni se inmutó con el testimonio de Paolini, detalló a TalCual una fuente cercana al caso. «Ella es distante. No hace contacto visual con los abogados ni con los imputados. La juez oye las narraciones de las torturas, sabe de los tres años sin juicio, de las violaciones del derecho a la defensa, robo de bienes amenazas a familias y es como si no oyera», agregó.
La fuente dijo que en la declaración del funcionario destacan puntos críticos que cuestionan la validez del proceso. Primero, menciona la fuente que pide anonimato por temor a represalias por parte de la administración oficialista, la nulidad por ausencia de investigación propia, debido a que el funcionario admitió que «no hizo investigación, solo transcribió». Para el informante, lo admitido por el efectivo del Sebni invalida el acta como sustancia probatoria.
El segundo punto es que se trataría, según comentó, una prueba ilícita e incontrolable al basarse en un informe reservado no incorporado al proceso ni identificable. Mientras que el tercer aspecto que destacó es «la violación al principio de dirección del Ministerio Público, al no existir orden de inicio previa para la actuación policial».
Apuntó que la violación del principio de responsabilidad personal, pues el funcionario alegó «obediencia debida» ante actos arbitrarios, es otro elemento importante, al iguela que la falta de idoneidad técnica del declarante para emitir juicios sobre materia financiera y petrolera.
La fuente, que pide anonimato para evitar represalias del gobierno, mencionó que en el testimonio se admitió la violación al principio de motivación del acto, al basar medidas restrictivas de libertad solo en instrucciones jerárquicas. También comentó que quedó claro que hubo contaminación probatoria, pues «al ser esta acta la génesis del proceso, su nulidad arrastraría a todo lo actuado».
Alegó que también la declaración evidenció la violación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, al utilizar un informe secreto como base para las detenciones.
Para la fuente la declaración evidencia una ausencia total de investigación policial, siendo incompatible con el debido proceso venezolano.
Este episodio ocurre apenas días después de la audiencia del 17 de junio, en la cual la jueza Romero Castillo dio por abierto el debate «oral y público», negando múltiples solicitudes de nulidad y revisión de medidas presentadas por las defensas. A tres años de iniciada la trama, el juicio sigue sin abordar la arquitectura financiera real de las pérdidas en Pdvsa, centrándose en cambio en un proceso donde los testimonios de los funcionarios actuantes están confirmando las denuncias de los imputados sobre una «simulación de hecho punible».
Desde el inicio de las investigaciones hace tres años, el juicio se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos y el rastro de los 21.200 millones de dólares perdidos por Pdvsa, para centrarse en un esquema que los imputados definen como una «simulación de hecho punible» y una purga política diseñada para reconfigurar el poder interno y la propiedad de activos privados.
TalCual ha tenido detalles de las audienciasdel caso Pdvsa Cripto gracias a transcripciones del procesos a las cuales ha tenido acceso, pues las autoridades insisten en mantener los ojos y oídos de la prensa al margen, pese violando el principio de publicidad. De acuerdo con las minutas, el debate judicial ha girado hacia los señalamientos de los propios imputados sobre la pérdida del control de sus empresas y propiedades.
Esta tensión escaló durante las audiencias del 10 y 12 de junio, donde los procesados ratificaron su inocencia y se negaron a admitir los hechos, mientras denunciaban condiciones de aislamiento y omisión de atención médica, calificando el trato recibido como una práctica de «pena de muerte» por parte del Estado. Con el rechazo a las nulidades planteadas, el juicio Pdvsa Cripto parece agotarse en su fase de exposición, dejando tras de sí un rastro de cuestionamientos sobre la legitimidad del debido proceso y la transparencia sobre el mayor desfalco petrolero de la historia reciente del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
