Autoridades reactivan una fase de represión más violenta, alerta misión de la ONU
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela destacó la existencia de patrones de violación de derechos humanos contra opositores o personas que se perciban como tal, así como defensores de DDHH, para «afianzar» la represión. También señaló que los últimos acontecimientos «ponen en evidencia las graves dificultades» para garantizar la participación de opositores en las elecciones presidenciales
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este miércoles 20 de marzo su actualización oral sobre la situación de presuntas violaciones a los derechos humanos en el país, donde alertaron que las autoridades han reactivado una «modalidad más violenta de represión» contra la sociedad civil.
Martha Valiñas, presidenta de la Misión, aseguró que los eventos registrados entre septiembre de 2023 hasta la fecha permiten afirmar sobre este recrudecimiento de la represión contra actores políticos y defensores de derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro.
En su informe, la Misión determinó que la represión «funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales».
La presidenta de este mecanismo especial de la ONU destacó la existencia de patrones de violación de derechos humanos contra opositores o personas que se perciban como tal, así como defensores de DDHH.
Detenciones arbitrarias selectivas, desapariciones forzadas de corta o larga duración, acusaciones de conspiración por parte del Ministerio Público y fallas en el proceso judicial forman parte de ese patrón. Además, la Misión señaló que «hay indicios» de que cuerpos de seguridad continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, que permanecen impunes.
También se afirmó que el Ministerio Público venezolano, con el fiscal Tarek William Saab al mando, «sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas».
Otra cuestión que investiga este mecanismo especial de la ONU es el papel de la Guardia Nacional «en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos diez años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales».
El mandato de la Misión continua hasta septiembre de 2024, cuando presentará su informe escrito ante el Consejo de Derechos Humanos, que deberá decidir si mantiene sus funciones. La administración de Nicolás Maduro se ha negado a colaborar con esta instancia, al que acusan de «injerencismo» y «fabricar verdades» contra el país.
Represión y conspiraciones
En su informe oral, la Misión de Determinación de los Hechos se refirió a varios hechos que han marcado los últimos cinco meses, como la firma del Acuerdo de Barbados, suscrito por la administración Maduro y la Plataforma Unitaria el pasado octubre.
En uno de esos acuerdos, ambos sectores se comprometieron a reconocer el derecho de los actores políticos a respetar los candidatos a la contienda presidencial, además de construir un clima favorable para ello.
Dos días después se levantó la prisión preventiva a cinco personas, que continúan enfrentando procesos penales. También se registraron las primarias opositoras, donde resultó vencedora la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado.
Desde entonces, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión de los efectos de estas elecciones, tras la petición de un diputado; así como la negativa del máximo tribunal de suspender la inhabilitación política contra Machado y otras figuras opositoras, pese a haberse acordado un mecanismo para ello.
«Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», afirmó la presidenta de la Misión, Martha Valiñas.
Conspiraciones
La Misión de Determinación de los Hechos también destacó las conspiraciones denunciadas por distintos voceros del Ejecutivo venezolano, incluyendo al mandatario Nicolás Maduro. En la primera de ellas, relacionada con el referendo sobre el territorio Esequibo, este mecanismo identificó que se ha solicitado el arresto contra 13 personas, la mayoría de ellas opositoras.
«Las autoridades invocan “conspiraciones” reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno», se afirmó.
También se refirieron a la liberación de personas estadounidenses y venezolanas en el marco de una negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Allí se produjo la excarcelación de 25 personas, 16 de ellas mencionadas por la Misión en informes previos, así como el intercambio por el empresario colombiano Alex Saab, a quién las autoridades defienden como diplomático.
Para la Misión de Determinación, el año 2024 «empezó con anuncios y acciones aún menos alentadoras para el ejercicio y respeto a los derechos humanos». Esto en referencia a las cuatro conspiraciones denunciadas por Maduro durante su ejercicio de memoria y cuenta el pasado 15 de enero, donde también pidió la activación de la «furia bolivariana».
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Se recordó que ya la «furia bolivariana» se tradujo en marzo de 2020 «en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora, parece repetirse el mismo patrón de represión violenta».
También denunciaron los acontecimientos relacionados a la conspiración «Brazalete Blanco», donde se han detenido a sindicalistas, cinco dirigentes regionales del partido Vente Venezuela, militares degradados de la Fuerza Armada, además de la defensora Rocío San Miguel, actualmente detenida en el Sebin Helicoide.
La Misión también «lamenta profundamente» la expulsión de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del país, hecho que relacionaron con su pronunciamiento sobre la situación de Rocío San Miguel.
Los expertos de la Misión insistieron en que «los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto los ataques del gobierno de Venezuela sobre un espacio cívico más frágil».
