Expediente Pdvsa Cripto: abogados exigen anular el juicio por irregularidades procesales
Las defensas técnicas de los 64 imputados exigieron la nulidad absoluta de la causa Pdvsa Cripto tras detectar la falta de firmas en actas oficiales y denunciar que se eliminó la fase obligatoria de audiencia preliminar. Mientras la jueza Alejandra Romero Castillo postergó la réplica de la Fiscalía, fuentes cercanas al proceso detallaron a TalCual que el tribunal impuso un filtro extremo que limita el acceso a las audiencias a solo cuatro familiares por sesión
El ventilador de señalamientos sigue prendido en el Palacio de Justicia por el caso Pdvsa Cripto. Las defensas de los 64 acusados carearon al Tribunal Especial Tercero de Juicio de Terrorismo para denunciar los vicios «insubsanables» que afirman han minado la causa. Lo hicieron en la audiencia del miércoles 27 de mayo, la número 14 desde que inició el proceso judicial en abril.
Durante esa jornada, no hubo declaración de imputados sino que la audiencia se concentró en las incidencias técnicas presentadas por los defensores. Los litigantes atacaron la legalidad del expediente al denunciar la existencia de actas mutiladas, eliminación de fases obligatorias del proceso y la continuidad de tratos crueles en los centros de reclusión.
Tras las denuncias, las defensas exigieron un pronunciamiento del Ministerio Público con base en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Sin embargo, la jueza Alejandra Romero Castillo postergó la réplica para el final del proceso. De acuerdo con transcripciones de la audiencia a las que tuvo acceso TalCual, la sesión cerró con el anuncio de que varios procesados que inicialmente habían rechazado declarar solicitaron formalmente su derecho a la palabra, obligando al tribunal a diferir la audiencia para el próximo 1 de junio de 2026.
Fuentes vinculadas al proceso revelaron a este medio que las restricciones al público y a la prensa —denunciadas días atrás como una violación al principio de publicidad establecido en el artículo 15 del COPP— se han reducido a un filtro extremo en las puertas del tribunal: el aforo permitido para las audiencias es de apenas cuatro personas. El ingreso se limita estrictamente a los primeros cuatro parientes de los imputados que logren llegar a la sede judicial y presentar su cédula de identidad, dejando al resto de los familiares y a los medios de comunicación en la calle. El caso tiene más de 60 acusados.
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Los abogados también se abocaron en confrontar a la juez con la exposición del deterioro de los derechos fundamentales de los detenidos dentro del sistema penitenciario. Enfatizaron que el Estado vulnera el principio de presunción de inocencia al darles un trato de ciudadanos ya condenados, a pesar de encontrarse estrictamente en fase de juicio.
Para la defensa privada la reclusión de los acusados en cárceles de máxima seguridad bajo regímenes de vigilancia y restricciones extremas es una vulneración a sus derechos, pues no han sido condenados.
De acuerdo con la minuta, los abogados señalaron que los acusados han sido víctimas de aislamiento extremo, torturas y tratos crueles e inhumanos desde el momento inicial de su detención.
La defensa alertó que los privados de libertad sufren una falta de contacto con sus familiares directos, a lo que se suma un acceso precario e insuficiente tanto a la atención médica oportuna dentro de los internados como a los medicamentos requeridos para sus respectivas condiciones de salud.
Los defensores exigieron un pronunciamiento del Ministerio Público conforme al COPP, la jueza Romero Castillo determinó que el derecho de palabra para los fiscales, los representantes de Pdvsa y la Procuraduría General de la República se otorgará una vez que concluyan las declaraciones de los acusados restantes en la próxima sesión.
El caso de la cajera
Sobre la audiciencia, el exdirector de actuación procesal del MP, Zair Mundarain, detalló en sus redes sociales que también se expuso el caso de una gerente de oficina de Bancamiga que tiene tres años detenida. «Se trata de una empleada que recibió a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la sede durante un supuesto allanamiento en el que exigieron abrir la bóveda del banco y ella se negó. Ante la amenaza y coacción finalmente tuvo que abrirla y los ‘funcionarios’ sacaron en bolsas negras todo el efectivo de dicha bóveda».
De acuerdo con la información aportada por el abogado, se trató de aproximadamente dos millones de dólares. Se puso conocer que la empleada fue detenida por «obstrucción a la justicia» pero el exfiscal Tarek William Saab «ordenó acusarla por cinco delitos, incluyendo terrorismo».
Según Mundaraín el dinero no figura en ninguna de las actas del proceso. Agregó que se supo que hay videos en los que este atraco quedó registrado. «Ni la juez ni el fiscal indagaron sobre este tema a pesar de estar obligados a hacerlo, por lo que optaron por callar. En pasillos del tribunal se menciona como autor a un alto funcionario de Dgcim en la mira de justicia», agregó.
El caso de Bancamiga. Carmelo De Grazia Suárez —quien fungía como presidente y accionista mayoritario de Bancamiga con el 49,5% de las acciones— y también es acusado en la trama, relató el 20 de mayo que su detención, ejecutada por la Dgcim el 19 de abril de 2024 contra él y sus hermanos Daniel y Levin –este último supuestamente en casa por cárcel–, sirvió de antesala para el desmantelamiento de la junta directiva. Según el declarante, mientras él y su hermano permanecían encerrados en los sótanos de Boleíta, José Simón Elarba se habría presentado en el lapso de una semana como el nuevo propietario de la entidad.
Según una investigacion de Armando.info, Bancamiga junto a Compass Bank se «pusieron a valer» cuando de evadir sanciones petroleras se trató. Con participación de Samark López, los bancos de los De Grazia «eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa Cripto».
Desde el banquillo
El banquillo de los acusados en el juicio del caso Pdvsa Cripto ha servido como ventilador de acusaciones de los señalados por corrupción para apuntar a quienes, en posiciones de poder y en órganos de «seguridad», también se corrompieron. Las declaraciones de los acusados han coincidido en que la supuesta instrumentalización de los aparatos de contrainteligencia militar no para esclarecer el desfalco petrolero, sino para forzar la transferencia gratuita de activos privados y confeccionar expedientes falsos.
El caso Pdvsa Cripto es un mega desfalco a la estatal petrolera. La agencia Reuters report en marzo de 2023 que, de acuerdo con documentos proporcionados internos de Pdvsa, había 21.200 millones de dólares en facturas impagadas por exportaciones petroleras facturadas entre enero de 2020 y marzo de 2023. Se presumía que el dinero había sido desviado a beneficio privado.
En la acusación presentada por el Ministerio Público, que tiene más de 1.700 páginas, se estima que el daño provocado por la trama al erario es de más de 5.000 millones de dólares. Transparencia Venezuela estima que las pérdidas por el desfalco superan los 16.000 millones de dólares.
Las transcripciones de las audiencia a las que ha tenido acceso TalCual incluyen acusaciones contra el exfiscal general Tarek William Saab, contra su hermano, contra altos funcionarios del Poder Judicial, contra jefes de cuerpos de seguridad, contra la familia Maduro Flores, y contra operadores empresariales. Algunas veces con documentos en la mano por quienes llegan desde los calabozos a los que ingresaron entre 2023 y 2024.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
