CIDH y RELE condenan anulación de pasaportes en Venezuela y exigen restitución inmediata
La CIDH exhortó a los países de la comunidad internacional a continuar impulsando mecanismos y acuerdos que permitan a apoyar a las víctimas de estas prácticas de amedrentamiento
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la anulación arbitraria e ilegal de pasaportes en Venezuela y exigieron su restitución de forma inmediata.
«El Estado debe restituir de forma inmediata estos documentos de identidad que permiten viajar, trabajar, llevar una vida en familia, acceder a servicios de protección internacional, entre otras cosas, y cesar las prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil», señalaron en un comunicado publicado este martes 20 de mayo.
De acuerdo al monitoreo de la CIDH, al menos 40 personas han sido víctimas de la anulación de sus pasaportes. Entre los ciudadanos afectados se encuentran adversarios de Nicolás Maduro, defensores de derechos humanos y periodistas. «Forma parte de una estrategia sistemática del régimen para amedrentar y silenciar voces críticas; en particular aquellas que denunciaron los abusos y la falta de transparencia en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024».
La CIDH exhortó a los países de la comunidad internacional a continuar impulsando mecanismos y acuerdos que permitan a apoyar a las víctimas de estas prácticas de amedrentamiento.
«La comunidad internacional debe activar todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, así como promover mecanismos y acuerdos que reconozcan documentos vencidos o anulados arbitrariamente por el régimen, y que les permitan el ejercicio de todos derechos».
Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la anulación injustificada de pasaportes se convirtió en una de las caras de la represión en Venezuela. La medida alcanzó a ciudadanos dentro y fuera del país. Entre los afectados, se encuentran dirigentes políticos, activistas, académicos, defensores de derechos humanos, migrantes y periodistas.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señaló en ese entonces que el objetivo era sembrar miedo en la población, mientras que el abogado Luis Guillermo Palacios, profesor de la Universidad San Sebastián de Chile, precisó en entrevista para TalCual que una medida de ese tipo va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes venezolanas.
«En derecho, alguno de los atributos de la personalidad están directamente asociados a la identificación. Estas suspensiones, sin duda evidencian un actuar arbitrario y es una forma de represión. Se está castigando a los sectores que expresaron disenso con el gobierno», explicó.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
