CIDH llama al Estado a no sancionar proyecto de ley que regula las ONG
La CIDH subrayó que el proyecto de ley que busca regular a las ONG pretende «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al Estado venezolano a abstenerse de sancionar el proyecto de ley fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) de 2020.
En este sentido, puntualizan que el efecto de la norma es «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos».
La CIDH destacó que el proyecto «se enmarca en una serie de actos gubernamentales que tendrían como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico».
La Comisión recordó que en 2023 rechazó la detención arbitraria de personas sindicalistas. Además, en 2022 urgió al Estado a no aprobar el anteproyecto de «Ley de Cooperación Internacional», y en 2021 manifestó su rechazo por la «la Providencia Administrativa No. 001-2021.
Ratifican la preocupación por el proyecto de ley por cuanto «limita arbitrariamente» las actividades que pueden ser desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro. También, señalan, otorga a las autoridades estatales la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república.
«La CIDH y la RELE observan con preocupación que durante las dos discusiones de este proyecto diputados oficialistas señalaron a las organizaciones de la sociedad civil de ser ‘enemigas’, ‘desestabilizadoras’, ‘traidoras de la patria’ y ‘fachadas de partidos’, entre otros calificativos estigmatizantes. Este tipo de declaraciones evidencian el clima de hostilidad contra las personas y organizaciones que defienden derechos humanos o ejercen el periodismo en Venezuela», advirtieron.
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