Expediente Pdvsa Cripto: juicio no esclarece desfalco sino que es tribuna de denuncias
Tres años después del destape de la trama Pdvsa Cripto, el juicio que prometía esclarecer un desfalco multimillonario se ha convertido en un laberinto de denuncias de tortura y pugnas por la propiedad de bienes. En el proceso, el Estado no ha asomado una línea de investigación que audite las finanzas de la estatal o la estructura que habría permitido la trama. El Ministerio Público se ha mantenido en mutis al respecto durante todo el proceso, que los imputados definen como una «simulación de hecho punible» y una purga política diseñada para reconfigurar el poder interno y la propiedad de activos estratégicos
Mientras el país aguarda respuestas sobre los miles de millones de dólares que Petróleos de Venezuela perdió en la trama llamada Pdvsa Cripto, el juicio del caso se ha convertido en una una exposición de denuncias sobre torturas, aislamiento y saqueos patrimoniales. Tres años después, el banquillo de los acusados no discute criptoactivos ni facturas impagadas, la clave del asunto, sino cómo se convirtió el sistema de justicia en una maquinaria de despojo que, en lugar de recuperar el dinero público, ha servido para la liquidación de activos privados.
La primera incógnita que el proceso judicial no ha esclarecido es el monto del desfalco. Según la acusación del Ministerio Público (MP), el daño supera los 5.550 millones de dólares, aunque organizaciones como Transparencia Venezuela calculan que el perjuicio patrimonial real excede los 16.900 millones de dólares. En 2023, la agencia Reuters publicó que la estatal petrolera acumuló cuentas por cobrar de por lo menos 21.200 millones de dólares, según documentos internos de la empresa.
El desfalco se produjo al intentar utilizar mecanismos opacos, bancos intermediarios y criptomonedas para negociar petróleo superando las sanciones de Estados Unidos. Pero el dinero no llegó a las arcas venezolanas.
En 2024, Armando.info publicó que Bancamiga y el Compass Bank se «pusieron a valer» cuando de evadir sanciones petroleras se trató. Con participación de Samark López, los bancos de los hermanos De Grazia «eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa Cripto».
La cronología del caso Pdvsa Cripto muestra que el proceso se apartó de su objeto inicial: la investigación de una trama de corrupción. Mientras el MP presentó una acusación por un desfalco multimillonario, las actuaciones en el Palacio de Justicia se han centrado en la detención de actores vinculados a nodos financieros que, durante años, permitieron el movimiento de capitales petroleros fuera del control de las auditorías oficiales. Tres años después del inicio de las averiguaciones, el expediente carece de un informe técnico que detalle la ruta del dinero o el funcionamiento de la estructura de criptoactivos.
TalCual ha tenido detalles de las audiencias gracias a transcripciones del procesos a las cuales ha tenido acceso, pues las autoridades insisten en mantener los ojos y oídos de la prensa al margen, pese violando el principio de publicidad. De acuerdo con las minutas, el debate judicial ha girado hacia los señalamientos de los propios imputados sobre la pérdida del control de sus empresas y propiedades.
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«Elefante» que no entra al estrado
La reactivación del proceso Pdvsa Cripto en el Palacio de Justicia prometió esclarecer un desfalco de dimensiones históricas, pero la realidad en los tribunales muestra una dirección distinta. Pero más allá de la acusación formal que sitúa el daño patrimonial en 5.550 millones de dólares, no ha habido líneas de investigación sobre finanzas de la estatal petrolera, ni una exposición certera de la estructura usada para el desfalco.
La opacidad del proceso judicial se refleja en el manejo de la información financiera. Documentos internos de Pdvsa, consultados por Reuters, detallan que entre enero de 2020 y principios de 2023, la petrolera exportó crudo por un valor de 25.270 millones de dólares, de los cuales solo confirmó la recepción de 4.080 millones. Este registro indica que 84% de las exportaciones, equivalentes a 21.200 millones de dólares, permanecen como cuentas por cobrar comerciales.
Los documentos señalan que aproximadamente 3.600 millones de dólares corresponden a facturas vinculadas a buques que abandonaron aguas venezolanas sin completar el pago, esto habría ocurrido mientras los departamentos de Finanzas Internacionales y Contabilidad de Pdvsa detectaron que ejecutivos de Comercio y Abastecimiento autorizaban cargamentos sin verificar los fondos.
En las audiencias, ninguno de estos datos forma parte de la discusión. Tampoco se aborda la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), entidad que permanece bajo el control de una junta interventora desde 2023 cuando fue detenido su presidnte Joselit Ramírez –imputado en este caso–, ni se cuestionan los mecanismos de intermediación que facilitaron la salida del crudo. No se sabe dónde está la plata ni la investigación para descubrirlo, pues el tribunal se ha limitado a una serie de imputaciones que evitan la revisión de la arquitectura financiera que originó el desfalco.
Desde el banquillo
Mientras el silencio se impone sobre dineros públicos, los acusados utilizan el estrado para presentar una tesis distinta sobre el origen y objetivo del juicio. El empresario Samark López, en su declaración ante el tribunal, calificó la causa como una «simulación de hecho punible» y señaló que el expediente se fabricó para evadir el pago de deudas que Pdvsa mantiene con sus firmas comerciales, al tiempo que afirmó se utiliza el aparato judicial para forzar la transferencia de activos.
El señalamiento de López coincide con las denuncias sobre la toma de control de entidades bancarias y empresas privadas. Según los testimonios de los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia, junto a Rafael Perdomo y Walter Ranieri, su detención y posterior incomunicación funcionaron como la condición necesaria para que terceros, en alianza con figuras vinculadas al poder político, se apropiaran de Bancamiga, el Colegio Jefferson y al menos 14 empresas adicionales.
Los testimonios que han podido ser revisados por este medio describen un patrón donde, tras el arresto de los dueños originales, la administración de sus negocios pasa a manos de una nueva élite. De esta forma, el caso Pdvsa Cripto se consolida, según los acusados, como un mecanismo para la liquidación de empresas privadas, donde el objetivo final no es la recuperación de fondos para el Estado, sino la redistribución del control sobre bienes.
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Acusados denuncian patrón de torturas
La falta de debate técnico sobre las finanzas de Pdvsa ocurre en paralelo a un régimen de reclusión que, de acuerdo con los testimonios, busca la anulación de quienes poseen información sobre la red petrolera. El patrón descrito por los detenidos señala métodos de coerción que impiden una defensa efectiva.
El esquema de captura y reclusión sigue un procedimiento descrito por los propios afectados. Varios imputados relataron haber sido convocados a «reuniones de coordinación» en sedes de inteligencia, donde fueron privados de libertad sin orden judicial.
Una vez detenidos, se les prohibió contactar a familiares y abogados de confianza. Tareck El Aissami y Samark López denunciaron haber estado recluidos durante meses en celdas de castigo de menos de tres metros cuadrados, con iluminación artificial permanente. Los hermanos De Grazia detallaron haber sido confinados en un área denominada «La Tumba», un sótano en el que permanecieron en aislamiento extremo.
Hugbel Roa declaró haber sido agredido físicamente junto a su esposa para forzar la grabación de videos que inculparan a terceros en conspiraciones políticas, una práctica que, según su relato, fue conocida por los fiscales Farik Karin Mora y el entonces fiscal general Tarek William Saab.
Por su parte, Olvany Castro denunció una cirugía de extracción de ovario practicada sin su consentimiento legal, mientras que otros detenidos relataron el uso de fármacos para confundir a los interrogados. Las denuncias hechas ante la jueza Alejandra Romero Castillo no han servido para activar los protocolos contra la tortura, según han dicho a TalCual fuentes cercanas al proceso.
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