Caso Pdvsa-Cripto: Jueza decide mantener juicio y admite investigar denuncias de DDHH
Mientras el Ministerio Público insiste en la validez del proceso, los acusados por el caso Pdvsa Cripto denuncian la violación del principio de publicidad y condiciones precarias de reclusión, en un juicio que, tres años después de iniciado, se ha alejado de la trama de corrupción financiera para centrarse en un proceso que los imputados califican de «purga política». Los tres chóferes involucrados en la trama decidieron declararse en huelga de hambre hasta ser atendidos por el diputado Jorge Arreaza
La fase de exposición del juicio por el caso Pdvsa Cripto avanzó el lunes 15 de junio sin mayores sorpresas para la defensa y familiares de los 64 imputados por la trama, quienes desde el inicio del proceso han denunciado irregularidades. Durante la audiencia, la jueza Alejandra Romero Castillo declaró sin lugar la mayoría de las solicitudes presentadas por las defensas, incluyendo las peticiones de decaimiento de las medidas privativas de libertad, y solo aceptó ordenar una investigación sobre las violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas, denunciadas por los detenidos.
La jueza del caso Pdvsa Cripto ha mantenido los ojos y los oídos de la prensa lejos del tribunal. Sin embargo, de acuerdo con transcripciones a las que TalCual tuvo acceso, en la audiencia del lunes el fiscal Eddie Rodríguez, en representación del Ministerio Público (MP), argumentó que las solicitudes de libertad debían ser desestimadas debido a que la Fiscalía consignó formalmente las prórrogas de las medidas privativas de libertad para todos los procesados.
El fiscal rechazó las denuncias de violaciones a los derechos humanos expuestas en sala, al afirmar que no tiene conocimiento de denuncias formales ante la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, por lo que desestimó que los señalamientos puedan ser utilizados como causa para anular el proceso.
En su pronunciamiento, la jueza Romero ratificó su competencia para conocer la causa y desestimó los argumentos sobre la falta de publicidad del juicio, señalando que en la sala se encontraba presente público. Sin embargo, TalCual pudo conocer que a lo largo del proceso, iniciado el 20 de abril, cuando por fin dejaron ingresar civiles a las audiencias el público era de un máximo de cuatro personas y estaban integrados por los primeros que llegaran al Palacio de Justicia y entregaran las cédulas a las autoridades.
TalCual, además, pudo corroborar que hubo audiencias en las que el público quedó afuera porque el acceso al piso seis del edificio fue restringido sin previo aviso y que varias de estas sesiones se realizaron solo con la presencia de los miembros del tribunal, los 64 imputados y más de 40 abogados, junto a más de 30 efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) enmascarados y fuertemente armados.
En las audiencias de los días lunes 20, miércoles 22, viernes 24, lunes 27 y miércoles 29 de abril, así como la del lunes 4 de mayo, la juez no permitió acceso del público. «Ante los insistentes reclamos de los abogados para que la juez cumpliera el Código Orgánico Procesal Penal, y la advertencia de que todos los actos realizados a puerta cerrada son nulos, fue solo el miércoles 6 y viernes 8 de mayo que dio parcial cumplimiento a la norma cuando permitió que ingresaran cuatro personas del público cada día», detalló una fuente a este medio.
Este hermetismo viola el principio de publicidad del artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), dado que el caso no cumple con ninguna de las excepciones legales para celebrarse a puerta cerrada.
Respecto a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, el tribunal ordenó al Ministerio Público que iniciara una investigación, aunque declaró «sin lugar» las peticiones de traslado de los detenidos o el cambio de centro de reclusión, bajo el argumento de falta de competencia.
Varios de los acusados han denunciado haber sido víctimas de torturas, la mayoría durante su detención arbitraria y días subsiguientes, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes como alimentación escasa, aislamiento o denegación de atención médica básica o especializada. Todo ello, han dicho, con el objetivo de inculpar a otros detenidos o entregar sus propiedades.
La jueza también justificó la continuidad del formato telemático citando incidentes de seguridad previos durante el traslado de los detenidos, y admitió que el tribunal no cuenta con medios para videograbar las sesiones, limitándose al registro del audio.
Tras la audiencia, Miguel Irigoyen, Jean Meyer y Luis Guzmán, los tres chóferes vinculados al caso Pdvsa Cripto, decidieron declararse en una huelga de hambre hasta que sean atendidos por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento a la amnistía. La libertad de los chóferes ha sido solicitada incluso por Tarek El Aissami, el principal acusado por la trama, quien declaró en una de las audiencias que no los conocía ni de vista, trato o comunicación y no entendía por qué estaban involucrados en ese proceso.
Defensa del caso Pdvsa Cripto desestimada
La jueza Alejandra Romero denegó la solicitud de nulidad absoluta de todo lo actuado por el tribunal de control, «en virtud del principio de preclusión de los actos procesales y en virtud de que el tribunal de juicio no tiene potestad revisoria sobre el Tribunal de control». También declaró sin lugar la petición de sobreseimiento de todo el proceso, que estuvo detenido por poco más de dos años en espera del inicio formal del juicio.
Con respecto a las solicitudes relacionadas con el estado de salud de los detenidos, el tribunal ratificó todos los oficios que ha remitido al centro de reclusión y al Servicio Nacional de Medicina Forense. Sobre la solicitud de medidas de protección en favor de la familia de Tarek El Aissami, se declaró incompetente. En cuanto a la nulidad por falta de procedimiento de allanamiento de inmunidad parlamentaria del exdiputado Hugber Roa, también fue declarada sin lugar, bajo el alegato de que sí consta en el expediente.
El defensor de Alejandro Arroyo planteó una nueva incidencia, en virtud de que no consta en autos la revocatoria de la medida de arresto domiciliario que le fuera impuesta y, en ese sentido, está privado ilegítimamente de libertad en el Internado Judicial Rodeo I.
«Una noche fue sacado de su casa y trasladado de vuelta al recinto penitenciario sin constar la revocatoria y el Fiscal en Sala admitió que no solicitó prórroga alguna de la medida privativa que le fuera impuesta previo al arresto domiciliario», comentó el defensor.
Sobre lo antes expuesto, la jueza dijo que se pronunciaría por escrito, dado que la defensa consignó un escrito sobre el caso.
La audiencia, que se prolongó hasta altas horas de la noche, concluyó con el rechazo a recursos de revocación interpuestos por las defensas y la apertura de nuevas incidencias, incluyendo denuncias sobre la falta de documentos que justifiquen la revocatoria de arrestos domiciliarios y la ausencia de antejuicios de mérito necesarios para ciertos procesados.
El proceso judicial por el caso Pdvsa Cripto, que ya suma 20 sesiones, ha estado caracterizado por el cierre del Palacio de Justicia a los medios de comunicación independientes y la restricción a la prensa. En este interín, el banquillo de los acusados se ha convertido en una tribuna de denuncias.
Desde el inicio de las investigaciones hace tres años, el juicio se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos y el rastro de los 21.200 millones de dólares perdidos por Pdvsa, para centrarse en un esquema que los imputados definen como una «simulación de hecho punible» y una purga política diseñada para reconfigurar el poder interno y la propiedad de activos privados.
Esta tensión escaló durante las audiencias del 10 y 12 de junio, donde los procesados ratificaron su inocencia y se negaron a admitir los hechos, mientras denunciaban condiciones de aislamiento y omisión de atención médica, calificando el trato recibido como una práctica de «pena de muerte» por parte del Estado. Con el rechazo a las nulidades planteadas, el juicio parece agotarse en su fase de exposición, dejando tras de sí un rastro de cuestionamientos sobre la legitimidad del debido proceso y la transparencia sobre el mayor desfalco petrolero de la historia reciente del país.
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