CIDH y Relatoría condenan «prácticas de terrorismo de Estado» en Venezuela
La CIDH y la Relatoría sobre Libertad de Expresión hicieron un llamado a la comunidad internacional, así como al propio Estado venezolano, para «restablecer de manera urgente el orden democrático y el Estado de derecho» en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron las «prácticas de terrorismo de Estado» en el país en el marco de las presidenciales venezolanas, a través de represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política.
En un comunicado, difundido este jueves 15 de agosto, la CIDH y su Relatoría señalaron al gobierno de Nicolás Maduro de sembrar terror «como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder».
El organismo recordó como ha sido el contexto político venezolano desde octubre de 2023 hasta la fecha, con los impedimentos a inscripciones opositoras, al voto en el extranjero y misiones de observación internacional a las elecciones; así como una mayor persecución política, hostigamiento y detenciones arbitrarias de activistas y periodistas. .
«En ese contexto, Nicolás Maduro advirtió un «baño de sangre y una guerra civil en el país» si la oposición lograba una victoria electoral. Este anuncio tuvo el objetivo de infundir terror en la población y generar un efecto paralizador de la participación ciudadana en el proceso», señalaron ambos organismos.
Sobre las elecciones, la CIDH y su Relatoría afirmaron que «la falta de publicación oportuna de las actas electorales genera una profunda desconfianza en los resultados anunciados por el CNE y, junto con las demás irregularidades registradas durante el proceso, afecta gravemente los derechos políticos de la ciudadanía».
Por las protestas consiguientes en rechazo a los resultados, se han registrado 23 muertes, 10 de ellas atribuibles a cuerpos de seguridad, y otras seis a los llamados «colectivos»; así como la detención de 1.393 personas, entre ellas 117 adolescentes y 17 personas con discapacidad; y 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de «instigación al odio» y «terrorismo», anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional.
La CIDH y la RELE hicieron un llamado a la comunidad internacional, así como al propio Estado venezolano, para «restablecer de manera urgente el orden democrático y el Estado de derecho» en Venezuela.
